Hace pocas semanas Alberto Fernández mantuvo una reunión llamativa. Fue visitado por Daniel Angelici, el mandamás de Boca Juniors. Amigo de Mauricio Macri. El eje de la conversación entre ambos giró sobre la posibilidad de que, con acuerdo mutuo, pudiera ser designado en la Procuración General un reemplazante definitivo de Eduardo Casal. El hombre que quedó a cargo del Ministerio Público cuando la kirchnerista Alejandra Gils Carbó renunció al cargo.

El Presidente habría supuesto, al parecer, dos cosas: podía tratarse de un gesto de previsibilidad hacia el Poder Judicial alborotado luego de los resultados de las PASO; contemplaría además la disconformidad que Alberto viene manifestando por la conducta que han tenido fiscales y jueces, sobre todo, en las causas de corrupción que enredan a Cristina Fernández y a sus hijos. El nombre de la concordia acercado por Angelici habría sido el de Raúl Plee. El candidato kirchnerista no puso reparos sobre ese veterano fiscal. Pero prefirió prudencia: “Faltan las elecciones. Después se verá”, despachó con cortesía a su interlocutor.

Macri se da cuenta de lo que está sucediendo en Comodoro Py desde agosto. No sólo con el destino de muchas causas de corrupción de la década K que, sanamente, fueron ventiladas durante su tiempo. También con denuncias que involucran a él mismo y empiezan a salir de los cajones. Hubo la semana pasada una advertencia quizá reveladora sobre la consagración de la impunidad. El empresario K, Guillermo Ferreyra, de Electroingeniería, comunicó que el juicio de los Cuadernos de las coimas elevado por Claudio Bonadio jamás empezará. Como aconteció con la AMIA, comparó. Lo hizo al obtener el cese de la prisión preventiva, en aquella causa, dispuesta por la Cámara Federal. Ferreyra es un kirchnerista puro, inclaudicable, amigo íntimo de Carlos Zannini, ex secretario Legal y Técnico de Cristina.

Alberto le dedicó otra vez parte de su tiempo de campaña a la Justicia. Con símbolos y palabras. La reivindicación de la figura del ex procurador Esteban Righi fue una de ellas. Se trata de quien habilitó en el 2012 al fiscal Carlos Rívolo a iniciar las investigaciones contra Amado Boudou, flamante vicepresidente, por la causa Ciccone. Formó tándem con el juez Daniel Rafecas que, por esa razón, resultó apartado por Cristina y amenazado con un juicio político.

El candidato K aprovechó la ocasión para cuestionar, sin dar nombres, a algunos jueces y fiscales. Un apuntado fue el propio Casal por su permeabilidad frente a funcionarios de su ministerio, arrepentidos o rebeldes. Juan Bidone figura en el primer caso en la causa por espionaje que lleva el juez Alejandro Ramos Padilla. Carlos Stornelli, en el segundo, por no haberse presentado a declarar. Stornelli es una pieza clave en el escándalo de los Cuadernos. De diálogo fluido con Alberto. Pero en el medio del entuerto se encuentra la ex presidenta. El candidato no duda frente a la disyuntiva.

La reivindicación de Righi pudo interpretarse como un desafío en varios frentes. Uno de ellos sería Raúl Zaffaroni, amigo de Boudou y ahora abogado defensor. El ex integrante de la Corte Suprema insiste con una reforma constitucional a futuro –y otras yerbas— que Alberto no desea. No habría que colocar en el mismo plano a Cristina. Ella se reconcilió con el ex procurador antes que falleciera. Fue en un largo encuentro que tuvo como mediador al propio candidato K. Los tres estuvieron a solas.

Siempre las reivindicaciones, sobre todo en un terreno tan cenagoso e impreciso como es el peronismo, suelen prestarse a malos entendidos. Todos los presentes en la Facultad de Derecho aludieron a aquel famoso mensaje que Righi, al asumir en 1973 como ministro del Interior, ofreció ante la Policía Federal. A la cual instó a no enfrentarse nunca más con el mismo pueblo de donde salen. Hubo otras reflexiones de época que difícilmente tengan cabida 46 años después. El propio Righi hizo durante los 90 una autocrítica sobre aquella declamación. La repitió delante de este periodista y dos colegas amigos, con los cuales trabajamos en torno a la llamada Masacre de Ezeiza.

Quizá tampoco sea una casualidad que Alberto esté pensando para la Procuración General en un hombre que considera un discípulo de Righi. Se trata del juez Daniel Rafecas. Que el candidato K, en su momento, impulsó en la carrera judicial. El mismo que fue denunciado ante el Consejo de la Magistratura por el caso Boudou.

La pretensión de Fernández, en caso de triunfar en octubre, tampoco sería sencilla. La designación del procurador general requiere de la aprobación del Senado con los dos tercios. Un volumen que, salvo algún imprevisto, el oficialismo de turno no dispondrá. El juez, amén de los méritos que pueda tener, ha acumulado también muchas resistencias.

Esas resistencias se forjaron por la decisión de negarse a abrir las investigaciones por el Memorándum de Entendimiento con Irán después de la muerte del fiscal Alberto Nisman. Un detalle: fue el propio Plee quien presionó por el tema a Rafecas y pidió a la Cámara de Casación la reapertura del tema.

Alberto también pretendería, evitando situaciones traumáticas, alguna depuración en Comodoro Py. La sede de los jueces federales. No posee un plan definido. Aunque a priori estimaría convenientes el apartamiento, al menos, de cinco magistrados.

Con jubilaciones, como la que ya tramita Bonadio, o renuncias voluntarias. Difícil que en ese lote no figuren Julián Ercolini, a cargo de las causas “Los Sauces” y “Hotesur”, que involucran a Cristina y su familia. O el camarista Martín Irurzun, autor del fallo sobre las prisiones preventivas sin condena firme. Varias de las cuales, después de las PASO, comenzaron a ser revocadas. Las últimas: la de los empresarios K, Cristóbal López y Fabian De Sousa; además la de Fernando Esteche, ex jefe de Quebracho.

Otros caminos para mutar el Poder Judicial serían complicados de recorrer para el candidato K. Cualquier designación o destitución de un magistrado debe atravesar el filtro del Consejo de la Magistratura. Ese organismo está intoxicado de intereses políticos. La reforma del 94 no ha servido para mejorar la calidad de las designaciones. Más allá de los resultados de octubre, si Cambiemos pasara a la oposición tendría hoy mismo capacidad de bloqueo. Para destituir un juez se requieren 9 miembros sobre un total de 13. La oposición cuenta con cinco: Pablo Tonelli, Olga Brizuela, María Sánchez Herrero, el representante de los jueces, Juan Culotta y el de los abogados porteños, Pablo Más Velez.

Se trataría de una situación de espejo con lo que le sucede ahora al Gobierno. Tiene detenidas las designaciones de más de un centenar de jueces. Nada sucederá con ellos hasta después del cambio de gobierno o la continuidad del actual. El kirchnerismo tiene seis representantes que impiden nombramientos. La cabeza del sitio es el diputado camporista Eduardo De Pedro.

También es cierto que un cambio en el signo del poder podría trastocar esas y otras estructuras. La institucionalidad suele ser una abstracción en la Argentina, atada antes al cambio de los vientos políticos que a las convicciones. La Corte Suprema podría ser un ejemplo. Aunque, tal vez, no total. No hay duda de que el fallo que concedió la razón a 15 gobernadores peronistas ante la decisión del Gobierno de atender la emergencia social con la modificación de fondos coparticipables (IVA cero a alimentos de la canasta básica; aumentos del mínimo no imponible de Ganancias) apuntó a un acomodamiento con el sistema que puede llegar. Tampoco existen dudas que el máximo Tribunal fue en estos años refractario al gobierno de Macri. Pudo haber incidido, en parte, la desprolija intromisión de los operadores judiciales del oficialismo. Desde Elisa Carrió (promotora de la nominación de Horacio Rosatti y el encumbramiento de Carlos Rosenkrantz) y Fabián Rodríguez Simón, hasta las andanzas de Angelici.

Aquel fallo significa un problema para Macri en medio de la fragilidad económico-social que podría heredar Alberto. Pero el candidato K cuenta, a esta altura, con ventajas objetivas. La mayoría de los gobernadores articularían junto a él, de llegar al poder. Quedan interrogantes sobre Gildo Insfrán, de Formosa; Lucía Corpacci, de Catamarca; Jorge Capitanich, de Chaco, si gana el próximo domingo, y el santiagueño, radical K, Gerardo Zamora.

Además, su vínculo con cuatro de los cinco integrantes de la Corte es, a diferencia de lo que le pasó a Macri, muy directa. En primera línea con Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Elena Highton. Un escalón por debajo Rosatti. Con este quedaron secuelas de su renuncia como ministro de Justicia de Néstor Kirchner. Denunció corrupción. Tampoco guarda objeciones hacia Rosenkrantz. Salvo su modo de entender ciertos aspectos del derecho.

La Corte conserva balas guardadas que podrían servirle a Alberto en caso de transformarse en presidente. Apuntan directamente sobre los problemas de Cristina. El Tribunal, con la mayoría peronista a la cual se sumó Highton , aceptó en mayo el planteo de las defensas en la causa de la ruta del dinero K (Lázaro Báez) que significa otra pesadilla para la ex presidenta. Piden revisar todas las pruebas que forman parte del fundamento acusatorio.

La Corte estuvo a punto de aplazar el comienzo del juicio oral. Pero el momento, plena campaña antes de agosto, la obligó a aclarar que nada de eso sucedería. Todavía no se ha ocupado ni expedido sobre ninguna de aquellas quejas. Habrá que ver qué ocurre cuando pase octubre.