Mauricio Caminos

“No quiero naturalizar lo del juicio político. Es un tema muy grave”. La preocupación de un importante diputado macrista se escuchó frente a un paisaje de verano rodeado de montañas. En pleno receso de enero, no hay legislador que pueda esquivar el derrotero de la iniciativa contra la Corte Suprema de Justicia que el Gobierno echó a correr desde las primeras horas del 2023. 

El proyecto de pedido de remoción de los magistrados Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti ingresa este miércoles en la Cámara de Diputados, puntualmente en la comisión de juicio político, que preside la oficialista Carolina Gaillard. Ayer la propia Casa Rosada hizo circular el texto: lo firmaron Alberto Fernández y doce gobernadores peronistas, entre ellos el bonaerense Axel Kicillof, del círculo de confianza de Cristina Fernández de Kirchner.  El entrerriano Gustavo Bordet, que figura en la lista, al fnal se bajó.

Como argumentos de “mal desempeño” para justificar el proceso, la iniciativa abunda en las revelaciones de los supuestos chats entre el colaborador de Rosatti, Silvio Robles, y el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, así como en el reciente fallo por la coparticipación en favor de la Ciudad. También se apuntaron ciertas declaraciones de Rosatti como “condicionantes” de la división de poderes y la intervención del Consejo de la Magistratura del año pasado.

Mientras en el oficialismo ya tienen letra para que avance políticamente el expediente, en la oposición se recoge una sensación de cautela y miradas alarmistas. Hay especulaciones sobre las causas de porqué se impulsa, y mucha incertidumbre sobre las consecuencias: por la trascendencia pública que tendría, el procedimiento podría derivar en una “Caja de Pandora” difícil de controlar, justo en un año electoral. En ese contexto, el arco opositor querrá imponer sus condiciones.

El FdT ostenta 16 de las 31 firmas de la comisión, una mayoría ajustada pero válida para que se tramite el expediente y se apruebe el dictamen. La imposibilidad de recoger los dos tercios de votos es casi seguro que haga fracasar la iniciativa al llegar al recinto, pero los opositores esperan ponerle un freno antes. Juntos por el Cambio tiene en total 14 diputados en la comisión. El restante lugar es del lavagnista Alejandro “Topo” Rodríguez, presidente del Interbloque Federal. 

Causas y consecuencias

Conocido el proyecto de juicio político a la Corte, no tardaron los rechazos de la oposición, que ya se venían manifestando desde el 1 de enero. “El único plan del kirchnerismo es el objetivo de impunidad”, lanzó ayer Maximiliano Ferraro, presidente de la Coalición Cívica y miembro de la mesa nacional de JxC. El principal bloque opositor tiene varias de sus espadas en la comisión: el segundo en el cuerpo de trabajo es el lilito Juan Manuel López; y son secretarios Mario Negri, jefe del bloque de la UCR; Omar de Marchi, diputado del PRO y vicepresidente primero de la Cámara baja, y Álvaro Gustavo González, también del PRO. 

Para el “Topo” Rodríguez detrás de la jugada hay una búsqueda electoral del Presidente, actualmente desdibujado en el mapa de la coalición gobernante. “Inició el año con un operativo de instalación política para ser candidato y buscar la reelección. Eligió el peor camino”, sostuvo a elDiarioAR el diputado, que el año pasado se opuso también a un proyecto de remoción contra el mandatario. Señaló que la jugada solo profundizaría la llamada “grieta” entre kirchnerismo y macrismo.

Alberto Fernández y el grupo de gobernadores que ayer firmó el proyecto de juicio político contra la Corte. Prensa Gobierno

El primer paso para que formalmente comience la discusión parlamentaria tendrá que ser un decreto presidencial convocando a sesiones extraordinarias, dado que el Congreso está en receso hasta el 1 de marzo. Hasta ayer, según pudo saber elDiarioAR, no había habido contactos entre los miembros de la comisión para “preparar el terreno”. 

“Esto puede derivar en cualquier cosa”, advirtió uno de los opositores integrantes de la comisión. La relación no es la mejor entre el FdT y JxC, sobre todo desde que en noviembre fracasó la renovación del mandato de la massista Cecilia Moreau como presidenta de la Cámara. Eso cortó todos los canales de diálogo y el procedimiento contra los jueces de la Corte podría solo enrarecer más el clima.

Uno de los puntos que alertó un legislador de JxC sobre la discusión que vendrá es que en la comisión ya hay formalizados varios pedidos de juicio político contra el propio Fernández. “Si abren el debate, vamos a exigir que también se tramiten nuestros expedientes”, adelantó el diputado. Solo en diciembre pasado ingresaron siete proyectos de ese calibre, todos contra funcionarios del Gobierno: cuatro al Presidente, uno a la vice, y dos al ministro de Seguridad, Aníbal Fernández. En todo el año hubo 17 proyectos de resoluciones, principalmente apuntando a miembros del FdT.  

Otro de los fusibles políticos que podrían saltar es la deriva pública del proceso de investigación y sumario, competencia de la comisión antes de firmar el dictamen que tiene que votar el pleno del recinto. Como ya contó elDiarioAR, el primer paso del juicio político tiene una ventana de 60 días con los mismos condimentos de un procedimiento penal, pero de trascendencia incierta: podría solicitarse información a jueces federales, pedirle a un juez que ordene interceptar conversaciones telefónicas sobre los imputados y hasta la declaración de los acusados, además de a testigos.

Si la comisión lo considera, en ese momento podrían desfilar desde Rosatti –como “imputado”– a Cristina –como “testigo”–. Es probable que se abra una instancia de negociación política entre el FdT y JxC, ya que hay incertidumbre de qué puede pasar. “Nosotros podríamos pedir nuestros propios testigos, no se la van a llevar tan fácil”, comentó una espada cambiemita. “El oficialismo no puede convertir esto en una Corte marcial”, consideró otra voz opositora. 

En la vereda opuesta al kirchnerismo ven una clara intención de desgastar públicamente a los jueces durante el sumario. “Se van a insumir horas y horas en este proceso que solo busca un rédito político”, adelantó uno de los consultados. “Van a ir por lana y saldrán esquilados”, agregó.

Parte de la búsqueda del impacto que el oficialismo quiere lograr la reveló ayer la diputada Vanesa Siley, también consejera en la Magistratura. “El juicio político debe tener transparencia y contar con la participación de la sociedad civil”, dijo en declaraciones a Radio 10. “Es muy importante que un presidente de la Nación con gobernadores inicien un juicio político y defiendan la democracia. Los pedidos de este tipo tienen que tener un proceso de investigación como cualquier procedimiento judicial”, explicó. 

Un dato no menor para el futuro de la comisión es que al momento de aprobar el despacho al recinto todos los legisladores del FdT tienen que estar presentes, ya que cualquier ausencia circunstancial en la ajustada mayoría que tienen podría hacer peligrar sus intenciones. También es relevante que los 16 legisladores kirchneristas aparecen –a priori– de acuerdo con la avanzada contra la Corte, sustentada por el bloque de gobernadores. No la apoyan, sin embargo, el sanjuanino Sergio Uñac y el puntano Adolfo Rodríguez Saá. Tampoco el santafecino Omar Perotti. Ninguno de esos mandatarios tiene alfiles en la comisión.