El juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, rechazó este lunes enviar la causa conocida como Mesa Judicial bonaerense a los Tribunales de Comodoro Py, como había solicitado el juez Marcelo Martínez de Giorgi.

El traspaso de la causa había sido pedido por las defensas de los procesados, ante lo cual el juez Kreplak consideró que por “razones de economía procesal y mejor administración de justicia”, continuará a cargo de la misma.

La causa que salió a la luz a partir del escándalo por la reunión de funcionarios de María Eugenia Vidal, espías de la AFI, empresarios y políticos locales en la que planificaban el armado de una causa judicial contra el ex titular de la UOCRA La Plata, es por ahora la única investigación por espionaje del gobierno de Juntos por el Cambio que no se lleva a cabo en Comodoro Py.

“Incluir esta causa, en la que se investiga una específica y sofisticada maniobra, dentro un proceso caracterizado por la amplitud de su objeto, la multiplicidad de las líneas de instrucción abiertas, así como de presuntas víctimas e imputados que en nada se relacionan con el caso que aquí se trata, resultaría claramente contraproducente para la continuidad de esta pesquisa”, remarcó el juez Kreplak sobre el pedido de unificar la causa con la que lleva adelante Martínez de Giorgi.

En el ámbito de Comodoro Py, Martínez de Giorgi tiene las causas conocidas por la banda de espías denominada Súper Mario Bross, como la investigación por las escuchas telefónicas a ex funcionarios kirchneristas y empresarios afines que estuvieron presos en el penal de Ezeiza.

Por su parte, Kreplak subrayó que en la causa que lleva adelante, se investiga el accionar de funcionarios provinciales, como de empresarios locales; argumentó que los imputados y posibles damnificados son en su mayoría de La Plata o Ensenada; a la vez que el conflicto entre la UOCRA y las cámaras empresarias ocurría también en la región de la capital bonaerense.

A fines de abril, cuando el juez federal platense rechazó también declinar su competencia, como solicitaban los ex jerárquicos de la AFI, así como el intendente de La Plata Julio Garro y el senador provincial Juan Pablo Allan, Kerplak sostuvo que aunque “entre los funcionarios que participaron de los hechos imputados haya algunos que se desempeñaban como funcionarios públicos nacionales con asiento en la Ciudad de Buenos Aires, no es la sede de sus oficinas lo que define la competencia, sino el lugar de comisión de los hechos investigados”.

Entonces, también arguyó que “la participación de funcionarios del gobierno nacional en ejercicio de esas funciones es lo que justifica la intervención del fuero federal, mas no la remisión a los juzgados de la Capital”.