Es que previo a la renuncia de Tello Roldán, el ex rector ya había denunciado a la Asamblea Universitaria por ‘terrorismo’, ‘secuestro coactivo agravado’ y ‘asociación Ilícita con fines terroristas’, esto sumado a ‘financiación del terrorismo’. En el escrito acusaba a un grupo de 150 alumnos, aunque sin identificarlos. La justicia federal desestimó esta denuncia y cerró la causa.
Al respecto, la Justicia Federal notificó a la Universidad Nacional de La Rioja, la desestimación de la denuncia y el inicio de una nueva causa que tiene como principales imputados a las autoridades de la gestión de Tello Roldán.
Cabe recordar que, a fines de abril del corriente año, la Justicia Federal ya había desestimado la denuncia presentada por Gordillo, Asís Filonzi y Escobar, contra la actual gestión de la UNLaR, por abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.
Con esta nueva desestimación, ya no quedan más causas penales en contra de las autoridades, docentes, no docentes, alumnos, miembros de la comunidad universitaria, instituciones sociales y cualquier miembro de la comunidad en general que hubiere participado en los acontecimientos ocurridos durante “la Toma”.
El drástico giro de la causa, surgió a raíz de la investigación realizada por la denuncia de la gestión de Tello Roldán (actualmente desestimada), que dio como resultado pruebas contundentes de los delitos de violación de deber de funcionario público, sustracción de documentación pública y falsedad ideológica. Por ello, en esta nueva instancia, la Universidad Nacional de La Rioja se constituirá en querellante.
Otro agravante de la causa iniciada es la no rendición de cuentas de viáticos por parte de los ex funcionarios. Actualmente existen más de 1500 expedientes que no han podido ser justificados por las autoridades anteriores. Por ello, la Universidad los está intimando a devolver importantes sumas de dinero.
Una de las principales intimadas es Cecilia Tello Roldán, hija del antiguo rector, cuya deuda con la UNLaR, según el sistema SIU _ SIPEFCO, asciende a $249.464,72 (pesos doscientos cuarenta y nueve mil con setenta y dos centavos) cobrados entre los años 2008 y 2013, de los cuales, hasta ahora, ha devuelto sólo tres mil.
Además, ya comenzaron a devolver dinero, Carolina Romano Casco $8278 (pesos ocho mil doscientos setenta y ocho) y Ricardo Adi más de $3000 (pesos tres mil).
De esta manera, continúa el proceso de reacomodamiento en la nueva UNLaR. Hoy, con una nueva reivindicación para todos los miembros de la comunidad universitaria y de la sociedad riojana que acompañó la toma de la Universidad: “El terrorismo no existió”.
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