El jurado está integrado por siete miembros: el presidente Ariel Gustavo Coll, la fiscal de Estado Stella Zabala de Copes, los diputados provinciales Armando Felipe Cabrera, Agustín Samaniego y María Maglietti de Villagi y los abogados Gómez Machado y Roglan. De esta forma se puso en marcha el mecanismo procesal que desembocará en un juicio oral y público que tendrá en el banquillo de los acusados al doctor Zaracho, denunciado por haber emitido una gran cantidad de medidas cautelares que beneficiaron a unos 11 mil gendarmes.

Ayer a las 17 se reunieron en la sede del STJ y luego de analizar las actuaciones en curso, decidieron dar curso a la denuncia del Tesoro de la Nación, suspender en su cargo al acusado y correr vista al Procurador General para que en el término de diez prorrogables por otros cinco, formule la acusación formal, tal como dispone el artículo 20 de la ley 1095.

El procedimiento indica que luego de recibida la acusación, se correrá traslado a la Defensa de Zaracho por igual término, tras lo cual comenzará a regir un plazo de veinte días para producir aquellas pruebas que las partes consideren pertinentes. Finalmente, el Jurado deberá fijar la fecha del juicio oral y público.

LOS HECHOS

Los hechos que motivaron la denuncia de la Procuración del Tesoro Nacional se desencadenaron a principios de este año cuando en el Juzgado Civil y Comercial que por entonces subrogaba Zaracho, se presentaron 43 recursos de amparos reclamando a Nación que abone a 11 mil gendarmes sus haberes y los adicionales que aún sigue siendo materia de discusión y controversia.

Luego, Zaracho ordenó al Estado nacional que abone los haberes y adicionales reclamados por los gendarmes. Lo hizo a través de una infinidad de medidas cautelares, cuando justamente la naturaleza remunerativa de estos adicionales y especialmente la mecánica de la incorporación era lo que esaba en litigio como cuestión de fondo.

El magistrado sacó estas medidas pese a que resultaba incompetente de manera manifiesta, a punto tal que luego de firmar las cautelares, se apartó del expediente y giró las actuaciones al Juzgado Federal de Resistencia.

Por este caso se inició una exhaustiva investigación administrativa en la órbita del Superior Tribunal de Justicia y se conformó un jurado de enjuiciamiento para analizar la denuncia contra Zaracho. En este contexto, hace pocos días, el STJ sacó una resolución a través de la cual dejó sin efecto la subrogación que venía ejerciendo Zaracho al frente del Juzgado Civil y Comercial de El Colorado, hasta tanto concluya la investigación en curso, retomando así su cargo de origen de Defensor de Pobres y Ausentes de El Colorado, respecto del cual ayer fue suspendido por el Jurado de Enjuiciamiento.