Señaló que el Juzgado deberá antes intimar a las autoridades del Partido a que acrediten el lugar de funcionamiento. Es un hecho de manifiesta irregularidad, consentido por el Juzgado, que no se haya denunciado el nuevo domicilio, lo cual impide las notificaciones, el correr traslados y el sustanciar las causas. Se pide que en término abreviado se intime la presentación del Acta del Consejo del 31 de enero, bajo apercibimiento de medidas directas.

El juez Federal, Carlos Soto Dávila deberá arbitrar los medios para que hoy, con términos abreviados, se ponga a disposición del Juzgado el Libro de Actas del Consejo Provincial donde constan las decisiones adoptadas por la reunión del 31 de enero. Hasta que ello no se dé, no se podrá notificar ni correr traslado de las presentaciones porque hasta hoy, en el expediente, la sede del partido continúa en la calle Salta 663. Hay que justificar el cambio de domicilio, más allá de que sea uno de los temas controversiales, y hay que publicarlo.

Juan Carlos Morales confirmó a este medio que hoy a primera hora requerirá al Juez Federal que el Partido Justicialista ponga a disposición de las partes el Libro de Actas del Partido, en el cual debería constar el Acta del Consejo Provincial del pasado 31 de enero.

Esa Acta determine, de manera fehaciente, a dónde se dirigirán los traslados y las notificaciones para trabar la litis sobre las cuestiones controversiales, y a la vez es el soporte del cronograma electoral en el cual se remite a una convocatoria que tampoco ha sido agregada al expediente ni publicado antes o simultáneamente con el cronograma.

Todo es irregular, manifestó Morales, un profesional meticuloso si los hay, que durante la feria ha acreditado mediante actas notariales que en la sede del Partido no hay actividad, lo cual además le consta al propio Juzgado que ha diligenciado una cédula a fs 2753 en ese domicilio con resultado negativo. De hecho, la Justicia electoral está en mora en el ejercicio de control que ejerce sobre los partidos políticos, de ahí que Morales intima a que agregue el Acta de fecha 31 de enero donde está plasmado no sólo el cambio de domicilio, sino la ratificación de lo actuado en el Congreso que según la Junta Electoral fue tenido a la vista antes de publicar la Convocatoria.

Lo extraño es que la propia Convocatoria, que debió ser publicada previa o simultáneamente con el cronograma nunca salió a la luz y ante la eventualidad de que ambas sean atacados de nulidad, va de suyo que deben ser puestos a conocimiento de las partes en el expediente del justicialismo, que tiene nada menos que veinte cuerpos, lo cual da una idea de lo que implicaría su remisión a la Cámara Electoral Nacional si la decisión del Juez Federal fuera apelada por una de las partes.

Morales bajó el tenor a la discusión. "Yo cumplo mi tarea. Soy además un especialista en fraudes procesales y sé distinguir lo que es electoral de lo que es penal, aunque esta cuestión es política y la solución está en manos de la política. Mi intervención está subordinada a directivas superiores que respeto. Lo que no puedo hacer es dejarme sorprender por el avance de un cronograma electoral que conlleva plazos. Además, si la causa fuera girada al Tribunal de Alzada, que es la Cámara Electoral Nacional que está en Buenos Aires, generará demoras porque antes de expedirse los tres jueces se da intervención a un Fiscal, que no sólo es Fiscal de ambas instancias electorales, sino tiene además otras cuestiones, algunas de gran impacto político en estos tiempos. Me refiero al fiscal Di Lello".