El exPresidente del club Arroyo Seco, Patricio Daniel Gorosito, y el empresario y abogado, Carlos Salvatore, se sentarán en el banquillo de los acusados a partir del 10 de junio. Aunque la jueza federal chaqueña, Zunilda Niremperger, niegue al periodismo, las presiones políticas fueron gigantescas. “A nadie le convenía que la causa terminase en la justicia federal como correspondía” explica un allegado a otro de los imputados.

Con 40 cuerpos, Niremperger probó cómo fue el traslado de la droga desde Santiago del Estero, pasando por la provincia del Chaco, hasta la aduana en el puerto de Barranqueras y luego, a Buenos Aires. De allí, la droga salía hasta el puerto de Vigo en España. La banda terminaría eligiendo Lisboa, en Portugal, en lugar de la deseada Barcelona, lugar de ingreso al mercado europeo.

Es un misterio cómo los containers con la droga, camuflada en bolsas de carbón vegetal, no fueron detectadas por la aduana argentina. De hecho un empleado de la Aduana, Luis Ocampo, fue sobreseído 15 días después de iniciada a la causa. Los implicados aún se preguntan cómo la justicia no se centró en ese personaje y si Ocampo tenía protección política del más alto nivel en la provincia del Chaco.

La investigación prosperó por la iniciativa de las fuerzas policiales europeas. De hecho, el 8 de marzo del 2013, policías de España y de Portugal, secuestraron en dos procedimientos 400 kilos de cocaína. Llevaban el logo de la empresa argentina Carbón Vegetal del Litoral SRL. Las bolsas se envasaban en Quitilipi, en el centro geográfico de la provincia del Chaco.

Siete argentinos fueron detenidos. Sin embargo, los empleados y funcionarios de la aduana chaqueña, rápidamente, fueron liberados como Ocampo. Uno de los involucrados y testigo clave de los vínculos de parte de la banda con el poder político local murió en la alcaldía de Saenz Peña. Se trataba de Jorge Carlos Rodríguez  y era el presidente oficial de la firma que exportaba carbón vegetal. Justamente, en esa localidad, se realizaban reuniones a altas horas de la medianoche en un prestigioso hotel entre altos funcionarios y, al menos, dos integrantes de la banda. La justicia, por ahora, no indagó sobre la cuestión.

El ingreso a la Argentina de la droga, desde Bolivia, era a través de camiones cisterna. La justicia argentina se quedó en la pista de los empresarios pero no indagó sobre las responsabilidades y complicidades de funcionarios locales ni tampoco sobre quiénes eran los dueños de los famosos camiones.

De la causa iniciada por Niremperger se desprendió otra línea investigativa para seguir la ruta del dinero. La AFIP y la Aduanaaportaron información y, en consiguiente, la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) allanó la casa de varios de los implicados.

Meses atrás, se conoció un audio de Salvatore conversando con su pareja, Silvia Valles –también investigada- amenazando a la jueza Niremperger: “Yo los voy a sacar, después la mato a ella, pero primero los saco a ustedes”, aludiendo a sus familiares imputados en las diversas empresas que, supuestamente, lavaban dinero proveniente del narcotráfico. Salvatore es un abogado vinculado con el mundo de los servicios de inteligencia.