Un centenar de intendentes vinculados al kirchnerismo de once provincias, fueron citados a indagatoria por el juez federal Claudio Bonadio, bajo la sospecha de haber desviado los fondosque recibieron del Estado en el marco de los Programas Municipales para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, entre 2013-2015. En esta causa están procesados por administración fraudulenta Aníbal Fernández y Jorge Capitanich.

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Los jefes comunales citados a indagatoria, imputados por el presunto desvío de fondos, al no cumplir con "acordado en los proyectos" de remediación ambiental, comenzaron a declarar. La lista llega a los cien intendentes provenientes de las provincias de Buenos Aires, Santa Cruz, La Pampa, Río Negro, Santiago del Estero, Córdoba, Tucumán, Entre Ríos, Santa Fe y Misiones.

El programa demandó 604.529.670 pesos y se cree que es la suma de la defraudación. Hubo para el Juez, una "transferencia irregular de sumas de dinero de las arcas del Tesoro a municipios" para lo que denominó "supuestos proyectos" de remediación ambiental.

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En la citación a indagatoria, se señaló a los intendentes como "partícipes de las maniobras" investigadas y se señaló que gran parte de los municipios "no cumplieron con lo acordado" en la aplicación de fondos.

Los fondos correspondientes se giraban desde la Nación hacia los municipios. Los convenios eran aprobados por el Jefe de Gabinete para finalmente, transferirse el dinero al municipio requirente.

Durante los tres años que se investigaron, se presentaron 634 solicitudes, pero sólo 212 culminaron con las respectivas transferencias del dinero, señaló el juez Bonadio. La Ciudad de Buenos Aries, Catamarca, Jujuy, Formosa, Mendoza, San Juan y Tierra del Fuego no recibieron asignaciones de fondos; y sin embargo, municipios de las provincias de Buenos Aires, Chaco, Santa Cruz y La Rioja obtuvieron el 79% de los fondosasignados por el proyecto, siendo que tres de estas provincias generaban un mínimo porcentaje de residuos a nivel nacional", indica su resolución.

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Algunos casos

Por un lado, sólo el 18% de los municipios cumplió con los objetivos pautados y acordados en los convenios firmados por la jefatura de Gabinete. Además, durante la gestión de Capitanich -desde fines de 2013 a comienzos de 2015- se benefició a 54 proyectos de la provincia del Chaco, con más de 170 millones de pesos.

Justamente, sólo de Chaco deberán declarar ante Bonadio más de medio centenar de intendentes.

Por ejemplo, según fuentes de la causa, el municipio de Pehuajó ​"con parte del dinero plantó árboles, compró plantas, un vehículo y gastó en combustible". 

Otra de las provincias favorecidas y que no cumplió con los objetivos establecidos fue Santa Cruz, que primero recibió 25.176.903,60 pesos. y sin la aprobación de la rendición de esa transferencia solicitó una ampliación de fondos, por 59.544.148 pesos. Así, en total se le transfirió a Río Gallegos 34,3 millones de pesos.

Según señalaron fuentes judiciales, en el caso de la capital santacruceña, "no mejoró la situación del tratamiento de residuos y el proyecto presentado resulta inviable", sino que "se duplicó la superficie afectada por la basura".

La Justicia sostiene que los intendentes citados a indagatoria, terminaron generando "más daño ambiental por no aplicar la totalidad de los fondos al programa".

Otra localidad santacruceña involucrada es Las Heras, su ex intendente Teodoro Camino hoy funcionario de Alicia Kirchner recibió fondos para una Planta de tratamiento de residuos sólidos, para erradicar basurales y comprar equipamiento y vehículos. "No sólo no se hicieron las obras, sino que tampoco hay documentación relacionada con el gasto de 8.645.659 pesos que fueran otorgados".

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La denuncia

La causa comenzó con la denuncia de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Subsecretaría de Coordinación Administrativa del ministerio de Medio Ambiente, después de un informe realizado por la SIGEN que detectó varias irregularidades: carencia de un mapa crítico de las municipalidades más vulnerables o con mayores problemas de gestión de residuos sólidos, incumplimiento de requisitos exigidos para acceder al programa, falta de control interno en la ejecución de los proyectos, modificaciones e incumplimientos en la realización de las obras, entre otros puntos.

El programa tenía el objetivo mejorar la gestión sustentable de residuos sólidos urbanos (la basura domiciliaria), a través de la financiación de proyectos municipales de todo el país. Se buscaba la eliminación de basurales a cielo abierto, la construcción de rellenos sanitarios o la ampliación de rellenos existentes, el montaje de plantas de separación y reciclaje de residuos sólidos urbanos y la adquisición de equipamiento complementario.