Jorge Coscia, Jorge Álvarez y Liliana Mazure- ex presidentes del INCAA- deberán presentarse en los tribunales de Comodoro Py al igual que otras 67 personas que serán indagadas. Entre ellas está también María Lenz quien fuera vicepresidente del INCAA.

Las declaraciones están pautadas para que comiencen esta semana y se extenderán hasta el mes de noviembre próximo.

El juez investigó el otorgamiento de decenas de subsidios conocidos "Terceros J" o "3-J" en referencia al artículo tercero, inciso J, de la ley de cine, que permite la entrega de dinero de manera directa por parte de las autoridades del INCAA. En varios de los casos analizados, los investigadores detectaron irregularidades en la rendición de cuentas de los gastos de las producciones que se financiaron mediante esos subsidios. Según los investigadores judiciales, el dinero otorgado cayó, en muchas ocasiones, en un agujero negro que produjo un perjuicio al Estado que en tribunales calculan en alrededor de 50 millones de pesos.

El juez Bonadio citó a los ex funcionarios que otorgaron los subsidios y quienes encabezaron las productoras o las organizaciones que recibieron el dinero para realizar películas.

Entre los que serán indagados por Bonadio –además de los que fueron autoridades del INCAA- está el ex vicegobernador de la Provincia de Buenos Aires por el kirchnerismo Gabriel Mariotto, el ex ministro de Educación Daniel Filmus, el senador nacional por Proyecto Sur, Fernando "Pino" Solanas, el diputado nacional porteño Julio Raffo (sumado al massismo). En la lista a la que Infobae accedió a través de fuentes judiciales, aparecen conocidos empresarios como Diego Guebel (fundador de Cuatro Cabezas junto a Mario Pergolini), Fernando Sokolowicz quien fuera dueño del diario Página/12, entre otros. En el listado figura el empresario Jorge Estrada Mora, fallecido a fines de 2015, quien integraba la productora del cineasta Juan José Campanella.

Entre los citados también están el sindicalista de los estatales, Andrés Rodríguez, el rector de Universidad Nacional de Tres de Febrero, Aníbal Jozami y la rectora de la Universidad Nacional de Lanús, Ana Jaramillo. El número de indagados llega a 70 porque se suman directivos de productoras cinematográficas, fundaciones y entidades educativas que recibieron los fondos.

Fuentes judiciales no descartan la posibilidad de que las productoras y las entidades que hicieron las películas puedan demostrar la rendición de gastos. Señalan, como refuerzo de esa hipótesis, que durante la investigación hallaron enormes falencias administrativas dentro del INCAA. Por su parte algunos de los involucrados aseguran que tienen documentados los gastos y los presentaron en tiempo y forma.

Bonadio tiene una causa que comenzó en 2007 y que según fuentes judiciales, se aceleró cuando cambiaron las autoridades nacionales, debido a que entregaron en los últimos tiempos información que el juzgado había solicitado y no llegaba o era enviada de manera incompleta.

Hace unos años la conducción de la asociación Directores Argentinos Cinematográficos (DAC) había cuestionado esos subsidios porque implicaban "una discrecional erogación por parte del INCAA". Y explicaron que: "El tercero J es un mecanismo que permite la ley, que le da al presidente del Instituto la posibilidad de dar subsidios directos para hacer cine a entidades públicas o privadas que tiendan al desarrollo de la cultura y la comunidad. Entre los años 2006 y 2007 fueron adjudicados mediante este régimen más de 19 millones de pesos. Se trata del equivalente a más de la mitad de los recursos destinados a la producción normal durante estos dos años".

Bonadio tiene incorporado en el expediente el resultado de un peritaje realizado por el Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema de la Nación en el que se estableció que no había un sistema transparente de rendición de los gastos de los filmes que se hacían mediante los subsidios llamados 3-J.

La investigación que realizó Bonadio se hizo originalmente sobre 189 subsidios 3-J, que la presidencia del INCAA otorgaba discrecionalmente para solventar entre el 40% y 60% de los costos de algunos filmes. El avance del caso ha demostrado que esos subsidios se daban sin demasiados requisitos y se controlaban poco. Por lo que en algunos casos el INCAA abonó varias veces el costo que se había planteado en el presupuesto de la película.

Con los subsidios 3-J se hicieron películas de directores principiantes, de organizaciones sociales y de reconocidas productoras. Algunas tuvieron repercusión. Otras pasaron inadvertidas, tan inadvertidas que la Justicia no sabe si se terminaron: en unos pocos casos hay constancias firmadas que establecen que las películas fueron finalizadas. Los investigadores contemplan también en esta irregularidad, que la falta de documentación sea producto de las falencias detectadas en el ordenamiento administrativo del INCAA. Sobre algunas películas hay certezas acerca de que se exhibieron al público. Sobre otras no.

Tanto los productores como los ex funcionarios y directivos de instituciones deberán defenderse ante Bonadio. Las indagatorias están programadas para comenzar hoy y planeadas para terminar el 11 de noviembre, fecha para la que fue citada Mazure, actual diputada nacional por el Frente para la Victoria. Mazure será indagada por la firma-según la explicación de las fuentes- de uno de esos subsidios durante un interinato como vicepresidenta del organismo.