El juzgado federal de Bahía Blanca en el que tramitan varias de las causas más importantes sobre violaciones a los Derechos Humanos durante la última dictadura -entre ellas la que tiene como investigado al empresario Vicente Massot, dueño del diario La Nueva Provincia- es un caos.

Así lo describió su nuevo juez interino, Alejo Ramos Padilla, en un informe que envió al Consejo de la Magistratura a poco de asumir sus funciones.

Las sucesivas subrogancias, las disputas internas entre funcionarios y empleados, y sobre todo la centralización de las causas de lesa humanidad en un único funcionario que acaba de pedir licencia médica dejando huérfanos sus expedientes convirtieron al juzgado federal número uno en un escenario típico de Macondo.

El reporte enviado por el juez interino al Consejo advierte que "los mayores problemas de orden jurisdiccional y administrativo se advierten en la Secretaria de Derechos Humanos". Su titular, Mario Fernández Moreno, es "el único secretario que no asistió y no asiste al juzgado" desde la llegada de Ramos Padilla. Fernández Moreno "centralizaba personalmente toda la atención de los expedientes más sensibles, información que no compartía con ninguna de las personas que lo acompañaban en su oficina de trabajo".

Entre esos expedientes se destacan los delitos cometidos en jurisdicción del Comando Quinto Cuerpo de Ejército y el Comando de Operaciones Navales. Allí está la causa en la que está investigado Massot. Son un centenar de imputados, un millar de víctimas, pero sólo cinco empleados. Las causas están hoy virtualmente paralizadas. "Debí suspender provisoriamente todas las audiencias previstas para los días venideros, ya que nadie tenía conocimiento de los asuntos", se quejó Ramos Padilla.

El juzgado era escenario de un festival de subrogancias a cargo de funcionarios y abogados, que desembocó en infinitas trabas para avanzar en las causas. "Habrá que analizar si esas denuncias cruzadas, sumarios y expedientes penales respondían a otros intereses".

En el descontrol, resultaron perjudicados los propios acusados por delitos de lesa humanidad: Ramos Padilla detectó un caso en el que "se hallaría vencido el plazo de prisión preventiva del imputado Carlos Enrique Villanueva", probablemente desde octubre del año pasado, pese a lo cual su situación de detención no se ha resuelto.

En el juzgado ocurrían hechos insólitos como que la guardia permanente de la Policía Federal "tenía llaves de acceso a la Secretaría y, de este modo, a todas las instalaciones, a los expedientes, documentación y demás efectos –incluso armas- que se hallaban dispersos en todos los despachos".

El nuevo juez subrogante dispuso "un inmediato cambio de guardia y de las cerraduras de las puertas de acceso a la Secretaría, así como que la guardia nocturna permanezca fuera de sus instalaciones para preservar el secreto de las actuaciones".

Ramos Padilla se encontró a su llegada con que "no existía información sobre la cantidad de personas detenidas a disposición del tribunal", paquetes de droga secuestrada en operativos "se hallan dispuestos algunos en muebles sin llave y en oficinas de otra Secretaría", 40 ‘panes’ de marihuana cuya incineración fue ordenada pero no cumplida.

Ante ese escenario, la Cámara Federal bahiense pidió (y consiguió) que la Corte Suprema anulara la puesta en funciones de Ramos Padilla porque el trámite formal lo cumplió el vicepresidente del Consejo de la Magistratura, Jorge Candis, y no el tribunal. También bombardeó al nuevo subrogante con pedidos de informes sobre cuestiones burocráticas.

"Observo un celo para saber por vía de superintendencia quién se encuentra conmigo en el despacho, quién me acompaña, si dispuse un cambio de escritorio, que no se compadece con la situación de gravedad que motivara la resolución de ese Consejo de la Magistratura y que caracteriza esta situación endémica de atrasos y deficiente prestación del servicio de justicia", respondió el juez.

Ayer, golpeó personalmente las puertas de la Cámara para que, tal como lo ordenó la Corte, lo pusieran nuevamente en funciones. Nadie le atendía los teléfonos.