Los ministros del Superior Tribunal de Justicia recibieron ayer a Rafael Gutiérrez, presidente de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las provincias argentinas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para interiorizarlo sobre la situación que atraviesa la Justicia provincial a raíz de la decisión del Poder Ejecutivo de avanzar en su pedido de inconstitucionalidad en el nombramiento de tres de los miembros del STJ.
El encuentro estuvo encabezado por el presidente subrogante del Alto Cuerpo provincial, Ramón Rubén Ávalos, a quien acompañaron los ministros María Luisa Lucas, Ricardo Franco y Alberto Mario Modi. También participaron el presidente del STJ de Corrientes, Carlos Rubín, y el ministro del STJ de Formosa, Eduardo Hang.
Una vez concluida la reunión, se realizó una conferencia de prensa en la que se recordó que “en un primer momento, el gobernador envió a la Legislatura, el 6 de agosto del 2008, un proyecto de modificación del artículo 158 de la Constitución Provincial con el objeto de introducir el concurso público de antecedentes y oposición como requisito para la selección de los miembros del Superior Tribunal de Justicia y el Procurador General de la Provincia del Chaco, estableciendo el procedimiento de selección, en el primer párrafo del artículo 158 propiciado en reforma”.
En tal sentido, Gutiérrez señaló que “esto quiere decir que se reconoció que en la actual redacción no estaba previsto ese sistema de selección”.
“En una segunda oportunidad, con fecha 15 de febrero de 2010, el gobernador envió un proyecto de ley por el cual se propicia reglamentar el mecanismo de designación de jueces del STJ, Procurador General y Procurador Adjunto, a través de un concurso de antecedentes y oposición, con lo cual se reconoció que dicho sistema de selección para jueces del Superior Tribunal no estaba reglamentado y no era operativo”, se explayó Gutiérrez.
Durante el encuentro con la prensa también se dio lectura a un documento que consignó que “con ambos antecedentes, ¿cómo se puede fundamentar la inconstitucionalidad de la designación de los jueces del STJ?”.
Destacó que “desde que el gobernador asumió en sus funciones el 10 de diciembre de 2007 hasta el presente nunca objetó, impugnó ni recusó a ninguno de los tres jueces, consintiendo su intervención en numerosos juicios en que la provincia fue y es parte, lo que es un obvio reconocimiento a su legitimidad. En tanto, el anuncio de la demanda de inconstitucionalidad se hizo en diciembre de 2009, el mismo día en que Rolando Toledo asumió la presidencia del STJ. Dijeron que los colegios y consejos de abogados, así como la Asociación de Magistrados adherirían a dicha demanda, lo que no solo no ocurrió, sino que el Consejo de Abogados y Procuradores de Resistencia, y la Asociación de Magistrados del Chaco manifestaron públicamente sus disconformidades respecto de tal demanda”, y agregaron como dato final que “el pasado 24 de junio el bloque de diputados provinciales del Partido Justicialista adhirió a la promoción de la acción”. Surgió entonces la pregunta: “¿con todo esto puede discutirse el tinte y naturaleza evidentemente política de la demanda anunciada?”
Luego, Gutiérrez recordó que únicamente el juicio político puede suspender a los jueces de los superiores tribunales de justicia, a la vez que sostuvo que las acciones de inconstitucionalidad iniciadas hoy por el Poder Ejecutivo implican “un ataque a la independencia del Poder Judicial” y “un disparate desde cualquier punto de vista”.
Asimismo afirmó que la controversia “no termina en la provincia del Chaco” y advirtió que denunciará esta situación ante la Comisión de Independencia Judicial de la Corte Suprema, en su calidad de representante de la Jufejus en ese ámbito institucional, y hará lo mismo ante el Relator Especial de Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales.
Finalmente, el presidente de la Jufejus opinó que “si esto prospera implicará un conflicto de gravedad institucional”.
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