El fiscal federal Marcelo Colombo, a cargo del juicio por encubrimiento del ataque a la AMIA contra Cristina Kirchner por la firma del Memorandum con Irán, deberá argumentar este miércoles si es delito o no este pacto internacional y si la denuncia por suscribir este convenio sigue en píe o ya fue archivada.

La causa iniciada por la denuncia del fiscal Alberto Nisman deberá atravesar este otro desafío, luego de que el tribunal oral a cargo del proceso resolvió ampliar la posibilidad de efectuar cuestionamientos a la causa, en audiencias previas a decidir la iniciación del juicio en si.

El kirchnerismo pretende el cierre de la investigación y viene bregando judicialmente para lograrlo.

Hasta ahora los jueces María Gabriela López Iñiguez, José Michilini y Daniel Obligado realizaron cinco audiencias orales donde participó Cristina Kirchner. Los abogados defensores de la vicepresidenta; del viceministro de Justicia, Juan Martín Mena; del piquetero Luis D’Elía; el procurador del Tesoro, Carlos Zannini; y del senador Oscar Parrilli, entre otros, argumentaron que el caso debía ser declarado nulo antes de iniciarse el juicio porque dos de los jueces que intervinieron en el proceso –Gustavo Hornos y Mariano Borinsly- habían visitado a Mauricio Macri en Olivos y la Casa Rosada cuando era presidente.

Tras esas audiencias, el fiscal Colombo dictaminó que era prematuro declarar la nulidad del caso y que se debía realizar el juicio oral y público contra los acusados. No obstante, dijo que había que investigar a Borinsky y Hornos y los denunció ante la Justicia.

Culminada esa audiencia, el miércoles pasado, los defensores replicaron al fiscal Colombo y el tribunal advirtió que los abogados había hecho además otros planteos que iban mas allá del pedido de nulidad que rechazó Colombo.

Argumentaron los abogados que la denuncia de Nisman contra Cristina Kirchner ya había sido archivada por el juez Daniel Rafecas cuando entendió que no había delito y que por lo tanto esta reedición de la investigación a partir de una causa conexa iniciada por familiares de las víctimas era una violación del principio de ne bis in ídem, que garantiza a toda persona que no sea juzgada dos veces por el mismo delito. Otro de los cuestionamientos que hicieron los abogados defensores se basa en que la firma del Memorándum con Irán no obligó a la Argentina a nada, porque de hecho nunca estuvo en vigor, y además porque se trata de un acto que en sí mimo no constituye un delito y en todo caso es una decisión política. Argumentaron que es un “conducta atípica”, es decir que no se corresponde con ningún tipo penal.

Algunos de estos cuestionamientos ya fueron resueltos en su momento por tribunales inferiores, por la Casación –en el fallo que firmaron los ahora cuestionados Hornos y Borinsky, junto a la jueza Ana María Figueroa- y por la propia Corte Suprema de Justicia. Incluso por el mismo tribunal oral federal que ahora tiene esta causa, pero con otra integración, pues estaba el juez Jorge Tassata, que falleció y fue reemplazado por Obligado.

La defensa de Juan Martín Mena, a cargo del abogado Marcos Aldazabal, pidió (además de las nulidades) tratar las excepciones de atipicidad, antijuricidad y los planteos de falta de acción por inexistencia de delito presentados por los defensores.

Las nulidades se pueden dictar previo al inicio del juicio sin necesidad de estas audiencias que convocó el tribunal oral y en la excepción por falta de acción, como en este caso, se prevé a una audiencia previa, como lo recordó el abogado de la vicepresidenta, Carlos Beraldi.

Así las cosas, el miércoles a las 9.30 está fijada la audiencia oral donde el fiscal deberá nuevamente tomar una posición frente al caso y responder a estos argumentos. Es probable que, como lo hizo con anterioridad, entienda que es prematuro desechar la causa a esta altura del proceso y que corresponde hacer el juicio.

También están convocados a defender la validez del juicio las querellas particulares de Luis Czyzewski y Mario Averbuch, familiares de víctimas de la AMIA, representados por los abogados Juan Carlos Avila y Tomas Farini Duggan. Los abogados cuestionaron la legalidad de estas audiencias y no concurrieron a ninguna de ellas. Lo mismo harán este miércoles.

Otro caso contra Cristina Kirchner, como fue el de dólar futuro, no llegó a juicio porque fue anulado en la Cámara de Casación. Y lo mismo ocurrió con la causa por el plan Qunita, donde la fiscal Gabriela Baigún desestimó el caso por inexistencia de delito antes de llegar a juicio y todos los acusados fueron absueltos.

Los jueces del tribunal oral convocaron a estas audiencias previas al juicio y ampliaron el objeto original porque entienden que deben despejar el escenario de todo tipo de dudas antes de encarar un proceso largo y de complejas implicancias institucionales, por estar siendo juzgada la vicepresidenta. Además, creen que el pedido de nulidad de los defensores conlleva otras cuestiones, por lo que convocaron a que las respondan el fiscal y las querellas para luego decidir sobre el futuro del caso.

Una decisión de este tribunal sobre si el caso debe quedar en la nada antes del juicio o no, no será definitiva y cualquiera sea el fallo puede ser apelado. En ese caso, podrían intervenir los jueces de la Sala I de la Cámara de Casación, Diego Barroetaveña, Daniel Petrone y Ana María Figueroa.

Por Hernán Cappiello