El vicegobernador Osvaldo Jaldo ya está de vacaciones. Ayer pasó buena parte de la mañana reunido con el presidente subrogante de la Legislatura, el peronista Fernando Arturo Juri, dejándole las últimas directivas sobre el manejo de las riendas en el edificio de calle Muñecas al 900.

Según fuentes parlamentarias, uno de los asuntos tratados fue la “baja” de más de un centenar de empleados que ocupaban cargos “políticos”.

Si bien la “tijera” no llegó a los equipos de los legisladores, sí alcanzó a referentes territoriales -en algunos casos, ex legisladores y ex concejales- que no transmitirían al tranqueño la certeza de que le responden a él y no a otros dirigentes del PJ tucumano. El detalle estuvo en que ni bien Jaldo entró en licencia, Juri quedó a cargo del Poder Ejecutivo (PE).

Sucedió durante algunas horas, hasta el regreso del gobernador Juan Manzur de sus vacaciones (habría estado en Punta Cana). Al mando de la Legislatura estuvo mientras tanto el vicepresidente 1° de la Cámara -y ex secretario- Juan Antonio Ruiz Olivares.

Bajas y más bajas

No hay demasiadas precisiones oficiales sobre la cantidad de empleados que tiene la Legislatura. Según algunas estimaciones, la planta de permanentes y transitorios rondaría los 1.200 cargos. Pero el presidente Mauricio Macri afirmó en entrevistas recientes que hay un promedio de 80 empleados por legislador, con lo que el número llegaría a más de 3.900 puestos de tipo “político”.

El oficialismo del Poder Legislativo desmiente estas cifras. En medio de la polémica, el vicegoberandor Jaldo firmó resoluciones con al menos un centenar de bajas de estos contratos. Los nombres no son publicados en la página de la Cámara legislativa ni en el Boletín Oficial de la Provincia. Se espera que durante los días que estará a cargo de la Legislatura, el teléfono del titular subrogante, Fernando Juri, “arderá” por la cantidad de llamados de quienes buscarán confirmar si siguen contratados.

“Renuncié voluntariamente”

En la columna de la sección Panorama Tucumano de ayer, el periodista Fernando Stanich dio a conocer algunos de los supuestos casos de quienes habrían sido dados de baja. El ex legislador peronista Pedro Hugo Balceda aparecía en ese listado. Pero en su caso desestimó que haya sido por pertenecer al alperovichismo. Incluso, afirmó que se marchó del plantel legislativo por iniciativa propia. “Yo renuncié voluntariamente, dado que el juez federal Fernando Poviña me otorgó rol de querellante en mis denuncias penales contra el legislador (Luis) Brodersen, del PRO, por presunto contrabando, evasión y usura a través de una tarjeta de su propiedad. Y un empleado legislativo no puede litigar judicialmente contra un legislador. Esto me obligó a retirarme de mi trabajo estatal y a dedicarme a mi actividad privada. Además aclaro que no pertenezco a la línea política ni coincido con el senador (José) Alperovich”, indicó Balceda. Y señaló que adscribe “políticamente, por conviciones” a Osvaldo Jaldo. En el pasado, el ex legislador había presentado denuncias penales -que no habrían prosperado- en contra del tranqueño, por presuntas irregularidades registradas cuando Jaldo estaba a cargo de Ministerio del Interior de la Provincia, durante el alperovichismo.

El hijo de un ex legislador

Otro de los mencionados en la columna de ayer era el ex legislador Víctor Alfredo Lossi, uno de los referentes oficialistas de Banda del Río Salí. El dirigente de la sección este sin embargo aclaró que él no era empleado de la Legislatura. En rigor, quien fue dado de baja por el vicegobernador Osvaldo Jaldo fue su hijo, Alfredo Lossi (h).