La Justicia avanza con rapidez en las causas que tienen como principales protagonistas a funcionarios del Gobierno anterior. A nivel nacional, por caso, se encuentran tras las rejas el ex ministro de Planificación, Julio De Vido; el ex titular de Transporte, Ricardo Jaime y el ex Secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini, entre otros varios. Por poco no entró en la lista el ex Vicepresidente Amado Boudou, quien recuperó la libertad hace apenas algunos días.

A nivel provincial también hubo avances, pero no tan significativos. O sea, no hay presos aún. En cambio, a nivel municipal, como es sabido, se produjo la detención del ex intendente de Lincoln, Jorge Fernández, junto a otros cinco ex funcionarios, a quienes se investiga en unos 39 delitos contra la administración comunal, varios de los cuales fueron denunciados por el actual mandamás, el radical Salvador Serenal.

La pregunta se cae de madura. ¿Será Jorge Fernández el único ex intendente K que tenga que pasar un tiempo a la sombra? No se puede ni se debe hacer pronósticos al respecto, pero lo cierto es que son varios los jefes comunales que enfrentan complicadas causas penales vinculadas a hechos de corrupción. Casi todos llegaron al poder de la mano del kirchnerismo. Casi todos se mantienen expectantes, alertas. Sus denunciantes, también.

Uno de los ex alcaldes con variadas presentaciones en su contra es Raúl Othacehé, de Merlo, últimamente en las huestes peronistas pero no con demasiado protagonismo. A poco de sucederlo, Gustavo Menéndez y el titular de La Alameda y ex legislador porteño, Gustavo Vera, lo denunciaron entre otras cosas por presuntos delitos de peculado, estafa, enriquecimiento ilícito y fraude contra la administración pública.

Las novedades al respecto no son muchas, pues la causa cayó en el Juzgado Federal que lidera Ariel Lijo, que tuvo que abocarse prácticamente de lleno al caso Boudou. “Hace unos meses estaban para salir un par de allanamientos, pero después apareció el caso del ex Vicepresidente y no se avanzó más”, cuenta a este medio un allegado a la querella. Además de a Othacehé, la presentación judicial incluye a otros 25 ex funcionarios.

En cambio, en Mar del Plata sí hubo movimientos trascendentes, pues el Juez de Garantías Saúl Errándonea tomó la decisión de elevar a juicio la causa por malversación de fondos que tiene como imputado al ex intendente y referente de Acción Marplatense (AM), Gustavo Pulti; quien de todos modos ya apeló la resolución judicial que también alcanza al ex secretario de Economía y Hacienda, Daniel Pérez.

En caso de llevarse a cabo, el juicio estará relacionado a dos de los cinco hechos acusados por los fiscales David Bruna y Javier Pizzo. Estos son, según se desprende del expediente, “haber usado fondos de terceros percibidos por el Municipio para un destino diferente al que legalmente tenían y de incumplir lo dispuesto por la ordenanza 22.081 complementaria al Presupuesto 2015 que autorizaba al Ejecutivo a la obtención de financiamiento transitorio”.

Igual o más complicado que Pulti está el ex intendente de Azul, José Manuel Inza, quien a finales del año anterior fue procesado por el titular de UFI N° 13 de esa ciudad, Javier Barda, por la acumulación de residuos patogénicos en el Hospital Pintos y en la Unidad Sanitaria N° 6 del distrito, hecho que provocó “la contaminación del medio ambiente” y “puso en riesgo la salud de las personas que transitaban por esos lugares”.

Pero Inza no se preocupó o se alertó demasiado, pues ya tenía experiencia. El fiscal Barda que en ese entonces estaba a cargo de la Fiscalía de Delitos especiales- lo había procesado a finales de 2016 por “incumplimiento de los deberes de funcionario público” por cuatro hechos “en concurso real”. Uno de esos hechos es el intento de privatizar el cobro de tasas municipales vencidas.

Por si fuera poco, hay que mencionar que Inza fue procesado por el delito de ilícitos ambientales vinculados con la contaminación del agua y del suelo, en el predio de disposición final de residuos, ubicado en las afueras de la ciudad. La causa fue elevada a juicio en noviembre pasado a pedido de la líder de la UFI 2, Laura Margaretic.

Otro líder municipal que fue parte del kirchnerismo y es seguido de cerca por la Justicia es el brandseño Gastón Arias, aunque en su entorno destacan que las denuncias que le realizara su sucesor, Daniel Cappelletti, son “simplemente para dejarlo como un corrupto y que no tienen sentido alguno”. Igualmente una de las causas que lleva adelante el platense Juez Federico Atencio avanzó significativamente en el último tiempo.

Arias fue citado a indagatoria hace un par de semanas y prefirió inclinarse por la negativa.  El expediente está relacionado a una obra que comprendía seis cuadras de cordón cuneta por un total de 501.000,60 pesos. El problema es que certificado y pagado el 100 por ciento, solamente se habrían concretado dos de las seis cuadras (Castelli entre Magdalena de Fait y Hansen - Saavedra entre Magdalena de Fait y Hansen).

En tanto, en el principal bastión de la Séptima, Olavarría, el jefe comunal macrista se presentó ante la UFI Nº 4 y dio inicio a una causa que en primera instancia quedó caratulada como “negociaciones incompatibles a la función pública”. Los acusados son el ex jefe comunal, José Eseverri, actualmente en el Banco Provincia y su hermana Estela, que es quien habría tenido una vinculación no del todo clara con un proveedor de la Comuna.

“Si bien no hubo acusaciones por parte de la Fiscalía ni imputaciones del Juzgado de garantías interviniente, tiempo atrás el municipio tuvo que facilitar una serie de expedientes, además de que se tomaron diversas declaraciones testimoniales”, afirmaron a La Tecla allegados al Palacio municipal, y agregaron que “actualmente se está en la etapa probatoria, destacándose las ya realizadas pericias contables”.

En General Belgrano, el radical Osvaldo Dinápoli también se vio en la necesidad de acudir a la Justicia, en este caso de Dolores, para realizar una denuncia en la Fiscalía General por irregularidades detectadas en el Plan Habitacional “Mejor Vivir”. En la mira quedó el ex alcalde randazzista Jorge Eijo.

“Tras haber presentado en febrero un informe con el estado en que encontramos el Municipio, y luego de meses de investigación interna, presentamos la primera denuncia penal para encontrar respuestas y responsables de cada irregularidad.  Ahora está todo en manos de la Justicia. Era un reclamo que tenía de todo el pueblo y había prometido hacerlo”, decía en su momento el representante de la alianza Cambiemos.

Pasado un tiempo, fuentes allegadas a la Comuna señalaron ante La Tecla que la causa “está en etapa de investigación, en la secretaria penal del Juzgado Federal de Dolores” que lidera Ramón Padilla y agregaron que “tienen que hacer una constatación para verificar que no hay obras que figuran hechas y que en realidad no lo están”. “Lo último fue una ampliación de declaración del alcalde en diciembre pasado”, cerró la fuente.

Por otra parte, hay que decir que las denuncias penales contra el ex intendente de Quilmes, Francisco Gutiérrez, son varias. Algunas fueron realizadas por el actual mandamás, Martiniano Molina y otras tienen algunos años más. En lo que respecta a las primeras, las acusaciones se desprenden de la auditoría realizada en el Municipio. Una de ellas expuso irregularidades en los planes de viviendas de dos barrios. 

Pero sin dudas, el expediente más importante fue iniciado en 2012 y tiene vinculación con el "desmanejo de fondos del programa de cooperativas Argentina Trabaja". Según la abogada Mónica Frade, referente de CC-ARI en el distrito, "ya deberían haber llamado a indagatorias. Entiendo que en no mucho tiempo las tienen que tomar", admitió hace un par de meses.

"Para nosotros el accionar es lento", dijo Frade respecto a la Justicia, aunque destacó que "también es cierto que la defensa del ex intendente Gutiérrez se opuso a que la doctora Carrió y yo seamos 'amigos del Tribunal', pero la Cámara nos confirmó. Este trámite demoró el curso normal de la causa que se tramita en el Juzgado Federal de Quilmes a cargo de Luis Armella", cerró.

Denuncias, presentaciones, idas, vueltas y en el medio la siempre presente grieta. Lamentablemente, la Justicia no mide con la misma vara a opositores y oficialistas, pero de todos modos no es algo nuevo. Ahora le toca a los opositores que fueron oficialistas. Mañana les tocará a los oficialistas que serán opositores. Como sea, el político que roba, tiene que terminar preso. Entre los ex intendentes, por ahora solo cayó Fernández. ¿Habrá alguno más? Postulantes hay varios.

Darío Giustozzi: Un embajador con la Justiciamarcándolo de cerca

Sorpresa. Esa fue la sensación que causó la propuesta del Gobierno nacional de designar como embajador en Ecuador, en reemplazo de Luis Juez, al ex diputado nacional y ex intendente de Almirante Brown, Darío Giustozzi, quien vale decir, en la Cámara baja, se supo comportar de manera acorde con las intenciones del presidente Macri. En caso que su pliego sea aprobado, el ex alcalde massista y del FpV no viajará solo. Llevará a cuestas una importante judicial, dicho sea de paso, la cual cuenta con sustanciales avances. En noviembre del año pasado, apenas tres meses atrás, el juez federal Sergio Torres lo procesó en una causa en la que se investiga la construcción de un sistema desvinculado de recolección y tratamiento de efluentes cloacales en la localidad de Claypole que, pese a estar concluido, no habría entrado en funcionamiento. Además del procesamiento, sin prisión preventiva, se le agregó a la resolución un embargo de tres millones de pesos. Vale decir que junto a Giustozzi también fueron procesados y embargados Eduardo Bortolozzi, ex administrador de Enhosa; Lucio Mario Tamburo, ex subadministrador y administrador de Enhosa; Daniel Bolettieri, ex secretario de Infraestructura de Almirante Brown, y Luis Carusso, ex director de Hidráulica y Saneamiento de Almirante Brown. En lo que respecta al mandamás, "se le asigna el acto –en abril de 2009- de haberle dado inicio a la ejecución del hecho ilícito. Es que en su sustancia se advierten severas irregularidades e ilegitimidades cuya entidad será tratada a lo largo del exordio, pero que, sopesadas con otros particulares, llamativos e ilegítimos obrares administrativos de los involucrados, realizados en el marco de la sustanciación de aquellos expedientes que dicho planteo inició, conllevan a la convicción de que todo resultaba ser una maniobra disvaliosa planificada por quienes aquí serán cautelados, que comenzó a exteriorizarse con esa presentación…”.

El Grupo Junín complica a Meoni y varios de los suyos

Del ex intendente de Junín Mario Meoni se sospecha que se habría beneficiado políticamente con dinero del Grupo Servicios Junín S.A., en cuyo paquete accionario tiene un 90% de participación el Municipio, 5% comercio e industria y 5% el ámbito privado. La situación fue denunciada a principios de 2016 por el nuevo directorio de la empresa, encabezado por Pablo Torres, quien aseguró que la firma funcionaba como “una caja política”.  La empresa provee gas, telefonía fija e internet a la ciudad. La  deuda, que ascendería a unos 56 millones de pesos, surge de un arqueo realizado por los nuevos funcionarios nombrados por el actual intendente de Cambiemos, Pablo Petrecca, al asumir en diciembre de 2015. Si bien acerca de Meoni no hay mayores novedades, lo cierto es que en agosto pasado el fiscal Javier Ochoaizpuro, titular de la Unidad Fiscal y de Juicio N° 2 de Junín,  elevó ante la jueza de garantías Marisa Muñoz Saggese el pedido de detención del ex director de la empresa municipal y actual asesor de Meoni en el Bapro, Vicente Griselli, al ser indicado en distintas declaraciones testimoniales como responsable de autorizar la compra de combustible con fines electorales, durante los meses de agosto y octubre de 2015. De todos modos, la magistrada rechazó el pedido. Desde ese entonces no hubo mayores novedades.

Cariglino, un denunciado con manto oficilista

A diferencia de la mayoría del resto de los casos, en Malvinas Argentinas, el intendente que denuncia, el actual, juega para Unidad Ciudadana y el denunciado, el que perdón en 2015, lo hace para Cambiemos. Por tal motivo fuentes cercanas a la Comuna no confían en el avance de la causa iniciada a mediados de 2016.

La denuncia en cuestión fue presentada por el subdirector de Políticas de Seguimiento e Intervención Territorial del Municipio, Diego Juncos en la Fiscalía General de San Martín contra el mencionado ex intendente, su hermano y ex senador provincial Roque Cariglino, y su sobrino, director de la delegación de ANSES de Malvinas Argentinas, Maximiliano Cariglino. Se los acusa de defraudación agravada, asociación ilícita, malversación de los caudales públicos, negociación incompatible con el ejercicio de funciones públicas y enriquecimiento ilícito.

Un Bruera ya sabe lo que es estar tras las rejas

En La Plata la Justicia se movió más rápido que en otros departamentos judiciales, y por eso es que el hermano del ex intendente Pablo Bruera, Mariano Bruera, pasó un buen tiempo tras las rejas. Por estos días goza del beneficio de la prisión domicialiaria. De todos modos, la causa por el presunto pedido de coimas para la rezonificación de lotes del Procrear, avanza de manera significativa.

¨Por caso, se supo a finales de año que la Cámara de Apelaciones de la Provincia resolvió elevar la causa a juicio, el cual estará a cargo del tribunal oral en lo criminal Nº2 que integran los jueces Claudio Bernard, Liliana Torrisi y Silvia Hoerr. Además de Mariano Bruera están imputados Enrique Sette, ex secretario de Gestión Pública; Gustavo Petró, ex Director de Planeamiento y Roberto Moreno, ex titular de Obras Particulares.

Además de este caso, el actual intendente Julio Garro, presentó varias denuncias penales contra su antecesor Pablo Bruera, destacándose una que sigue la ruta del dinero de las cooperativas y otra por el faltante de vehículos oficiales y herramientas de trabajo en los centros comunales.

Pilar: casi toda la familia en la mira

El delito es enriquecimiento ilícito. La denuncia fue presentada en la Unidad Funcional de Investigaciones Complejas del Departamento Judicial de San Isidro, a cargo del fiscal Claudio Scapolan. El investigado es de Pilar, Humberto  Zúccaro.

La causa cuenta con la intervención del Juzgado de Garantías N°7 y además del ex jefe comunal se encuentran involucrados su mujer y ex secretaria de Educación, Cultura e Integración del municipio María del Carmen Rodríguez y sus hijos María Jazmín Zúccaro y Enrique Zúccaro. También el ex titular de Obras Públicas, Claudio Piccolo; el concejal y ex jefe de Gabinete Federico De Achaval; el ex Secretario de Salud, Jorge Del Río y el ex Director General del Obrador de Pilar, Rubén Nasell.