La piedra, está semana, la arrojó el presidente de la Cámara de Diputados cuando se refirió al juez de instrucción que en 2011 investigó el asesinato de las turistas francesas en San Lorenzo. Sin pelos en la lengua, Santiago Godoy dijo que Martín Pérez “no merece seguir siendo juez en esta provincia”. Vale aclarar que el presidente de la cámara baja provincial no se pasó a la oposición, aunque si les sacó ventaja a todos. Habló con conocimiento de causa porque alguna vez -antes de ser diputado- fue juez. Detalladamente la agencia de noticias DDN dio a conocer las declaraciones del legislador. Según la mima, Godoy afirmó que “Martín Pérez fue un desastre como Juez de Instrucción en el juicio por el crimen de las turistas francesas” y agrego que “la clave está en el Juez, porque él es quien va aceptando, va ordenando, va haciendo, y me parece que el juez Martín Pérez fue un desastre”, criticó.

¡Eh, primo!

El hoy camarista Martín Pérez asumió como Juez de Instrucción en 2002. Fue propuesto como juez por el gobernador Juan Romero. El senado de entonces era más o menos el mismo de ahora y brindaba los acuerdos para jueces, camaristas y fiscales, casi con la misma facilidad que lo hace hoy en día. Pérez ocupó el cargo de juez de instrucción hasta que el gobernador Urtubey decidió ascenderlo a camarista a mediados del año pasado. Actualmente ese nombramiento está siendo observado por toda una sociedad.

A Pérez el entonces gobernador Romero lo nombró como juez de instrucción casi exclusivamente por ser primo hermano de Gustavo Ferrari, quien entonces estaba a cargo de la Secretaría de Seguridad. Su parentesco con el actual ministro de la Corte salteña le permitió acceder a un lugar delicado. Por esos días los jueces de instrucción estaban en el ojo de la tormenta, porque eran quienes estaban en contacto directo con una policía muy cuestionada. La situación era tan grave que Romero debió retirar a los presos de las comisarías y crear la Alcaidía General. Basta recordar que Aldo Saravia, Roberto Elio Gareca y Luís María Agüero Molina eran los jueces de esa primera trinchera de batalla. Hombres duros en el mundo de los abogados. Los jueces de instrucción siempre estuvieron en contacto con la tortura policial. A ese reducido club ingresó Martín Pérez en 2002. Lo hizo de la mano de su primo, entonces Secretario de Seguridad quien dirigía esa misma policía brava.

Once años después llegó el ascenso para el juez Pérez. Esta vez lo hizo con la venia del gobernador menos apreciado por su primo Gustavo. El ascenso se concretó apenas 48 horas después de haber elevado a juicio oral la causa de las turistas francesas. Al decreto lo firmaron el Gobernador Juan Urtubey, la Ministra de Justicia, María Inés Diez y el Secretario General de la Gobernación, Ramiro Simón Padrós. Fue el 2090/13 del día 15 de julio de 2013. Fue publicado por el Boletín Oficial Nº 19.105 del 17 de julio de ese año. El texto legal dice que “el Gobernador de la Provincia decreta: Articulo 1: designase al Dr. Martín Fernando Pérez, en el cargo de juez de la cámara primera en lo criminal del distrito judicial del centro, a partir de la fecha en que tome posesión de sus funciones”.

Fue hace menos de un año. Hoy pocos quieren una foto a su lado. El magistrado habló con algunos medios nacionales y alguna que otra radio local amiga. Todas entrevistas que le aseguraran no tener preguntas difíciles. Era un secreto a voces en los pasillos de tribunales que el Pérez quería imperiosamente sacarse la causa de las manos. Mientras tanto se dialogaba por ese tan esperado ascenso. Después de todo un camarista gana unos 35 mil pesos al mes. Tanto se pretendía desligar del caso que debió, en dos oportunidades, elevar la causa a juicio porque en la primera oportunidad la elevación fue rechazada bajo el argumento de requerirse una mayor investigación. El resto es historia conocida: un viaje a Francia y la promesa a los familiares de las víctimas que la cosa estaba cerrada y que tenían a los culpables. Después una canción repetida para la aldea salteña: el caso está resuelto y los policías premiados por buenos investigadores. Pero la zamba fue otra. Un caso con criminales impunes y una vergüenza generalizada. Una investigación espantosa que toda la sociedad advertía sumamente viciada. Por lo menos dos de los abogados defensores en el caso de las turistas asesinadas lo acusaron de negación de Justicia. Hay hechos puntuales dentro del proceso inicial que podrían ser utilizados como detonantes del jury de enjuiciamiento. Habrá que ver si realmente hay voluntad política de limpiar un poco la mancha que quedó sobre la Justicia salteña.

Jueces con carrera

A diferencia del juez de instrucción, los miembros del tribunal de juicio hicieron un excelente trabajo. Los jueces que realizaron el juicio oral y público contra los tres imputados por el doble crimen de San Lorenzo son lo más experimentado dentro del tercer poder del Estado. Durante todo el proceso mostraron categoría. La sentencia habló por sí misma. Los tres magistrados trabajaron juntos durante los últimos 20 años.

El presidente Ángel Amadeo Longarte ingresó a la Justicia y fue haciendo carrera desde el puesto de secretario que lo fue de todas las instancias, incluida la Corte de Salta. Ingresó al poder judicial como secretario el 5 de febrero de 1980. Es juez de cámara desde el 29 de diciembre de 1990. Lleva 24 años en el cargo. Uno de los vocales del tribunal es longevo en la función pública: Bernardo Ruiz fue fiscal, juez, defensor y ahora es camarista. Ingresó al poder judicial como secretario el 13 de octubre de 1967. Es juez de cámara desde el 1 de febrero de 1984. Suma 30 años en su último puesto pero tiene más tiempo juzgando. El otro de los vocales de la Sala II, Héctor Pucheta, ingresó al poder judicial el 21 de mayo de 1973. Fue defensor oficial y el primer juez de ejecución de sentencia de la provincia. Lo nombró en ese cargo Roberto Romero. Su juzgado funcionaba dentro de la cárcel. Es juez de cámara desde el 1 de mayo de 1991. Se retiró con este juicio histórico.

La amenaza del jury

Volviendo a las declaraciones de Godoy sobre Martín Pérez, tras concluir el juicio oral y público por el crimen de las turistas francesas, el presidente de la Cámara de Diputados no ahorró críticas: “tuvimos un Juez de Instrucción que es un desastre, que no merece seguir siendo juez. Me parece que ha hecho la peor investigación de su vida y ha hecho quedar absolutamente mal a toda la Justicia”.

El “indio”, fue más allá en sus dichos y explicó el porqué: “cuando sos Juez de instrucción siempre viene un policía y te dice ‘esta es la pista que tenemos’, pero vos tenés la obligación de investigar absolutamente todo. Todas las otras pistas que a vos se te ocurran y podes recurrir a un montón de organizaciones legales para hacerlas. Podés pedir ayuda a donde vos quieras. Podés exigirle a la policía que amplíe la investigación a otro lugar. O sea, podés hacer absolutamente lo que querés. Debes controlar que los apremios ilegales no se pongan en ejecución como se pusieron aquí”. Según se desprende de sus dichos, Martín Pérez debería tener los días contados dentro de la Justicia salteña.

Con respecto al tribunal del juicio oral y público que culminó el pasado lunes, el legislador lo consideró correcto y con un fallo adecuado: “En la justicia la cosa es así, abajo -en los Juzgados de Instrucción- en caso de duda se procesa, y arriba -en la Cámara- en caso de duda se absuelve. Me parece que ese fue el resultado final. No había ningún elemento para condenar a estos dos señores (Daniel Vilte y Santos Clemente Vera) y sí había elementos más que suficientes para condenarlo a ese que se condenó (Gustavo Lasi)”.

A su entender la Justicia debería seguir investigando, porque la investigación de la instrucción afectó en términos generales la credibilidad. En esa línea aseveró que no tiene nada que ver el nombramiento del juez Martín Pérez como camarista con la resolución del juicio. Después de todo ese nombramiento lo firmó el gobernador. “Para mí eso no significa nada, en eso se rinde y lo aceptas o no”, precisó. No obstante aclaró que su opinión al respecto de Pérez no lo inhibirá en el caso de que se plantee un Jury de enjuiciamiento. “Este Juez solamente siguió el dictado de los investigadores policiales”, enfatizó y agregó: “a confesión de parte relevo de pruebas. El señor que era Secretario de Seguridad de la Provincia, Aldo Rogelio Saravia, se sentó ahí y dijo que estaban apurados por resolver el caso. Eso no lo puede permitir un Juez. Puede ser que el Secretario de Seguridad lo apure y le diga al Juez ‘¿Qué pasa?’ y lo empiece a apurar. Pero el Juez lo tiene que sacar corriendo, es decir ‘Yo tengo mi propio tiempo y voy a hacer la investigación que quiera’”. Las palabras de Manuel Santiago Godoy tienen el peso propio del cargo que ocupa.

Por supuesto que el legislador debería ser consciente también que ese juez de instrucción tuvo un querellante como Horacio Aguilar y un fiscal como Eduardo Barrionuevo. La turbiedad del proceso inicial tampoco la puso solamente el juez Pérez. Aunque Godoy prefiera no recordarlo, Pablo Kosiner era el Ministro de Seguridad de entonces. En los carteles que ambos compartieron en 2011 se leía la frase “Hombre de Ley”, debajo del rostro del actual diputado nacional. Es cierto que la realidad de Pérez parece complicada a futuro, pero tampoco la política puede sacarse la responsabilidad que le toca.