Julio Conte Grand, el procurador general de la Suprema Corte de Justicia bonaerense que fue designado durante el gobierno de María Eugenia Vidal, está desde hace meses en el centro de las principales críticas del Frente de Todos (FdT). Lo acusan de mal desempeño en sus funciones y de ser parte de la mesa judicial del PRO que emergió a la luz con el video de la Gestapo-gate. Ante esto, el oficialismo buscará su destitución con el inicio de un juicio político en su contra, aunque para ello no tenga aún los votos necesarios para avanzar con el proyecto en la Legislatura. En principio, el oficialismo necesitará sumar 18 voluntades en la Cámara de Diputados y ocho en el Senado para lograrlo. En este sentido, las espadas legislativas del gobernador, Axel Kicillof, adelantaron que buscarán el acompañamiento de los bloques minoritarios, como la izquierda y los libertarios, como así también el de los integrantes de la Unión Cívica Radical (UCR), la Coalición Cívica (CC) y también algunos del bloque amarillo. El río revuelto de Juntos es el lugar donde el oficialismo va a pescar los votos.

El peronismo sabe que el proceso para destituir al secretario Legal y Técnico durante la gestión anterior no será un trámite sencillo. Por eso la conferencia de prensa a la que convocaron este martes en el Anexo de la Cámara de Diputados buscó desde un primer momento un marco de institucionalidad. Es que será en esa misma Cámara en la que comenzará a moverse el proyecto de juicio político que anunciaron el presidente del bloque Juan Valicenti y sus pares del Frente Renovador Rubén Eslaiman y del Frente Grande Susana González. 

En esta instancia, si el oficialismo quiere acelerar un poco el proceso y tratar sobre tablas la iniciativa, es decir, sin tratamiento en comisiones, deberá contar con las manos levantadas de los dos tercios de los presentes y el mismo número para la primera etapa de aprobación. Teniendo en cuenta que con la reciente incorporación de la diputada del Partido Fe Natalia Sánchez Jaúregui asciende a 43 el número de escaños del oficialismo, el FdT deberán conseguir otros 18 votos en la oposición.

Según pudo saber Letra P, el oficialismo pretende, en principio, conseguir las bancas que le faltan en el monobloque 17 de Noviembre de Fabio Britos y en el sector libertario Avanza Libertad, que integran Guillermo Castello, Nahuel Sotelo y Constanza Moragues Santos -que fueron clave en la votación para modificar la ley que pone límites a las reelecciones. Pero, como de lograrlo igualmente no les serán suficientes, buscarán “persuadir” a quienes integran la UCR, la CC e incluso a integrantes del PRO. La estrategia para eso será mostrar que ellos también fueron víctimas del espionaje ilegal y que deberían acompañar una iniciativa que se presume contribuirá a tener mayor transparencia y eficacia en un área sensible como lo es el Ministerio Público Fiscal.

Las fisuras en el bloque de 41 diputados y diputadas de Juntos entusiasman al oficialismo, que buscará el acompañamiento de algunos de ellos, sobre todo después de la feroz interna en Diputados por el tema reelecciones. No sólo hubo cruces y chicanas entre el presidente del bloque mayoritario de la oposición, Maximiliano Abad, con el representante del vidalismo Alex Campbell, sino también una clara división de conducción, en la que los intendentes del partido amarillo y la exgobernadora se paran, en algunas cuestiones, en veredas opuestas.

“Si prospera se debe designar una comisión integrada por cinco miembros que deberán verificar la documentación que se aporte para poder formalizar la acusación ante el Senado y que ese cuerpo haga su juicio de mérito al juicio político al procurador y decida el apartamiento preventivo”, remarcó Valicenti durante la conferencia de prensa de la que participó Letra P. 

Su declaración va en sintonía con el artículo 74 de la Constitución bonaerense que establece que, “cuando se deduzca acusación por delitos comunes contra los funcionarios acusables por la Cámara de Diputados, no podrá procederse contra sus personas sin que previamente el tribunal competente solicite el juicio político y la Legislatura haga lugar a la acusación y al allanamiento de la inmunidad del acusado”.

Una vez logrado eso, el bloque oficialista en el Senado que preside Teresa García, una de las más acérrimas detractoras del funcionamiento de la Procuración, también deberá juntar los dos tercios. La buena noticia para Kicillof es que las últimas elecciones emparejaron la relación de fuerzas políticas en ese cuerpo. Hoy, el FdT tiene la misma cantidad de senadores y senadoras que la oposición: 23. Eso sí, la inexistencia de bloques aliados los obligará a negociar con expertiz. El proyecto destitución recién se inicia.