El juicio contra el represor José Darío Mazzaferri, quien está procesado por secuestros, torturas y otros crímenes de lesa humanidad cometidos en Concepción del Uruguay durante la dictadura, continúa demorado a pesar de que en su contra pesan innumerables pruebas. El expolicía federal permaneció prófugo durante cuatro años; por eso no estuvo en el banquillo en el juicio oral y público por los delitos acumulados en la causa Harguindeguy, que se desarrolló en 2012.

Al respecto, el fiscal general ante el Tribunal Oral Federal de Paraná, José Ignacio Candioti, manifestó la necesidad de que el expediente se eleve a juicio, a fin de que se pueda realizar el debate oral y público durante el año en curso. Para que esto suceda, se necesita una serie de pasos administrativos que se inician con el requerimiento de elevación a juicio de parte de la Fiscalía Federal de Concepción del Uruguay.

Mazzaferri tiene procesamiento firme de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná desde diciembre de 2014. La defensa llevó el expediente a la Cámara Federal de Casación Penal, pero al tratarse de un recurso extraordinario, no impide el envío de la causa al TOF de Paraná. Paralelamente, fue indagado por otros dos hechos que no estuvieron incluidos en la primera acusación.

“Confío en que la causa Mazzaferri llegue pronto al Tribunal Oral Federal de Paraná, a efectos de que se pueda realizar el juicio oral y público en el presente año 2015”, manifestó Candioti ante la consulta de UNO. Tal expectativa se basa en que el procesamiento se encuentra confirmado por la Cámara de Paraná. 

El fiscal explicó que una vez que llegue el expediente al tribunal, los jueces Roberto López Arango, Noemí Berros y Lilia Carnero dispondrán de 15 días para citar a las partes a juicio y para que estas ofrezcan la prueba. “El tribunal seguramente con celeridad, como lo ha hecho siempre en este tipo de causas de lesa humanidad, va a proveer la prueba y fijar fecha de audiencia”, sostuvo.

También, a pedido de algunas de las partes, el tribunal podría tener por proveída la prueba que ya se puso a consideración en el juicio por la causa Harguindeguy. Con esto se evitaría que algunos testigos deban volver a pasar por la experiencia traumatizante de relatar los atroces crímenes que debieron soportar, al tiempo que se avanzaría más rápidamente.

Mazzaferri está acusado como coautor de los delitos de asociación ilícita, violación de domicilio, detención y privación ilegal de la libertad y torturas contra ocho víctimas, algunas de las cuales eran estudiantes secundarios. Los crímenes se cometieron en la delegación Concepción del Uruguay de la Policía Federal, donde el imputado prestaba servicios durante la dictadura con los cargos de subinspector e inspector y el área de Inteligencia.

Fue incluso señalado por las víctimas como uno de los integrantes de la patota que secuestraba a los estudiantes secundarios perseguidos por razones políticas y a otros dirigentes y militantes de Concepción. También fue señalado como uno de los encargados de ejecutar las torturas con picana eléctrica y otros métodos inhumanos. A raíz de las secuelas que les dejaron los tormentos padecidos y el hecho de haber sido detenidos-desaparecidos siendo adolescentes, muchas de las víctimas debieron atravesar tratamientos psiquiátricos por estrés postraumático.

Al expedirse en diciembre, la Cámara consideró que “existen sobrados elementos para la confirmación del auto de procesamiento recurrido”. A esto se suma que, por estos hechos, en 2012, mientras Mazzaferri estaba prófugo, fueron condenados los también policías federales Juan Carlos Rodríguez y Francisco Crescenzo. 

Un experto en fugas

Mazzaferri fue capturado en diciembre de 2013 luego de permanecer cuatro años prófugo  y existiendo una importante oferta monetaria de recompensa para quien brindara datos sobre su paradero. Fue hallado en la provincia de Buenos Aires por mantener contacto con su familia.