Lejos de la postura expectante y con la posibilidad concreta de acompañamiento que tomó la oposición ante el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, Juntos por el Cambio se abroqueló contra la marcha convocada a Tribunales para este martes. Pese a las feroces internas por egos personales, algunos tópicos lograron unir a la alianza sin inconvenientes y lo vinculado al Poder Judicial entra dentro de ellos. Como parte del cotillón propio de los discursos dirigidos al núcleo duro partidario y de coalición, con mayor y menor intensidad, todos se plegaron a cuestionar la movilización y atarla directamente al gobierno nacional. Más que demostrar una actitud en base a iniciativas no impulsadas, lo que hizo el mundo cambiemita fue anticipar la continuidad del bloqueo a cualquier modificación de la Justicia. Ni los proyectos existentes, bellos durmientes en el Congreso, ni cualquiera nuevo que pudiera llegar a existir. Detrás del telón de fondo de pelea constante contra el oficialismo, la campaña continúa. Horacio Rodríguez Larreta arma su proyecto nacional, Patricia Bullrich recorre el país y se mostró junto al jefe espiritual Mauricio Macri, Gerardo Morales de vacaciones no abandonó aspiraciones y Facundo Manes sigue en el camino al 2023.

Más allá de las expresiones aisladas, aunque siempre coucheadas, en redes sociales, las posturas más duras fueron esgrimidas por los halcones del PRO pero, antes que nadie, por la Coalición Cívica. Su jefa política, Elisa Carrió, solventó parte de su discurso en la defensa de la República, de la Constitución y de la división de Poderes. Por eso, no llamó la atención que los diputados de su espacio hayan presentado, la semana pasada, una denuncia ante la OEA que conduce Luis Almagro, en el ojo de la tormenta por el golpe de Estado a Evo Morales, para pedir un monitoreo de la situación en la Argentina.

Según la presentación, la supuesta embestida contra el Poder Judicial comenzó en 2020 cuando el Frente de Todos impulsó distintos proyectos de ley para crear más juzgados en todo el país y modificar la ley del Ministerio Público Fiscal para que el Procurador de la Nación tenga un período limitado de mandato y su elección sea por mayoría simple y no por los dos tercios de los votos del Senado. Ambas, presentadas apenas asumió el Gobierno, duermen en Diputados.

En la denuncia, la Coalición Cívica analizó que la marcha del 1º de febrero fue promovida por funcionarios del Gobierno nacional que dirigieron mensajes de apoyo hacia cualquier movilización popular. Para el espacio que conduce Carrió, son “actos que constituyen violaciones a elementos esenciales de la democracia representativa, más específicamente a la separación e independencia de los poderes públicos”.

Una nota similar fue publicada por la mesa nacional de Juntos por el Cambio el fin de semana contra la presunta “política sistemática que asumió el oficialismo de atacar a los jueces que no se comportan según sus deseos”. Los mismos que removieron jueces o armaron mesas judiciales. Con el viejo discurso de la búsqueda de impunidad, la alianza lanzó que “el interés del Gobierno siempre estuvo centrado” en magistrados que “tramitan las causas de corrupción que afectan, principalmente, a la propia Vicepresidente de la República”. Ah, pero Cristina.

Para la oposición que nombró dos jueces de la Corte Suprema por decreto, la remoción de magistrados debe cumplir con un criterio establecido en la Constitución que “no puede ser sustituido por reclamos facciosos como los que alienta el Gobierno” porque “no sólo es ir en contra de lo que la Constitución establece, sino que se trata lisa y llanamente de una actitud golpista”.

Poco después, el ala más dura del PRO encabezada por Gerardo Milman, mano derecha de Patricia Bullrich, presentó un proyecto de declaración en Diputados en rechazo a la marcha y preocupación por los dichos de algunos funcionarios del Gobierno. Acompañaron figuras como María Eugenia Vidal, en busca del núcleo más extremo de su partido, Cristian Ritondo, parte del armado presidencial y por la gobernación en 2023, y Waldo Wolff, uno de los exponentes más confrontativos en la Cámara baja.

Los diputados opositores se reunirán, más allá de lo que suceda el 1F, el jueves para definir una estrategia durante las sesiones extraordinarias. Como los temas más complejos comenzarán su tratamiento en el Senado, se concentrarán en las inversiones a la industria automotriz y la promoción de la electromovilidad. En la Cámara Alta, en tanto, se empezará el debate del Consenso Fiscal, que podría contar con el acompañamiento opositor, y la modificación de la composición del Consejo de la Magistratura. Para esto, trabajan en la unificación de proyectos propios que no podrían tratarse durante febrero. El acuerdo con el FMI será otro capítulo pero, todavía sin conocer la letra chica, sumarían firmas salvo un aumento de impuestos.