El senador Martín Doñate y la diputada Roxana Reyes juraron ante la Corte Suprema de Justicia como nuevos representantes del Congreso en el Consejo de la Magistratura, el órgano constitucional que selecciona y remueve jueces.

El juramento de rigor fue tomado por el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, en el salón Bermejo del Palacio de Justicia y con este trámite quedó integrado el nuevo Consejo de la Magistratura con veinte miembros, como dispuso el alto tribunal en diciembre pasado.

El martes, los cuatro ministros de la Corte firmaron la acordada 11/2022 que aceptó el ingreso de los dos representantes políticos, cuyas designaciones fueron cuestionadas en el fuero en lo Contencioso Administrativo federal.

Doñate y Reyes fueron designados por las autoridades de ambas cámaras del Congreso ante el Consejo de la Magistratura el 20 de abril pasado y asumen casi un mes después.

Si bien hay una nueva ley para la regulación del Consejo de la Magistratura con media sanción del Senado y estado parlamentario en Diputados, de aquí en más y hasta que se promulgue otro norma, el Consejo funcionará con veinte miembros y la presidencia a cargo de Rosatti, en su condición de titular de la Corte.

Reyes juró por Dios y Doñate por la Patria ante Rosatti y bajo la atenta mirada de los ministros Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz, mientras que desde el público acompañaron casi todos sus colegas consejeros, menos Diego Molea, Ricardo Recondo y María Inés Pilatti Vergara, ausentes con aviso.

Previo a Reyes y Doñate, el 20 de abril pasado, juraron como consejeras las nuevas representantes Jimena de la Torre, Agustina Díaz Cordero, Carina Pamela Tolosa y María Fernanda Vázquez, en representación de los jueces, abogados y el sector académico.

En los últimos días, la justicia federal en lo Contencioso Administrativo rechazó los recursos presentados por el senador Luis Juez y por el presidente del bloque del Frente de Todos en Diputados, Germán Martínez.

En el caso del legislador del bloque PRO, el argumento para impugnar la elección de Doñate era que el bloque oficialista dividió la bancada como una “maniobra” para quedarse con su lugar en el Consejo, mientras que Martínez cuestionó por “ilógico” que el bloque mayoritario se quede con un representante y la oposición con dos.

La pretensión de Juez fue rechazada en primera y segunda instancia en el fuero en lo Contencioso Administrativo federal, bajo el argumento de que las decisiones políticas del parlamento no son judicializables, aunque queda pendiente un “per saltum” en la Corte presentado por el senador cordobés.

El recurso ante la Corte de Juez parece no tener demasiadas posibilidades si se tiene en cuenta que ayer, el mismo Rosatti declaró en un encuentro convocado por el Grupo Clarín que el tema estaba jurídicamente “saldado”.

“Más allá de los debates, que desde el punto de vista jurídico están saldados, celebro que se haya acatado del fallo de la Corte sobre el Consejo de la Magistratura, cuando muchas voces agoreras decían que no se iba a acatar", dijo Rosatti.

En el caso de Martínez, y su impugnación de la elección de la radical Reyes, su amparo también fue rechazado por no cumplir con los requisitos que exige la justicia para concederlo, no obstante lo cual, el jefe de la bancada oficial apeló a cámara y se aguarda una definición.

Con la jura de Doñate y Reyes, el Consejo quedó conformado como definió la Corte en su fallo de diciembre pasado, que declaró inconstitucional la integración del organismo por un desbalance entre el sector técnico de jueces, abogados y académicos y el político integrado por legisladores y el representante del Poder Ejecutivo.

En la composición anterior, el Consejo contaba con trece miembros: tres jueces, seis legisladores, dos abogados, un representante del Poder Ejecutivo y uno del ámbito académico.

Esta integración fue sancionada por una ley del Congreso en 2006 pero un planteo de inconstitucionalidad del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires terminó siendo aceptado por la Corte, que definió instar al Congreso a sancionar una nueva ley con paridad de representación técnica o política.

Para esta adecuación constitucional, la Corte fijo un plazo de 120 días, hasta el 18 de abril, caso contrario se volvería a la composición anterior de veinte miembros, con la presidencia a cargo del titular del alto tribunal, en esas circunstancias, Rosatti.

Hoy concluyó el proceso de adecuación y según fuentes del Consejo, la semana que viene la comisión de labor definirá una agenda de trabajo con los nuevos integrantes.