Hernán Cappiello

Al atardecer de este lunes casi no quedaban empleados en el Palacio de Tribunales y menos, funcionarios. A las 14, los judiciales salieron a borbotones por la puerta principal que da sobre Talcahuano, frente a la Plaza Lavalle, y en la Corte los jueces todavía se quedaron unas horas más en sus vocalías. Excepto alguno de ellos que salió a media tarde.

Pasadas las 19, llegó a la Corte la invitación para asistir el miércoles a las 11 al Congreso, a la apertura del año legislativo, un acto en el que el presidente Alberto Fernández pronunciará su discurso con el balance de lo realizado y las medidas por venir.

Encabezado por el propio Presidente, el Gobierno planteó el juicio político de todos los jueces de la Corte y una comisión de diputados lo tramita desde hace un mes, una vez por semana. La intención de remover a los cuatro magistrados se activó luego del fallo en el que le dieron la razón al gobierno porteño y condenaron a la Nación a pagar 1100 millones de dólares diarios en concepto de coparticipación federal. Con este panorama, en la Corte estimaban que la demora en recibir las invitaciones, lo que recién se concretó por la noche, es un indicio de lo que les espera a los jueces en caso de que decidan concurrir.

Lo que ocurre en la Cámara de Diputados durante la tramitación del juicio político es una muestra del ánimo de los legisladores kirchneristas con los jueces. Bastó que concurriera el juez Sebastián Ramos al Congreso a declarar como testigo en la Comisión de Juicio Político para que sufrir un destrato poco habitual.

La única vez que el ministro de Justicia, Martín Soria, visitó la Corte Suprema la reunión con los jueces fue muy tensa

A tal punto que la Asociación de Magistrados expresó en un comunicado que los diputados se habían extralimitado en sus atribuciones y que los jueces no tenían por qué ir a dar explicaciones de sus fallos. Un preanuncio de que los jueces, en su mayoría, no estarán dispuestos a pisar en el futuro esa comisión. A ese comunicado le siguió otro de la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación (Affun), que sostuvieron que si los fiscales van a declarar como testigos se pueden violar “garantías constitucionales básicas” y perturbarlos en “el ejercicio de sus funciones”.

Este es el clima en el Congreso para con la Justicia. Ya el año pasado, como en 2020 y en 2021, el Presidente había pedido al Congreso una reforma de la Corte Suprema y de la Justicia Federal. Alberto Fernández habló entonces de la necesidad de impulsar modificaciones en el Poder Judicial.

En 2022, Ricardo Lorenzetti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti escucharon las palabras del Presidente en forma presencial, en el recinto. La transmisión oficial del discurso los mostró con barbijo. Los enfocaban las cámaras cuando el Presidente hablaba de ellos.

Pero Alberto Fernández no pudo hacer realidad ninguna de sus intenciones relacionadas con la Justicia. Ninguna de las propuesta que anunció.

Fracasó en su intención de aprobar una reforma de la Justicia Federal, que se aprobó en el Senado y se estancó en Diputados, y no avanzó con una reforma de la Corte: convocó a una comisión para que le presentara propuestas, pero nunca las convirtió en proyectos de ley.

Tampoco consiguió designar a su elegido para la Procuración General, el juez federal Daniel Rafecas. Cuando la oposición ofreció darle los votos para alcanzar los dos tercios del Senado que necesitaba, Cristina Kirchner no puso su pliego en tratamiento en la Cámara alta.

Elena Highton renunció a la Corte Suprema y Alberto Fernández no designó a una sucesora porque sabe que no tiene los votos necesarios para que el Senado le de su acuerdoFernando Sturla - Télam

No nominó a una candidata para la Corte Suprema, que funciona con cuatro miembros desde la renuncia de Elena Highton de Nolasco, porque sabe que no tiene los votos necesarios para aprobar a quien elija.

Y tampoco logró consensuar un proyecto de ley para reformar el Consejo de la Magistratura. A tal punto que la Corte Suprema, a finales de 2021, dictó un fallo en el que anuló la conformación del Consejo que diseñó Cristina Kirchner y repuso la ley original del cuerpo, de 1999. Esa norma le da la presidencia del Consejo de la Magistratura al presidente de la Corte, que hoy es Rosatti.

Un año llevó pone en marcha el Consejo de 20 miembros y se logró a medias. Los jueces, los abogados, los académicos y los diputados eligieron a sus consejeros. Todos juraron y asumieron sus cargos. Pero con los senadores no ocurrió lo mismo. Cristina Kirchner dividió su bloque para quedarse con una banca que, en realidad, le correspondía a la oposición, pero el kirchnerismo se la adjudicó a Martín Doñate. La Corte anuló esa decisión.

Este martes, entonces, la Corte le tomará juramento a los senadores consejeros que todavía no asumieron, pero sin Doñate, en lo que constituye otro revés para el kirchnerismo y es un elemento más que explica la distancia entre los jueces y el oficialismo.

Después de las juras, los jueces de la Corte prevén reunirse en su habitual acuerdo de ministros, donde conversan a solas, y firmar sentencias. Tienen en agenda temas sensibles, como el de la coparticipación federal de la Ciudad. En ese caso, el Gobierno recusó a toda la Corte.

Es probable que mañana los jueces aborden el tema de su eventual presencia en la Asamblea Legislativa. En la Corte no había ánimo como para asistir al Congreso, aunque al mismo tiempo se analizaba el peso institucional de faltar.