El fiscal de Estado, Joaquín De Rosas, consiguió un aplazamiento de la definición de su caso ante el Jury de Enjuiciamiento. Esta vez la prórroga obtenida fue hasta el 28 de abril, debido al certificado médico que le extendió el cardiólogo que le hizo el cateterismo el viernes pasado. El profesional le había indicado 15 días de reposo desde el momento en que fue dado de alta y ése fue el plazo para reanudar el debate oral.

Supuestamente y si no surge un nuevo problema de salud, el lunes 28 debería terminar este proceso con los alegatos de las partes y la sentencia definitiva del Jury, tribunal que debe decidir si remueve a De Rosas de su cargo o si lo deja en él.

Una nueva prórroga y ya se superaron los dos años desde que empezó el caso. La denuncia contra De Rosas por haber beneficiado a Daniel Vila y a Dalvian (empresa del grupo Vila-Manzano) fue presentada el 4 de abril de 2012; el 7 de junio de ese mismo año el Jury dio vista al fiscal para que hiciera su descargo por escrito. El 16 de agosto de 2012 el mismo tribunal lo suspendió y desde entonces vienen las demoras.

Desde esa fecha que De Rosas está suspendido y cobra la mitad de su sueldo. Parecía que todo volvería a acelerarse cuando el 27 de marzo empezó el debate oral. De entrada, el fiscal de Estado presentó una nulidad con el argumento que los hechos por los que se lo acusaba ya habían sido evaluados por el Senado provincial cuando le dieron el acuerdo para nombrarlo al frente de la Fiscalía de Estado, por lo que se le estaría juzgando dos veces por un mismo hecho, lo que constituiría una violación de su derecho de defensa.

Pero esta nulidad de alguna manera puso en evidencia la estrategia de defensa de De Rosas: casi ni hablan de elementos para demostrar la inocencia, sino que se buscan elementos para plantear nulidades ante la Suprema Corte mendocina y la Corte Suprema nacional y siempre por la violación del derecho de defensa.

El jueves 10 de abril era el día final. Ya habían declarado los testigos, ya sólo quedaban los alegatos de la defensa, de los denunciantes y de la acusación (a cargo del procurador general, Rodolfo González) y las palabras finales del propio acusado y luego la sentencia del Jury. Pero el miércoles De Rosas fue internado en la ex clínica Mitre y brotaron todas las suspicacias.

Para colmo, el fiscal de Estado presentó una nota que ingresó la misma mañana del jueves 10, en la que aclaraba que no tenía un representante legal, sino que quien lo había acompañado hasta la semana anterior y quien había interrogado a los testigos, Roberto Godoy Lemos, era apenas un patrocinante legal y que el propio De Rosas ejercía su defensa por derecho propio.

Este hecho fue leído en los corrillos como una estrategia para dilatar aún más los tiempos. Ayer el patrocinante que no representa, Godoy Lemos, admitía que parecía una estrategia dilatoria, pero que efectivamente De Rosas estaba enfermo: "Nosotros queremos una prórroga y queremos estar acá para terminar esto" juraba Godoy Lemos.

El 11 de abril fue trasladado al Hospital Español y se le hizo el cateterismo, a través de una incisión en la ingle derecha. Según el informe del Cuerpo Médico Forense, el diagnóstico es "Síndrome coronario agudo", tiene tapada la arteria coronaria derecha al 100% y un infarto antiguo; además también tiene una tapadura de la arteria circunfleja del 30%. Cabe aclarar que ambas arterias están en el propio corazón.

En el resto del árbol coronario no hay lesiones críticas y no requiere tratamientos invasivos. Sí necesita medicación: tranquilizantes menores, anticoagulantes, antihipertensivo, mejoradores de la eliminación de ácido úrico y antiarrítmicos. El domingo se le dio el alta con la prescripción de cinco días de reposo relativo y cambio en el estilo de vida, es decir cuidarse con hábitos sanos.

Con este informe en mano, los miembros del Jury decidieron posponer todo para el lunes 28 y con la voluntad de terminar todo ese mismo día.

De Rosas está acusado de favorecer al grupo Vila-Manzano en la expropiación de tierras para la creación de la reserva Divisadero Largo. Hubo seis expropiaciones. Daniel Vila y Dalvian S.A. cobraron entre 13 y 17 pesos el metro cuadrado de tierra y los cuatro vecinos cobraron $ 2,70 por metro.