La pretensión de la Nación de observar 33 procesos del Poder Judicial de Tucumán genera preocupación en la Federación Argentina de la Magistratura (FAM), según el comunicado que esta entidad emitió ayer.

“Tal petición, que no indica fundamentación normativa alguna, lo cual impide evaluar su pertinencia, afecta la división de poderes, pilar básico del sistema republicano de gobierno, y puede configurar una injerencia indebida en los asuntos judiciales”, advirtió el gremio de los jueces. En paralelo, Marcela Ruiz, presidenta de la Asociación de Magistrados de Tucumán, y un grupo de directivos de la FAM abordaron el asunto de la veeduría con Santiago Otamendi, secretario de Justicia de la Nación. “Fue una reunión positiva. Quedó abierto un canal de diálogo”, evaluó Ruiz desde la Ciudad de Buenos Aires (se informa por separado).

La FAM que encabeza el juez cordobés Víctor Vélez (hoy renovará autoridades en una asamblea extraordinaria en la que participará Ruiz) recordó que las partes disponían de herramientas para subsanar las anomalías que advirtiesen en el proceder de la Justicia. “Téngase en cuenta que los procesos aseguran la vigencia del interés general y de los derechos de las partes involucradas, quienes pueden instar la inmediata corrección de las irregularidades que eventualmente se cometieran. Para ello cuentan con las vías institucionales correspondientes, ya sean procesales o disciplinarias”, explicó el gremio que nuclea, en esencia, a los jueces de las provincias.

La Federación Argentina de la Magistratura hizo pública su posición un día después de que la Corte Suprema de Justicia de Tucumán se encontrara por primera vez para tratar la petición de observación que formuló Alejandro Collia, secretario ejecutivo del Consejo Federal de Derechos Humanos, por medio de la nota que ingresó el 17 de noviembre pasado (el órgano de Collia depende de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación a cargo de Claudio Avruj). La misiva dirigida al vocal Antonio Gandur, entonces presidente, solicita permiso “para tomar vistas y extraer copias” de 33 procesos (19 de ellos de naturaleza penal). Además, presenta como abogados designados para tal fin a Juan Roberto Robles y a Ana Colombres Garmendia. El primero es dirigente de la Unión Cívica Radical e interviene profesionalmente en al menos uno de los casos comprendidos en la veeduría mientras que la segunda se desempeña como delegada local de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

“Vamos a contestar la nota esta semana”, dijo Daniel Posse, presidente del alto tribunal desde el lunes. Los vocales de la Corte finalmente no se encontraron este miércoles para seguir discutiendo el borrador de la respuesta que habían elaborado el martes. Hasta ayer al mediodía seguía firme la idea de brindar una contestación “con espíritu de cuerpo”, que no expusiese las diferencias internas. Esta posición implicaría dejar que el director de cada proceso de interés de la Nación resuelva si está o no en condiciones de mostrarlo. Si la tesitura se mantiene, entonces el juez o fiscal, según el caso, debería “vérselas” con los veedores. Eventualmente, el rechazo a la vista podría activar un mecanismo de superintendencia. Pero la postura de la Corte puede variar hasta que no esté pasada en limpio, y no sea firmada y comunicada a Collia.

La definición del alto tribunal mantiene en vilo a las instituciones públicas de la provincia en parte porque el listado de procesos con pedido de observación involucra -con el carácter de denunciados- a funcionarios públicos de los tres poderes del Estado, incluida la Justicia. Sin ir más lejos, una de las causas penales atañe al defensor oficial Roberto Paz y a la camarista Liliana Vitar, respectivos ex presidente de la Asociación de Magistrados de Tucumán (antecesor de Ruiz) y dirigente histórica de la Federación Argentina de la Magistratura. Los jueces, fiscales y defensores oficiales nucleados en la entidad gremial tucumana tienen previsto fijar una posición el miércoles próximo, en una asamblea convocada a tal efecto.