El valor de las parcelas –según la ley- será semestralmente establecido por el Poder Ejecutivo, teniendo en cuenta la tasación que practique al efecto el Tribunal de Tasaciones y por otro lado, los importes que se obtengan de las ventas deberán ser depositados por los compradores en forma directa en una cuenta bancaria que al efecto se abrirá en el agente financiero de la Provincia a la orden del Hospital “Dr. Arturo Zabala”. El precio de venta que se establezca no podrá sufrir deducciones de ninguna naturaleza y queda prohibido en forma expresa que se verifiquen pagos en forma distinta a la estipulada.

Los fondos que reciba el nosocomio, se señala en otro artículo, solo podrán ser utilizados en la compra de bienes de capital, instrumental o aparatología médica y en ningún caso, en erogaciones corrientes.

La ley crea, asimismo, una comisión especial de seguimiento, integrada por un diputado por bloque y el director del Hospital Zabala, la que deberá elevar a la Cámara en forma semestral un informe sobre el avance del desarrollo y puesta en marcha del parque industrial.

El tratamiento del proyecto discurrió en un clima denso hacia dentro del bloque justicialista, donde varios diputados se atribuyeron la autoría de la iniciativa. Hablando de propios y ajenos, el jenefista José Melé usó un refrán de su par Miguel Tito y dijo que “algunos saludan con sombrero ajeno”.

El gran ausente de la sesión fue el justicialista Marcelo Abraham, quien presentó el proyecto, y según se supo no concurrió, molesto, porque no se le permitió actuar como miembro informante, tarea que en cambio se le encomendó a Patricia Arach (PJ). Abraham, además, mantiene una fuerte disputa con el ministro de Producción por el Consejo de la Microempresa, de cuya presidencia renunció estrepitosamente la semana pasada. Varios diputados, incluso de la oposición, destacaron en la sesión de ayer el trabajo realizado por Abraham como presidente del consejo y como impulsor de los parques industriales en la provincia.

La Ley establece que el parque industrial deberá ponerse en marcha en un plazo de cinco años contados a partir de la promulgación; vencido el plazo, si el predio no fuere destinado al cumplimiento a los fines de la norma, se transferirá en forma automática al dominio del Estado Provincial.

Durante el debate, la periqueña Patricia Arach (PJ) destacó que la ley “afianza las políticas de Eduardo Fellner y Guillermo Jenefes” y que generará la radicación de industrias y capitales en la Provincia. La otra diputada periqueña de la Legislatura, Alejandra Martínez (UCR), ponderó que todas las bancadas se hayan puesto de acuerdo para sacar una iniciativa que favorecerá el desarrollo de la zona, mientras que el jefe del bloque del PJ, Héctor Tentor, afirmó que “estamos sancionando una herramienta para la economía real”. Alberto Bernis, presidente del bloque ucerreísta, por su lado, estimó que “esta ley tiene que ver con la obligación que tenemos la clase política de hacer cosas que realmente beneficien a la gente”.