La declaración hace eje en la cuestión salarial, y en ese sentido señala que “El Poder Judicial recibe salarios muy inferiores a funcionarios de tercera línea del poder administrador y de las empresas del Estado, sin posibilidad de cobrar horas extras a pesar de que su horario normal de trabajo es de más de diez horas diarias”.

El pronunciamiento lleva las firmas de la presidenta de la asociación, Marta Inés Alonso, y de la secretaria general Gloria Zalazar, y plantea que “en Argentina, no obstante la potencialidad y el vigor institucional otorgados al Poder Judicial en el orden constitucional, en realidad en el orden existencial el derecho no siempre condice con los hechos.”

Principios desatendidos

Luego afirma que “los modos más efectivos para asegurar la tan ansiada independencia son asegurar la transparencia de los procesos de selección de jueces, con el objeto que accedan los mejores, la elaboración de eficaces sistemas de remoción, la inamovilidad y estabilidad de los jueces, intangibilidad de las remuneraciones, administración de los propios recursos, entre otros. Si bien todos son importantes, nos detendremos en alguno de ellos que han sido desatendidos en su tratamiento hasta la fecha”.

Esta institución ha bregado por una mayor transparencia en la selección de jueces y por eso presentó anteproyectos con éste y anteriores gobiernos para que tuvieran tratamiento legislativo, con resultado negativo hasta el momento”. En cuanto a la intangibilidad de las remuneraciones, resaltan que “su respeto es fundamental para la independencia del Poder Judicial y para la forma republicana de gobierno. La norma que la establece no consagra un privilegio ni un beneficio exclusivo de carácter personal o patrimonial de los magistrados, sino el resguardo del equilibrio tripartito de los poderes del Estado, que beneficia a la misma sociedad en tanto tiende a preservar la estricta vigencia del Estado de derecho y el sistema republicano de gobierno”.

“En la actualidad, el Poder Judicial, a pesar del rol fundamental que cumple en la conservación de un Estado de derecho, de ser un poder del Estado, recibe salarios muy inferiores a funcionarios de tercera línea del poder administrador y de las empresas públicas, sin posibilidad de cobrar horas extras a pesar de que su horario normal de trabajo es de más de diez horas diarias. Situación alejada de algunos organismos del Estado a los que recientemente se les otorga la posibilidad de cumplir el doble de horas extras, lo que en los hechos significa duplicar los salarios. Todavía no hemos logrado que este principio constitucional sea respetado”, sigue el texto.

“Solicitamos de los otros poderes la racionalidad y apego al orden legal y el respeto irrestricto a la Constitución Nacional y Provincial para que se revierta esta situación pues de eso dependerá en parte sustancial la suerte y el rumbo de la sociedad toda”, sostienen los representantes de los magistrados.