La charla tuvo lugar minutos antes del mediodía del domingo. El hilo conductor de todos los tópicos que abordó el juez fue su hastío por la forma en que ocurren las cosas en la Justicia pampeana. Su afirmación respecto a la desconfianza que el sistema judicial le provoca vino atada de un episodio que tuvo lugar cuando investigó el caso de los "autos de alta gama", causa de la cual decidió apartarse tras ser objeto de una denuncia en su contra.

Salomone.

Tolosa recordó que el 4 de abril de 2011, justo en la fecha de su cumpleaños, LA ARENA publicó la noticia con el título: "Grave denuncia contra el juez Tolosa". El denunciante había sido Ezequiel Catini, quien había sido procesado por el juez piquense por el delito de estafas reiteradas en siete oportunidades.

El martillero denunció en una escribanía que Tolosa le sugirió que cambiara a su abogado, Jorge Gabriel Salomone, por un defensor oficial, porque el letrado que lo defendía era "el peor y el más caro". Ante ello, Salomone le pidió al Colegio de Abogados que interviniera en el tema y acusara al magistrado. Según Catini el diálogo con el juez se había producido el 10 de noviembre de 2010 en el despacho del funcionario judicial, un rato antes de ser indagado por la causa de las estafas con los autos de alta gama. En ese momento, Catini estaba en calidad de detenido e incomunicado.

"Fue una denuncia que hizo Salomone para sacarme de la causa, que, por supuesto, fue tratada por el Colegio de Abogados y el Superior Tribunal de Justicia de La Pampa. Salomone decía que eso afectaba su dignidad y honor. Ahora, digo yo, ¿mi dignidad y mi honor?", dijo Tolosa. El reproche del magistrado fue que nunca se publicó que la denuncia en su contra no había prosperado y que, por lo tanto, no había recibido sanción alguna.

Luego arremetió contra Salomone: "En esta sociedad mediocre en la que vivimos, como es General Pico, estas personas son consideradas personas de éxito, pero la mejor ayuda que tendría que haberle dado a su defendido fue pedir una eximición de prisión. Acá el abogado cometió un error y trató de sacarse la responsabilidad de encima echándole la culpa a otros".

Tolosa dijo que, a pesar del daño que aquella denuncia le había causado a él y a su familia, no iba a ir a la Justicia. "Como no confío en la Justicia no acudo a ella, porque lo considero una pérdida de tiempo. La tranquilidad me la da el hecho que la causa (contra CATIE) sigue", afirmó.

Justicia

Sobre su decisión de apartarse de la causa dijo que lo hizo por una cuestión de ética y limpieza y para no perjudicar la investigación. "Hice lo que tenía que hacer porque acá lo que hubo fue una intención de ensuciar la causa. Se buscó apartar al juez para que llegue otro, con otro criterio, pero eso no sucedió", dijo.

El fracaso en seguridad.

Los cuestionamientos que surgieron en las últimas horas a la política de seguridad del gobierno provincial también fueron foco de las críticas de Tolosa, quien apuntó contra el ministro de Gobierno, Justicia y Seguridad, César Rodríguez. "En su momento, tanto a él como al vicegobernador (Luis) Campo, les dije los problemas que había para poner en funcionamiento el nuevo Código Procesal Penal y los problemas están a la vista", dijo.

El magistrado recordó que su advertencia la lanzó en una reunión conjunta de funcionarios y jueces pero que los primeros hicieron oídos sordos. Pero en el caso de Campo fue más allá y recordó que no sólo no le hizo caso sino que colaboró en la puesta en vigencia del nuevo CPP y "colocó" a su propia hija al frente de la Oficina Judicial de General Pico. El juez aludió a la abogada Verónica Campo, quien, en su opinión, no tiene antecedentes para desempeñar esa función. En cuanto al concurso en que fue elegida, el magistrado afirmó que le hubiera gustado presenciarlo.

Deshumanizado.

La situación de los presos en las comisarías -a la que calificó de "totalmente irregular"- es otro de los temas que Tolosa cuestiona de la política actual de seguridad. Sobre todo por la presencia de personas con condenas firmes alojadas en destacamentos de la Policía de La Pampa. "Se lesionan derechos y garantías constitucionales, no se tienen en cuenta la situación legal, ni el perfil psicológico a la hora de alojarlos. En habitaciones de cuatro por cuatro metros hay alojados diez presos. Salen peor de lo que ingresan. Y no hay más muertos porque Dios los bendice todos los días", reflexionó.

Para el magistrado, el fracaso de las políticas de seguridad impacta directamente en la sociedad, que sufre las consecuencias. Aseguró que en General Pico y en Santa Rosa "todo el mundo" sabe quién vende la droga, quién la consume; que la policía usa, a veces, los móviles para cuestiones particulares y no para cuestiones funcionales; y que hay casos que marcan la deshumanización que existe actualmente. Como ejemplo puso la situación de Rodrigo Arias, el agente policial de 30 años, que fue atropellado por un móvil de la Seccional Segunda. El joven sufrió la fractura de una vértebra, lesión que lo dejó postrado, ya que no puede caminar. En los dos meses que lleva en reposo absoluto, desde la Policía sólo llamaron una vez para solicitar un certificado en el marco de un sumario interno que iniciaron a raíz del accidente. Nadie le preguntó cómo estaba, ni qué necesitaba.

"Estoy tramitando el retiro voluntario para alejarme de todo. Por algunas cuestiones de índole particular y por todas estas cosas. Yo reniego mucho. Hay gente que entra en la pasividad, pero yo no estoy más en eso", concluyó.

De Heguy a Hidalgo.

En su extensa charla con LA ARENA, Tolosa recordó que en su paso por la fiscalía actuó de oficio para investigar un caso de apología del crimen. Fue cuando el ex polista de Intendente Alvear, Alberto Pedro Heguy, en una entrevista que concedió a la revista El Gráfico, dijo que el dictador Jorge Rafael Videla, había sido un Cristo Pagano que había dado la vida por los argentinos.

"Fue el 30 de abril de 1999, en un reportaje que le hicieron en su campo de polo de Intendente Alvear, lo que me habilitó la jurisdicción para intervenir. Actué de oficio y le hice una causa por apología del delito. Era alguien reconocido ampliamente en el plano nacional, era director del Banco de La Pampa y dirigente del Mofepa", recordó.

Tolosa comparó el caso con el del cura Jorge Luis Hidalgo, quien fue denunciado por el mismo delito, aunque en este último caso ningún fiscal actuó de oficio. Esto último, para el magistrado confirma que la Iglesia, el Poder Judicial y los militares conservan sus "buenas relaciones".

Tolosa se mostró molesto por el destino que tuvo aquella causa contra Heguy. "Si yo me jugué, considero que no tiene que quedar en la nada. La sociedad tiene que tomar conocimiento de por qué quedó en la nada. Yo hice todo lo posible para que el procesamiento quede firme y que llegue a juicio. En forma posterior, ascendí como juez y de la causa no tuve más conocimiento", explicó.

La causa contra Heguy, después de estar cajoneada durante ocho años en la Cámara del Crimen, prescribió en junio de 2007. Los abogados defensores de Heguy habían interpuesto todo tipo de reclamos vinculados a cuestiones geográficas que llevaron a que la causa debiera ser dirimida en los tribunales porteños, por ser el domicilio legal de la revista deportiva.

Tomás Mustapich, actual ministro del STJ, entonces titular de la Cámara del Crimen 1 de General Pico, nunca envió el expediente a los tribunales de la Ciudad de Buenos Aires, además de no interesarse nunca por aquel caso que causó estupor en todo el país.

"Cualquiera que da la vida por los demás es un Cristo. Y, como él, Videla fue traicionado por algún discípulo y negado por la mayoría. Yo fui salvado por Videla. No podía mandar a los chicos al colegio porque la subversión amenazaba con poner una bomba por el solo hecho de ser una escuela católica", había dicho Heguy a El Gráfico.

Retiro voluntario.

Tolosa lleva veinticinco años como funcionario en el Poder Judicial de La Pampa. Según su propio repaso de su trayectoria, comenzó como secretario de un juzgado durante casi cinco años, luego fue fiscal durante seis y los restantes catorce años estuvo como magistrado, antes a cargo del Juzgado de Instrucción y Correccional 1 de General Pico y actualmente, con la vigencia del nuevo Código Procesal Penal, como juez de control. A los 54 años, está de licencia desde el año pasado, mientras tramita su retiro voluntario.