Es por el crédito express de 10 millones de pesos a Omar "Cura" Segundo, el cual nunca fue devuelto. Buzzi habló de "persecución política".

Por un planteo de la abogada del ex gobernador Martín Buzzi se pospuso la audiencia preliminar para definir si elevarán a juicio oral la causa en la que se investiga el otorgamiento presuntamente irregular de un crédito express de 10 millones de pesos a Omar «Cura» Segundo.

El hecho ocurrió en 2013 cuando el empresario de Puerto Madryn era dueño de Alpesca.   

La abogada defensora  

Valeria Corbacho, patrocinante de Buzzi, solicitó la recusación de los fiscales Daniel Báez y Silvia Pereira, así como del Fiscal de Estado Diego Martínez Zapata, quien es querellante en la causa. Será el procurador General, Jorge Miquelarena, quien deberá resolver ahora la situación.

También recusó al Fiscal de Estado Diego Martínez Zapata. Tras la realización de los planteos de la defensora, el juez de la causa, Fabio Monti, rechazó el pedido de apartamiento de Martinez Zapata ya que la recusación del querellante no está prevista en el Código Procesal Penal de Chubut. Por su parte, según la ley, el Procurador Jorge Miquelarena deberá resolver sobre la recusación a los fiscales Báez y Pereira.   

El fiscal Daniel Báez sostuvo que la recusación que realizó la defensa "es una puesta en escena" y una "maniobra dilatoria".   

Pedido de captura y detención para uno de los imputados El juez Monti, previo a los plantos de las partes, declaró la rebeldía y captura para Diego Hernández, uno de los imputados, por no estar presente en la audiencia. Finalizando la audiencia, su abogado defensor indicó que el mismo estaba en Gualjaina y que se iba a presentar voluntariamente. 

EL CASO 

El hecho ocurrió en 2013 cuando el empresario de Puerto Madryn era dueño de Alpesca. En la causa se encuentra acusados el ex gobernador Martín Buzzi, la actual diputada Gabriela Dufour, los ex ministros Carlos Eliceche y Pedro Zudaire; así como a los directores de CORFO, el organismo por el cual se otorgó el préstamo, Claudia Mundet, Gustavo Simón, Diego Hernández, Ernesto Siguero y Enzo Romero Belastín. Asimismo, Héctor Omar Segundo, su hijo Juan Paulo y el ex gerente de Alpesca, Carlos Molina, también están acusados, en calidad de partícipes necesarios.

 La calificación es por "fraude en perjuicio de la administración pública", ya que los fiscales sostienen que "existió un despliegue de actos engañosos a fin de aparentar legalidad a un acto de disposición patrimonial del Estado que en realidad no la tenía, contraviniendo las disposiciones legales que regían la materia, violando deberes propios y disponiendo patrimonialmente a través de un organismo autárquico –CORFO- de la suma de diez millones de pesos, sin garantías reales ni avales, ocasionando un perjuicio a la Administración Pública". Respecto a Segundo, los fiscales indicaron que el mismo "tenía acabado conocimiento de que no iba a poder devolver el "préstamo", siendo parte necesaria y esencial de la maniobra defraudatoria que luego se concreta a través de CORFO".