El peronismo está en vilo a la espera del fallo judicial para definir la interna entre la expresidenta y el gobernador riojano.
Por Ezequiel Rudman
La interna del Partido Justicialista (PJ) se encuentra anestesiada a la espera del fallo de la jueza federal con competencia electoral, María Servini, luego de la medida de no innovar presentada por los apoderados de Ricardo Quintela, ante la oficialización de la lista de Cristina Fernández de Kirchner como la única en condiciones de competir por la presidencia del partido.
El pronunciamiento de la magistrada se espera para el próximo lunes aunque podría adelantarse. Tanto desde el sector de Cristina como desde el campamento de Quintela descartan por ahora la posibilidad que se dicte una intervención del partido. Esa medida ya se dispuso en 2018 durante la presidencia de Mauricio Macri cuando el PJ quedó a cargo de Luis Barrionuevo por disposición de la justicia electoral.
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La apelación presentada por Jorge Yoma y Daniel Llermanos, apoderados de la lista "Federales un grito de corazón", cuestiona la resolución de la junta electoral del PJ que dejó afuera de la interna a Quintela por presuntas irregularidades en la presentación de los avales.
Las posibilidades de Servini a la hora de fallar van desde la ratificación de la medida de la junta electoral del PJ que oficializó solamente a la lista de Cristina, hasta el dictado de un nuevo cronograma electoral o la prórroga de los plazos para subsanar eventuales deficiencias en los avales.
Cristina Kirchner y Ricardo Quintela, en la disputa por la presidencia del PJ.
En la lista de Quintela se ilusionan con un fallo de la justicia electoral que modifique el cronograma o prorrogue al menos los plazos. "Si lo ordena la jueza, vamos a llevar más avales", aclaran desde "Federales" ante la consulta de Ámbito. Enfrente, en La Cámpora, se activó un nuevo operativo clamor pero esta vez contra la judicialización del PJ.
"Lo que tiene que hacer es tranquilizarse, recuperar el eje, no decir barbaridades de otros compañeros y mucho menos poner a tiro del partido judicial al PJ”, fue el reproche de Máximo Kirchner contra Quintela el sábado pasado desde Hurlingham.
La tropa de Cristina Kirchner
El mensaje del diputado nacional de Unión por la Patria y titular del PJ bonaerense fue replicado por toda la dirigencia kirchnerista. "Es una pena que decidieran judicializar las elecciones. Es más obvio que nunca lo que querían hacer con el PJ, ponerlo a negociación por lo que pasa en La Rioja", agregó Anabel Fernández Sagasti, apoderada de la lista "Primero la Patria" que postula a Cristina. A ese reclamo de no judicializar la interna se sumó también Axel Kicillof al declarar este martes desde Ensenada que "le vamos a responder con lo mismo: unidad de concepción, unidad de acción, nada de interna, nada de quilombo, sino acompañando a nuestra gente".
El el caso de que se disponga un nuevo cronograma que postergue la interna hasta marzo, en el sector de Quintela no descartan tampoco la posibilidad de abrir una mesa de negociación para buscar una lista de unidad que no esté encabezada por el gobernador de La Rioja pero tampoco por Cristina. La inminencia del 17 de noviembre para la realización de la interna del PJ en medio de la judicialización de ese comicio para mas de 3 millones de afiliados proyecta la posibilidad de que la justicia electoral fije un nuevo cronograma o prorrogue los plazos para la presentación de avales con el fin de garantizar la democracia interna en el PJ.
La esperanza de Ricardo Quintela
"La doctrina de la justicia electoral en general tiene criterios amplios e inclusivos para garantizar la participación de los afiliados en la vida interna de las agrupaciones", confían desde el comando de campaña de Quintela. Más allá de la fecha de la eventual interna, todavía persisten dudas sobre la factibilidad operativa para organizar ese comicio interno en el peronismo.
Aún no esta prevista la logística para definir los centros de votación, ubicación geográfica, el traslado y custodia de las 6 mil urnas necesarias, la contratación de personal de seguridad y la designación -pago incluído- de los presidentes de mesa que tendrán a cargo el recuento de los votos.
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