aprobación consensuada de la nueva ley de ambiente, el miércoles último, no ha logrado hasta ahora aplacar la discusión generada por la radicación de la empresa Monsanto.

A los inconvenientes que provocaron en esa ocasión los activistas disconformes por la sanción de la nueva normativa, se sumó ayer un reclamo de índole política.

El bloque de legisladores provinciales del Frente Cívico le solicitó al gobernador José Manuel de la Sota que anule la autorización del “aviso de proyecto” que, en agosto de 2012, permitió el inicio de las obras para la instalación de la semillera en la ciudad de Malvinas Argentinas.

A través de una carta firmada por los parlamentarios Liliana Montero, Santiago Clavijo y Ricardo Fonseca, en representación de toda la bancada, el juecismo reiteró que el mencionado “aviso de proyecto” fue autorizado “en abierta violación” a lo establecido en la ley provincial 9.841. Esto, en razón de que esa ley que regula el uso del suelo en la Región Metropolitana de Córdoba reserva la zona donde se instaló Monsanto a actividades “agropecuarias no contaminantes”.

En la misiva ingresada ayer en el Centro Cívico, el Frente Cívico destaca la aprobación consensuada de la nueva ley de ambiente de la provincia. Pero le recuerda a De la Sota que la flamante normativa ratificó la vigencia de los ordenamientos territoriales y ambientales. En efecto, argumentan, la zona donde comenzó a construirse la planta de Monsanto sigue reservada a actividades no contaminantes. “Por lo que, sin dudas, debe ordenarse la anulación de la Resolución 595 de la Secretaría de Ambiente, firmada por el exsecretario de Ambiente Federico Bocco”, sostuvieron. Y en otro párrafo pidieron al Gobierno “notificar a la Empresa Monsanto Company que por estos motivos se rechaza el proyecto de instalación de una planta de acondicionamiento de semillas” en Malvinas Argentinas.

Antecedente judicial

No es la primera vez que la oposición denuncia que aquella autorización del aviso de proyecto, de agosto de 2012, sería irregular. El caso fue llevado a la Justicia por un grupo ambientalista con el patrocinio de la Fundación Club de Derecho; pasó por la fiscalía del fuero Anticorrupción y sus derivaciones llegaron incluso hasta el Tribunal Superior de Justicia.

El Gobierno provincial todavía no ha analizado el contenido de la misiva y no tiene plazos legales para responder.

En tanto, como se informó recientemente, el gerente de Asuntos Corporativos de la multinacional, Adrián Vilaplana, dijo que la empresa está analizando la nueva normativa y elaborando un nuevo estudio de impacto ambiental que será presentado en julio próximo.

Los puntos salientes de la ley

Ley de Política Ambiental. Fue sancionada el miércoles pasado y complementa el marco normativo de la Ley Nacional de Ambiente 25.675. 

Impacto ambiental. Tendrá carácter obligatorio y previo al otorgamiento de la licencia ambiental. Si es rechazado, el proyecto quedará descartado. Esta evaluación deberá contener estudio de impacto, dictamen técnico, estudios y opiniones surgidas de las audiencias públicas obligatorias pero no vinculantes.

Participación. Deberán realizarse audiencias públicas como procedimiento obligatorio para los proyectos o actividades que estén sometidos obligatoriamente a la evaluación de impacto ambiental. Se realizarán en forma previa a cualquier resolución, con carácter no vinculante pero obligatorio. A iniciativa del Estado o la comunidad, podrá realizarse una consulta popular.

Seguro ambiental. Deberán contratarlo quienes realicen actividades que entrañen riesgo para el ambiente por el daño que se pudiera producir.

Diagnóstico ambiental. Deberá ser elevado por el Ejecutivo al Poder Legislativo antes del 30 de noviembre de cada año.