Además indicó que la denuncia será unificada a la llamada “Megacausa”, donde investigan el faltante de 2300 viviendas y están imputados, entre otros el ex gobernador Eduardo Fellner, y los ex funcionarios kirchneristas Juan José López y Germán Nivello.

La AFIP DGI realizó la denuncia penal por “defraudación a la administración pública, asociación ilícita y lavado de activos”.

Sergio Lello Sánchez explicó que la denuncia “está vinculada con el funcionamiento de la organización Túpac Amaru y algunas irregularidades que se detectaron en una investigación propia de la AFIP, irregularidades relativas a la percepción de impuestos nacionales y una hipótesis de un eventual lavado de activos de origen ilícito”.

“En su investigación, la AFIP efectuó la denuncia y concluyeron en una serie de circunstancias que determinaron, tras el análisis de documentación de la Túpac Amaru, personas allegadas a la organización y de algunos profesionales intervinientes en su gestión, muchas inconsistencias, una de las que se pudo comprobar como que no hicieron aportes previsionales de las personas empleadas en la organización”.

Agregó “también, que hubo una serie de excedentes generados por la falta de aplicación de fondos de programas nacionales, entre esos el Mejor Vivir y el socio comunitario que llevaron a que esos fondos sean destinado a otras cuestiones no vinculadas a la construcción de viviendas. Es de público conocimiento que la organización realizaba periódicamente sorteos de vehículo automotores y esta modalidad le llamó la atención a la AFIP y llevó adelante una investigación, analizaron numerosa documentación, entre ellas las obrantes en las causas que llevan adelante los fiscales, y dieron cuenta de estas irregularidades que consistieron en la desnaturalización de la figura de las cooperativas”.

“Las cooperativas contaban con un acta fundacional pero no funcionaba como tales, funcionaban a los efectos de percibir fondos, es la hipótesis que se tiene en la fiscalía actuante porque estos fondos venían de programas cuyos objetivos era combatir la desocupación y procurar, a través de la autogestión, una solución habitacional de muchos sectores vulnerables de la provincia”.

Lello Sánchez resaltó que “la idea que las cooperativas intervengan fue desvirtuada en un plan sistemático de defraudación de la administración pública llevada adelante por la asociación Túpac Amaru y comandado por la señora Sala, que es la hipótesis de varios expedientes y que también di lugar a la investigación de la AFIP”.

“Hay una circunstancia muy llamativa: uno de los beneficiarios de estos sorteos, cuando fue a realizar los trámites de registro del vehículo que logró por sorteo, aparece como que lo hubiese pagado para adquirirlo cuando lo obtuvo en un sorteo. Esto fue relevado por AFIP, entre otras cosas, y se concluyó en que se produjeron eventualmente algunas defraudaciones al fisco nacional, en la no percepción de impuestos al fisco provincial, y lavado de activos de origen ilícito”.

El titular del MPA sostuvo que “dentro de esta hipótesis, que coinciden con los lineamientos que se investigaron en las causas acumuladas – Ruta del dinero K- se pudo detectar además la hipótesis de evasión impositiva y lavado de activo. Visto esto, entiendo que, y así se va a decidir, va a ser acumulada en la causa donde se investiga el faltante de 2300 viviendas y están imputados entre otros, el ex gobernador Fellner, José López, Germán Nivello, ex funcionarios de la administración anterior, de la UEP, la señora Sala y otros”.

Resaltó que “las cooperativas eran una fachada y de acuerdo a la hipótesis de la causa que ya se requirió su elevación a juicio, ahí se vio que las cooperativas eran una fachada, el funcionamiento no fue tal si no fue centralizado, vertical, sistemático y sostenido en el tiempo solo para defraudar en la administración pública”.

Respecto a si la causa, por el tipo de delito, podría pasar al fuero federal, explicó “acá se denuncian hechos, con indicios fuertes que representan ilícitos. Eso se establecerá a lo largo de la investigación, dentro del funcionamiento de la asociación ilícita cabe la posibilidad que se investigue”.

Acerca de los sorteos, Lello Sánchez sostuvo que “una gran cantidad de vehículos fueron sorteados, y fue durante muchos años y se sospecha que los fondos con los cuales se adquirieron esos bienes eran fondos que debían ser destinados la construcción de viviendas y mejoras habitacionales”.

“A eso responde la lógica de esta supuesta asociación ilícita, donde hubo y se detectó un patrón común, el funcionamiento de un patrón común con el funcionamiento y la percepción de fondos a través de cheques de hasta 50 mil pesos en algunos casos. La no bancarización de las cooperativas ya que se pierde el rastro de la aplicación de los fondos, la adquisición de insumos para la construcción de viviendas”.

Para finalizar, JUJUY AL DÍA® consultó al titular del MPA, si se esperan avances en los próximas semanas sobre la llamada “Megacausa”. Sergio Lello Sánchez sostuvo que “habrá un gran avance, nuevas imputaciones, más personas involucradas”, sostuvo.