Más de dos meses después del fallo adverso en el juicio por YPF, que obligó a la Argentina a pagar casi US$16.100 millones por la estatización que se llevó a cabo en 2012 durante el último mandato de Cristina Kirchner, una nueva decisión por parte de la jueza Loretta Preska beneficiaría al país al acceder al pedido de evitar depositar la totalidad, pero con ciertas condiciones.

La jueza Loretta Preska de la Corte del Distrito Sur de Nueva York en los tribunales de Estados Unidos determinó este martes que la Argentina tiene hasta el 5 de diciembre para depositar un activo que sea del agrado de los demandantes.

Esta misma jueza había definido meses atrás en una sentencia los parámetros a seguir para determinar la indemnización que el Estado argentino debería pagarle al fondo Burford Capital, que presentó una demanda en Nueva York exigiendo una indemnización por la estatización de la petrolera. La decisión de la jueza colocó a la Argentina en el peor escenario posible, al rechazar todos los argumentos presentados por los abogados del país y respaldó los argumentos de los demandantes, avalando el cobro de la máxima indemnización posible.

El Gobierno apeló a la decisión y ahora encuentra una instancia de negociación. Aunque el resultado no es el esperado. “Esta Argentina no lo va a hacer, veremos qué pasa a partir del 10 de diciembre”, explicó a LA NACION Sebastián Maril, Director Regional de Latam Advisors y uno de los mayores expertos en este tema. Y precisó: “La Argentina por un lado salió victoriosa en que no tiene que depositar garantía equivalente a US$16.000 millones de dólares, que es el fallo, pero perdió en su intención de no depositar nada”.

Esta decisión sucede poco después de que el presidente electo de la Argentina, Javier Milei, anunciara que buscará privatizar las empresas públicas. “A YPF primero la tienen que recomponer. Desde que el señor [Axel] Kicillof decidió estatizarla, el deterioro que han hecho de la empresa en términos de resultados para que valga menos que cuando se la expropió... Evidentemente lo que primero que hay que hacer es recomponerla”, había declarado Milei.

Sin embargo, este fallo no está vinculado con las decisiones de la política argentina. Así lo confirmó Maril: “No tuvo nada que ver con la privatización. Se viene escribiendo hace semanas. Coincidió que salió hoy, pero la jueza Preska no publica nada con intencionalidad política ni remotamente similar a eso”.

También, Preska pidió suspender posibles embargos considerando la totalidad del fallo, pero la Argentina debe depositar un monto menor si quiere evitar embargos. Sobre esto, no hubo precisiones, pero se deberá negociar entre ambas partes. “Es un beneficio, en mi opinión, un sentarse a negociar. Es complejo explicar cómo funcionaria el proceso y una negociación entre ambas partes y porque el presidente electo debería negociar y no patear la pelota hacia adelante como venimos haciendo hace ocho años...”, concluyó el Director Regional de Latam Advisors.

La estatización de YPF, impulsada por Cristina Kirchner y llevada adelante por Kicillof, fue avalada por el Congreso en una votación que contó con el respaldo del kirchnerismo, pero también de algunos de los miembros actuales de Juntos por el Cambio, en particular, el radicalismo.

El proceso de estatización de la petrolera, que estaba bajo el control de la española Repsol, dejó dos frases históricas de Kicillof. “Quédense todos tranquilos, esto está estudiado en profundidad”, dijo al defender la decisión. El arquitecto de la política económica del segundo mandato de Cristina Kirchner dejó otra afirmación que terminó siendo utilizada por los abogados de Burford en el juicio, y quedó estampada en la sentencia de Preska: “Los tarados son los que piensan que el Estado tiene que ser estúpido y comprar todo según el estatuto de YPF”, afirmó.

El juicio por la estatización de YPF fue originalmente iniciado en 2015 tras la quiebra del Grupo Petersen, que ingresó a YPF de la mano de Néstor Kirchner. Burford Capital, un fondo especializado en este tipo de litigios compró en España las quiebras de Petersen Energía Inversora y Petersen Energía, dos compañías que los Eskenazi habían creado, para poder presentar la demanda en Nueva York contra la Argentina.

El juicio por la estatización de YPF quedó en manos de Preska, heredera del tribunal que encabezada el fallecido juez Thomas Griesa, quien llevó la causa de los llamados “fondos buitre”. Luego de años de presentaciones y mociones judiciales, el juicio se realizó finalmente en julio de este año. YPF logró salir ilesa de la causa, sin tener que afrontar costos para la compañía, pero Preska falló en contra de la República Argentina, alegando, básicamente, que la manera en la cual el gobierno de Cristina Kirchner llevó adelante la estatización violó los estatutos de la compañía, y Burford, dueña de los activos del Grupo Petersen, tenía derecho a una indemnización.