Los jueces declaran ilegales en los tribunales varias supuestas causales de ese juicio contra el máximo tribunal del país. Pícara y rápida, Cristina Kirchner abandonó de pronto el silencio que se impuso desde diciembre para salir enfurecida contra una resolución del juez Sebastián Ramos, que archivó una causa que investigaba al vocero del presidente de la Corte, Silvio Robles. Sabe que esa causa, que se sostenía en conversaciones telefónicas entre Robles, el colaborador del juez Horacio Rosatti, y el ministro de Justicia y Seguridad de la Capital en uso de licencia, Marcelo D’Alessandro, era una de las insignificantes razones que sus fanáticos en la Cámara de Diputados harían flamear durante el obsceno espectáculo del juicio político. Será solo un juicio político en la comisión respectiva porque nunca llegará al recinto del cuerpo. Un gobierno en retirada, débil y sin mayoría en el Congreso no tiene otro destino que el fracaso para sus alocadas ideas. Tal vez por eso recurrirá mañana a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas con un planteo cargado de afirmaciones falsas y de viejos prejuicios. Ridículo: un gobierno que se siente perseguido, mientras persigue.

La otra causa por la que los kirchneristas insisten con el juicio político es la presencia del juez Juan Carlos Maqueda, miembro de la Corte, en una causa que investiga presuntas irregularidades en la obra social del Poder Judicial. La presencia de Maqueda en ese expediente fue siempre una operación política para quebrar moralmente al juez. Ese magistrado es solo un interlocutor entre la obra social y el resto de la Corte; nunca tuvo injerencia en las decisiones de la obra social. El fiscal Carlos Stornelli le pidió al juez Ariel Lijo, a cargo de la causa, el archivo del expediente porque no encontró nada que inculpara a Maqueda. Ahora se sabe que a fines de diciembre último en el despacho de Lijo se redactaba una resolución del juez que establecía que Maqueda nunca estuvo imputado en esa causa y que no existe ninguna posibilidad de que sea imputado en el futuro. Es más que un sobreseimiento; la resolución dice directamente que nunca estuvo ni siquiera imputado. Esa resolución del juez solo podría ser apelada por el fiscal Stornelli, pero este ya había pedido el archivo de la causa. No apelará, por lo tanto. La causa contra Maqueda quedará cerrada y sellada. El expediente por la obra social de los judiciales quedará abierto en una cuestión referida a contratos (documentos que el juez aguarda), pero en los que nunca se involucró a Maqueda.

A su vez, la resolución del juez Ramos sobre el caso de las pinchaduras telefónicas a D’Alessandro y Robles es también una dura advertencia sobre “actividades de inteligencia ilegal”, como el magistrado las calificó. Es la costumbre del kirchnerismo: arma causas judiciales de la nada o con elementos obtenidos ilegalmente por los servicios de inteligencia. Eran hechos asiduos durante los mandatos de Cristina Kirchner; lo siguen siendo durante la gestión de su ahijado Alberto Fernández, ya caído en desgracia. Sea como fuere, el juez Ramos subrayó especialmente que el Estado no puede violar el derecho a la intimidad de los ciudadanos y destacó la intangibilidad de la vida privada. Esas garantías, escribió, se violaron durante la dictadura militar. Vale la pena detenerse en este último párrafo. El derrumbe político del cristinismo es proporcional a su derrumbe moral.

Cristina Kirchner cometió dos errores garrafales en su estampida de furia contra la resolución del juez Ramos. Uno de ellos fue acusar al fiscal Stornelli, una de sus bestias negras, de “impulsar la Operación Puf”. Stornelli fue víctima, no promotor, de esa operación, que intentó apartarlo de la causa de los cuadernos. Lo de “Puf” fue una pobre creación de uno de sus seguidores, el diputado Eduardo Valdés, aquejado de incontinencia verbal. Valdés fue sorprendido en una conversación telefónica con reos kirchneristas en la cárcel de Ezeiza. Esas intervenciones telefónicas habían sido perfectamente autorizadas por un juez, tal como manda la ley. El otro error consiste en reprocharles a los jueces de la Cámara de Casación Mariano Borinsky y Gustavo Hornos haber reabierto la causa por el memorándum con Irán, iniciada por el fiscal Alberto Nisman, porque se respaldaron en una conversación telefónica entre el excanciller Héctor Timerman y el entonces presidente de la AMIA Guillermo Borger. Borinsky y Hornos ordenaron, en efecto, reabrir la causa, pero consideraron que esas conversaciones no eran una prueba legítima y que debían ser investigadas en primera instancia. La conversación telefónica entre Timerman y Borger no fue el motivo de la reapertura de esa causa.

Entre los errores de la vicepresidenta (¿quién la asesorará o es ella sola la que comete semejantes desatinos jurídicos?), la virtual absolución de Robles, el asesor del juez Rosatti, y la desvinculación del juez Maqueda de cualquier causa penal, todo permite concluir que el juicio político se cayó antes de empezar. Solo quedan las sentencias de la Corte, pero los jueces no pueden ser juzgados por sus sentencias, según la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esa misma Corte señaló que un juicio, sea político o no, debe preservar las garantías del debido proceso y las condiciones del juicio justo. El espectáculo que prepara el cristinismo en la Cámara de Diputados solo podrá ser un juicio plebiscitario (que es la contracara de un juicio) y una epifanía del fanatismo.

El príncipe del macaneo, si no hay cosas peores, es Sergio Massa. El ministro de Economía anunció la compra de deuda argentina por 1000 millones de dólares. La deuda pública total de la Argentina, en todas las monedas, es de 381.000 millones de dólares. ¿Para qué sacrificaron 1000 millones de dólares, un gota de agua en un océano, en la compra de bonos que vencerán dentro de siete años? Desde que Alberto Fernández está en la Casa de Gobierno, el país carece dramáticamente de dólares. La escasez de divisa norteamericana es tal que Massa recurre a cualquier método (cualquiera le viene bien) para retener algunos, pocos, dólares en el Banco Central. De hecho, las clínicas y los sanatorios privados están sufriendo el atraso en las autorizaciones de importación de insumos esenciales. Por ejemplo, de repuestos para importantes instrumentales médicos o para la reposición de material descartable. Esos establecimientos médicos necesitan de 3000 productos descartables. Otros institutos especializados en análisis más complejos para detectar enfermedades graves también padecen el atraso de importaciones de insumos. Las demoras son de entre 45 y 50 días. En cuestiones de salud el tiempo puede ser un aliado o un enemigo; todo depende de la rapidez o la tardanza en localizar algunas enfermedades. El resto de los empresarios deben aceptar la extorsión que viene de Massa: tendrán dólares para comprar insumos en tanto se incorporen al programa Precios Justos. Si no se incorporan, no tendrán ningún lugar bajo el sol del massismo. Ni las camisas pardas de Pablo Moyano ni las extorsiones logran, sin embargo, destrabar los dólares para las importaciones. La industria comienza a paralizarse.

Una sombra de sospecha se acomodó sobre esa operación de compra de deuda anunciada por Massa. ¿Fue simple marketing o hubo alguna maniobra menos inocente? El pistoletazo inicial lo dio Alfonso Prat-Gay cuando en un tuit deslizó una frase llena de suspicacia: “Esperemos que ningún funcionario haya comprado esos títulos recientemente”. El exministro se refería a los extraños movimientos que hubo en los días anteriores sobre esos bonos que compró Massa. “Todo es muy raro”, dijo después Prat-Gay. Diputados de Juntos por el Cambio pidieron luego que la cámara llamara a Massa para ser interpelado. El escándalo por la compra anticipada de deuda, por un monto insignificante, en un país en el que hasta sus enfermos deben esperar porque los insumos médicos importados no se pueden pagar, solo parece haber comenzado. Ya es sospechoso que el ministro haya anunciado la compra de bonos antes de la apertura de los mercados cuando lo que correspondía era, en todo caso, que informara luego de que la compra se hubiera realizado. El ministro terminó anticipando una investigación propia sobre esa operación. Una confesión de parte (relevo de pruebas, por lo tanto) de que las cosas no fueron transparentes. Massa es así: corre entre los anuncios fatuos, las sutiles o explícitas extorsiones y la sospecha de que tiene dificultades para divisar los límites morales.