El anteproyecto contempla por un lado, una serie de expropiaciones para la construcción de cárceles en Quilmes, Merlo, La Matanza y Moreno. Y por otro, la construcción de 30 alcaidías con capacidad cada una para alojar a unos 300 detenidos.

La iniciativa abrirá en los próximos días una discusión legislativa por la expropiación de terrenos y el impacto socioeconómico que generarán las alcaidías y nuevas cárceles en los lugares determinados.

Por caso, ya existieron algunos contrapuntos con uno de los puntos elegidos para levantar la futura unidad penitenciaria de Quilmes, cuya ubicación sería sobre la bajada de la autopista Buenos Aires-La Plata, del lado del río.

En cuanto al financiamiento, el ministro de Justicia explicó que tiene garantizado fondos de Nación para construir dos unidades penitenciarias y 10 alcaidías. En tanto se espera que Axel Kicillof pueda sumar fondos en el proyecto de presupuesto que estará enviando en noviembre a la Legislatura. Para el resto de los fondos, en el gobierno apuntan a la asistencia de organismos multilaterales de créditos.

De acuerdo al texto del plan de infraestructura -al que LPO pudo tener acceso- se buscará culminar obras ya iniciadas para sumar 1.940 nuevas plazas de alojamiento y encarar obras para crear otras 18.000, ya sea en nuevas unidades penitenciarias, nuevas alcaidías departamentales y nuevas casas de pre-egreso.

n el informe, el gobierno asegura que la provincia registra la superpoblacion penitenciaria “mas grande de su historia” y cita un informe de ONU en el que destaca que el sistema penitenciario bonaerense cuenta con 24.100 plazas y una capacidad tolerable o adaptada de hasta 31.300 plazas.

Sin embargo, a nivel nacional se registran 92.100 personas privadas de la libertad, de las cuales 46.565 se encuentran alojadas en el sistema penitenciario provincial. Eso representa mas de un 50% de la totalidad de los detenidos del país.

En tanto, de las 46.565 personas alojadas en la provincia, 40.968 personas se encuentran en las distintas unidades penitenciarias y alcaldias, 5.471 en dependencias policiales, y 2.126 bajo el régimen de monitoreo electrónico. “Eso refleja que el déficit de plazas es mayor a las 20.000”, aseguró el ministro.

El gobierno tuvo un giro importante en cuando a la política penitenciaria. Apenas asumió en el cargo, Kicillof ordenó a Alak la creación de una mesa de diálogo para contener una situación casi desbordante en el siempre complejo diciembre argentino.

Por entonces, se apuntaba a un discurso vinculado con la liberación de presos. Allí apareció la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), quien planteó la necesidad de liberar entre 10.000 y 15.000 presos de las cárceles bonaerenses.

Esa propuesta fue un escándalo y terminó por dinamitar la mesa de diálogo instrumentada por Alak para reunir a todos los actores institucionales del área y evaluar soluciones comunes.

En la exposición de este martes, Alak dejó en claro un giro en la política penitenciaria de la provincia. “La tensión discursiva respecto de la crisis carcelaria es ‘liberaciones’ o ‘ladrillos’ y nosotros estamos eligiendo los ladrillos”, aseguró el ministro.