Ricardo Echegaray aún no puede librarse de la sombra del caso Ciccone. El extitular de la AFIP durante el kirchnerismo está acusado de haber posibilitado que el exvicepresidente Amado Boudou se quedara con las acciones de la imprenta Ciccone Calcográfica para beneficiarse con sus contratos con el Estado.

A fines de 2018, Echegaray creyó que por fin había dejado atrás las vicisitudes de esta investigación. Con Boudou preso, cumpliendo la condena a cinco años y diez meses de prisión por los delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública, su actuación en la causa quedó reducida a un expediente residual que siguió tramitando en el juzgado de Ariel Lijo.

Allí, el juez entendió que solo correspondía procesarlo por violación de los deberes de funcionario público, porque la AFIP en un primer momento pidió la quiebra de Ciccone por sus deudas impositivas, tras haberle denegado la solicitud de un plan de pagos y ofrecer su arrendamiento a la Casa de Moneda. Pero a los 45 días cambió su posición, condicionándolo al otorgamiento de un plan, aunque a los dos días volvió a modificar su postura, habilitando el levantamiento de la quiebra sin condicionamientos.

Ese sinuoso recorrido le mereció el procesamiento por un delito menor. Pero ahora los jueces de la Cámara Federal Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Martín Irurzun entendieron que este procesamiento quedó firme -porque Echegaray desistió de apelarlo-, pero que Lijo debe investigar una acusación que dejó de lado sin analizarla: las gestiones tendientes a obtener un plan de pagos ilegal, ya que pretendía excluir de la deuda contraída los intereses, honorarios y multas. Lijo había señalado cómo Rafael Resnick Brener, de la AFIP, fue condenado por este segmento de la maniobra no le correspondía a Echegaray, pero los jueces mandaron a que Lijo lo analice.

El juez Irurzun le encomendó a Lijo analizar las conclusiones de la condena a Boudou, que dice que existió una "única maniobra" con diferentes aristas para levantar la quiebra con un plan de pagos, recuperar la planta impresora de Ciccone, frenar una licitación de billetes para que no la hiciera la Casa de la Moneda y obtener un certificado para que la empresa, ya en poder de Boudou, pueda volver a tener contratos con el Estado, por ejemplo para imprimir billetes.

La Cámara Federal también decidió ayer revocar el procesamiento del banquero Jorge Brito. Los camaristas dispusieron su falta de mérito porque dijeron que no está probado que inyectara dinero en la sociedad para salvar a Ciccone de la quiebra, aunque indicaron que se debe seguir investigando.

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Dijeron los jueces que la plata que entró a Ciccone provenía de Raúl Moneta. Indicaron que la evidencia que apuntaba a Brito era la declaración como "arrepentido" de Alejandro Vandenbroele, el testaferro confeso de Boudou. Pero los jueces le restaron valor porque entendieron que Vandenbroele dijo que supo del banquero porque se lo comentó José María Núñez Carmona, el socio y amigo de Boudou, con lo que sostuvieron que no tuvo un conocimiento directo del asunto, sino que fue de oídas.

Los camaristas confirmaron, además, el procesamiento de Sergio Gustavo Martínez, dictaron la falta de mérito de Máximo Eduardo Lanusse, Francisco Martín Sguera y Brito, de Pablo Jorge Amato y ordenaron indagar a Olga Beatriz Ciccone y de Silvia Noemí Ciccone. A su vez, confirmaron el sobreseimiento de Juan Carlos López, Ángel Toninelli y Analía Istueta.