Se acerca el final de una historia que probablemente perfilará el futuro de Mendoza, al menos en lo que hace a la relación entre instituciones y grupos empresarios. En la mañana de hoy, en el salón de actos de la Suprema Corte de Justicia, se escucharán los alegatos en favor y en contra del fiscal de Estado Joaquín de Rosas, quien está acusado de beneficiar a Daniel Vila y a Dalvian S.A. (empresa del grupo Vila-Manzano).

Aún queda la duda de si el funcionario estará presente o no, por la supuesta condición cardíaca delicada que atraviesa. Si no concurre a dar testimonio, entonces las palabras de De Rosas las escuchará un oficial de justicia en la casa del funcionario acusado y mañana martes -sí o sí- el Jury decidirá si remueve al fiscal de su cargo.

Queda definir si el oficial de justicia tomará testimonio con un taquígrafo o una cámara de video. Eso lo decidiría el Jury cuando se reúnan hoy, después de escuchar los alegatos de las partes. Lo que nadie quiere es dejar a De Rosas sin dar su alegato, para reducir el margen de maniobras para el contraataque del suspendido fiscal de Estado, quien ya ha adelantado que irá a casación ante tribunales superiores, incluida la Corte Suprema nacional, no para argumentar su inocencia, sino para pelear por su cargo ante la supuesta violación del derecho de defensa.

Según De Rosas, cuando el Senado le dio el acuerdo para nombrarlo oficialmente, ya evaluó los hechos por los que hoy se lo acusa; hechos que cometió cuando era fiscal de Estado subrogante.

En 2001 el fiscal de Estado era Pedro Sin, pero ante un pedido de Daniel Vila y Dalvian, éste se excusó de participar y dejó esa cuestión a De Rosas. El pedido fue hacer una compensación de deudas: Dalvian le debía al Estado 6 millones de dólares en trámite de cobro judicial (deudas tomadas en los bancos provinciales, una de ellas durante el proceso militar); y el Estado le iba a deber por una expropiación de tierras para la creación de la reserva Divisadero Largo.

De Rosas puso manos a la obra y le ordenó al Ente de Fondos Residuales (organismo que administraba el cobro de las deudas tomadas en los bancos estatales) que se abstuviera de cobrarle a Dalvian.

Para ese entonces el juicio de expropiación aún no estaba terminado, por lo que no había dos montos líquidos y exigibles que pudieran compensarse. Pero De Rosas insistiría en la idea y se trata de la voz del fiscal de Estado, quien tiene el deber de preservar el erario público provincial.

La cuestión es que para 2002, Dalvian tenía 80 terrenos embargados y las principales cabezas de la familia Vila inhibidos, pero la idea de la compensación prevaleció: las causas judiciales volvieron a fojas cero y Dalvian se salvó de perder 80 terrenos del barrio privado y se salvó de pagar la deuda bancaria.

La historia no está cerrada acá. Mientras las ejecuciones hipotecarias se esfumaban, el juicio de expropiación avanzaba. Seis propietarios en el pedemonte, dos de ellos eran Dalvian y Vila.

Estos dos últimos consiguieron un precio muy superior al de sus vecinos: 13 pesos por metro cuadrado de terreno accidentado y 17 pesos por metro de terreno llano; mientras que los vecinos apenas llegaron $2,76 por metro.

Cuando testificó el contador de Fiscalía de Estado Américo Toledo, dijo que hizo una sola liquidación de lo que debía pagarse por las expropiaciones y fue para los expedientes vinculados a Vila.

En las actuaciones también está claro que los expedientes de las expropiaciones a Vila y Dalvian estaban en manos de De Rosas.

El fin de semana ha estado cargado de versiones periodísticas acerca de presiones que habrían sufrido los miembros del Jury para salvar a De Rosas. No faltan quienes indiquen que los últimos días no han sido fáciles.

También hubo especulaciones sobre la afección cardíaca que viene posponiendo la definición. Nadie confirmó si De Rosas asistirá.

A partir de las 9 de la mañana, empezarán a dilucidarse todas las cuestiones.