La mesa del escándalo está servida: un juez con ánimos (animosidad, según algunos) de investigar, varios funcionarios nacionales de la gestión anterior, un programa ambiental (Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos -GIRSU-) que repartió fondos a 193 municipios e intendentes ávidos de recursos para obras, entre ellos 68 pertenecientes a la provincia de Buenos Aires.

Vayamos por partes. El juez es el implacable Claudio Bonadío; y los ex jefes de Gabinete Aníbal Fernández, Jorge Capitanich y Juan Manuel Abal Medina son algunos de los actores principales (también Andrés Meiszner, ex jefe de Gabinete de Asesores y ex- director del Renar; y Juan José Mussi, exsecretario de Ambiente).

Además hay actores de reparto: se-cretarios de Ambiente y Desarrollo Sustentable, como Sergio G. Lorusso y Omar Judis. También tres jefes de Gabinete de Asesores (aparte de Meiszner): Ricardo Salvioli, Raúl Fernández y Jorge Alcántara. Todos fueron citados a declaración indagatoria por Bonadío, al igual que cuatro asesores técnicos del programa: María Inés Ciampi, Marcelo González, Rubén Ybarra y Federico Altillio.

Al llegar las nuevas autoridades de Cambiemos al ministerio comandado por el rabino Sergio Bergman se realizó una auditoría de tipo rutinario, apuntada hacia el período 2013-2015. Y fue en ese momento en el que saltaron las alarmas: las dudas sobre el destino de los recursos transferidos para obras, iniciándose una pesquisa a cargo del fiscal federal Carlos Rívolo.

El monto total del dinero que se giró a los municipios y forma parte de la causa a cargo del temible Bonadío se aproxima a los 600 millones de pesos, con puntos oscuros en el manejo de fondos entre 2013 y 2015, según el magistrado, además de discrecionalidad en su otorgamiento y el no cumplimiento de requisitos.

El requerimiento de instrucción de la fiscalía de Rívolo apuntó las sospechas de irregularidades, realizándose luego una auditoría conjunta entre la Sindicatura General de la Nación (Sigen) y el Ministerio de Medio Ambiente, que incluyó visitas a cuatro distritos de la provincia de Buenos Aires, con resultados dispares.

En Quilmes, donde se preveía la instalación de una planta de separación y clasificación de residuos y la compra de cuatro camiones, no se había dado inicio al programa a la fecha de la inspección (14 de febrero); según confirmó La Tecla, por no disponer de un predio para llevar a cabo la obra. Pero el dinero no se usó ($ 10.588.780) y quedó a disposición del nuevo gobierno de Martiniano Molina, que decidió adquirir una máquina chipeadora.

Por su parte, en Brandsen se constató el cumplimiento de lo estipulado en el acuerdo entre municipio y ministerio, mientras que no consta en la instrucción de la fiscalía el resultado de Florencio Varela, otra intendencia auditada.

En tanto, en General Belgrano se determinaron cambios en el objeto del convenio, además de que la disposición final de los residuos sólidos urbanos se llevaba a cabo en una cava, sin las mínimas condiciones de higiene, seguridad y prevención de contaminación.

Los datos más preocupantes apuntan a Chaco, en especial durante la gestión Capitanich, donde se amontonan sospechas de discrecionalidad en el reparto de los dineros, beneficiando a comunas de su “pago chico”, con rendiciones irregulares o, directamente, inexistentes.

Luego de las auditorías realizadas a pedido del juez Bonadío llegó el turno de las indagatorias a los responsables, en diferentes niveles, de dar y recibir los fondos del GIRSU.

Según confirmaron fuentes de la Fiscalía Federal N° 2 a La Tecla, depende ahora del propio magistrado decidir nuevas citaciones, entre ellas las de los ex -o actuales- intendentes de distritos bonaerenses que recibieron fondos del mencionado programa ambiental.

En otros casos, los jefes comunales ya hicieron las rendiciones correspondientes, con lo cual se descarta que tengan que acercarse a los Tribunales de Comodoro Py, como seguramente tendrán que hacerlo algunos que están “flojitos de papeles”.