Por Martín Angulo

La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN), la entidad gremial y política de la justicia federal y nacional, le solicitó a Cristina Kirchner, como presidenta del Senado, una reunión para hablar sobre el proyecto para que todos los integrantes del Poder Judicial paguen el impuesto a las ganancias que fue incluido en el presupuesto para el 2023 que será tratado mañana en Diputados.

La AMFJN también le solicitó una reunión a Cecilia Moreau, presidenta de Diputados, y a través de ella y de Cristina Kirchner a todas las comisiones del Congreso que tengan intervención en el tema. Tuvieron respuesta de Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, a cargo de Ricardo Guerra. “Consideramos que la única manera de terminar esta discusión es desde el diálogo. Estamos dispuestos a hablar e intentar encontrar una solución”, le dijo a Infobae un integrante de la asociación.

El presidente de la asociación, Marcelo Gallo Tagle, y otros cuatro representantes mantendrán esta tarde una reunión con la Corte Suprema de Justicia de la Nación para analizar el tema que encendió las alarmas y generó preocupación en el mundo judicial. De hecho, mañana el gremio de empleados judiciales hará paro.

“Con la reunión con la Corte Suprema queremos mostrar unidad y también empezar a trabajar en una solución concreta”, explicó la fuente.

La Comisión de Presupuesto de Diputados aprobó la semana pasada el dictamen del presupuesto 2023. Allí, a pedido del diputado del Frente de Todos Marcelo Casaretto, incorporó una artículo para que los integrantes del Poder Judicial nacional y de todas las provincias paguen el impuesto a las ganancias. “En el caso de los Magistrados, Funcionarios y Empleados del Poder Judicial de la Nación y de las provincias y del Ministerio Público de la Nación, la totalidad de sus ingresos se incluirá dentro de los ingresos gravados, independientemente de la fecha de su nombramiento”, dice el artículo.

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El aprobación generó preocupación en el mundo judicial y nucleó a todas las entidades en su rechazo. La Asociación de Magistrados, la Asociación de Fiscales, el gremio judicial, la Federación Argentina de la Magistratura -la más grande del país-, la Junta Federal de Cámaras Federales y la Junta de Tribunales Orales Federales, entre otros, emitieron comunicados en rechazo de la iniciativa. Inclusive, el tema escaló hasta la Corte Suprema donde sus jueces se reunieron el jueves y mantuvieron comunicación permanente con jueces de todo el país.

“Planteamos que con tantas necesidades que tiene la Argentina, tenemos que ver quiénes son los que tienen capacidad contributiva. Si hay gente que gana 2 millones de pesos y no pagan ganancias, tienen que empezar a pagar. A esta altura del partido esto es un privilegio inaceptable”, dijo el diputado Casaretto la semana pasada en Diputados para avalar la iniciativa. Su par Itaí Hagman del Frente Patria Grande sostuvo que con esa medida el estado nacional recaudará 237.850 millones de pesos para el 2023.

En la justicia rechazan la iniciativa por varios motivos. Uno es que la Constitución Nacional establece que los sueldos del Poder Judicial son intangibles y no se les puede aplicar impuestos y la ley de Administración Financiera no permite que en el presupuesto se creen impuestos. También que nunca fueron consultados -por eso los pedidos de reunión para ser escuchados- y que los legisladores les aplican un criterio que no tienen para con ellos porque el impuesto a las ganancias que paguen es sobre un porcentaje de sus ingresos.

También señalan que desde 2017 los empleados judiciales y los jueces que ingresan al Poder Judicial pagan el tributo. Así se acordó durante el gobierno de Mauricio Macri y que fijó en una ley. Hoy el 25 por ciento de los jueces nacionales y federales pagan ganancias. La idea de esa norma era trazar una línea y los que ingresaban desde ahí a la justicia sabían que lo hacían pagando ganancias. Otro punto que esgrimen los jueces es que sus aportes jubilatorios son del 18 por ciento del sueldo -de los más altos- y que por ley no pueden ejercer otras actividades para tener ingresos.

Inclusive, los sectores más duros hablan de que la medida es una respuesta política a fallos judiciales en contra del oficialismo y para generar presión ante decisiones importantes que se deben tomar antes de fin de año. Puntualmente por el veredicto en el juicio oral por la obra pública en el que Cristina Kirchner es la principal acusada y tiene un pedido de condena de 12 años de prisión.

La crítica a la medida es unánime y tiene el apoyo de las tres listas políticas de la AMFJ que la semana pasada compitieron en las elecciones del Consejo de la Magistratura. De hecho, a la reunión con la Corte Gallo Tagle asistirá con un representante de cada lista (Mariano Llorens, de la Bordó; Paula Castro, de la Celeste; y Juan Manuel Culotta, de Compromiso Judicial) y una de los magistrados jubilados, Nora Cabrera de Monella.

Diputados se reunirá mañana para tratar en el recinto el proyecto de presupuesto. Todo indica que el oficialismo tiene los votos para su aprobación. Luego pasará al Senado. Entre los jueces tienen decidido que si el pago del impuesto a las ganancias es ley harán presentaciones judiciales para que sea declarado inconstitucional.