El Sindicato de Trabajadores Judiciales formalizó ante el Consejo de la Magistratura el pedido de juicio político y destitución para Roxana Romero. Pero también cuestionó el contexto en que ocurren estos hechos, cuya expresión extrema fue la muerte de un empleado judicial. La protesta podría llegar a nacionalizarse.
Los gremios judiciales responsabilizaron ayer al Superior Tribunal de Justicia por las condiciones laborales en el ámbito judicial correntino, que a la postre desembocara en la muerte de un empleado de la Justicia a comienzos de septiembre último. Fue en el contexto de una marcha que concluyó con la entrega formal de un petitorio ante el Consejo de la Magistratura para que se someta a juicio político y destitución para la fiscal Nº 1 de Paso de los Libres, Roxana Romero, a quien se sindica como responsable directa de aquel episodio.
Previamente, ante las puertas del STJ, el dirigente judicial correntino Juan Carlos González le reclamó a viva voz al alto cuerpo que "no mire para otro lado", advirtiéndole que "hay otros acosadores" en el Poder Judicial de Corrientes.
Expresó su deseo de que "no pase como en otros casos, donde hay más de 30 pedidos de juicio político que no prosperan". Expresó que el Sitraj "seguirá la lucha hasta las últimas consecuencias".
Por su parte, el secretario general de la Federación Judicial Argentina (FJA), Carlos Ordoñez señaló que la cuestionada Fiscal "no puede seguir ocupando un lugar en la Justicia argentina". Consideró luego que "violencia es también reglamentar las asambleas en los lugares de trabajo; violencia es intentar reglamentar el derecho constitucional de huelga", conceptos que recibieron un cerrado aplauso de los presentes.
"(La fiscal Roxana) Romero se tiene que ir de la Justicia. Pero también es responsable el Superior Tribunal de Justicia, que no ha democratizado las relaciones laborales", acusó.
"No hay justicia democrática si la Corte no discute las condiciones laborales de sus trabajadores, si no discute en paritarias", concluyó.
UN CARRITO DE PRUEBAS
Al mediodía una comisión del gremio judicial correntino, encabezada por su secretario general Telmo Fernández, entregó el petitorio en la Secretaría de Jurisprudencia-Consejo de la Magistratura. Lo recibió la doctora Silvia Esperanza.
Llamó la atención que los gremialistas acompañaron el petitorio con un "changuito" conteniendo en una caja toda la documentación respaldatoria de la denuncia.
En declaraciones a EL LIBERTADOR, el titular de la FJA, Carlos Ordoñez, reflexionó que "los métodos de reforma laboral que se vienen implementando tanto desde el Banco Interamericano de Desarrollo como del Banco Mundial han tenido un altísimo impacto mediático y presupuestario, pero no han mejorado el servicio de justicia y mucho menos han generado condiciones laborales adecuadas para los trabajadores, no sólo de Corrientes, sino de la Argentina en general".
En primera persona
Ante las puertas del STJ, el dirigente judicial correntino Juan Carlos González le reclamó a viva voz al alto cuerpo que "no mire para otro lado", advirtiéndole que "hay otros acosadores" en el Poder Judicial de Corrientes.
Y expresó su deseo de que "no pase como en otros casos, donde hay más de 30 pedidos de juicio político que no prosperan". Expresó que el Sitraj "seguirá la lucha hasta las últimas consecuencias".
El secretario general de la Federación Judicial Argentina (FJA), Carlos Ordóñez señaló que la cuestionada Fiscal "no puede seguir ocupando un lugar en la Justicia argentina". Consideró luego que "violencia es también reglamentar las asambleas en los lugares de trabajo; violencia es intentar reglamentar el derecho constitucional de huelga", conceptos que recibieron un cerrado aplauso de los presentes.
Bajos instintos
El propio secretario general de la Federación Judicial Argentina (FJA), Carlos Ordoñez, entregó ayer una nota dirigida al presidente del Superior Tribunal, Guillermo Semhan, advirtiéndole sobre la existencia de funcionarios, como la doctora Romero, que "utilizan sus cargos para satisfacer ocultos o patológicos instintos".
Por su parte, el petitorio del Sitraj recuerda "el deceso de un joven compañero, Flavio Ariel Cabrera, quien contaba con sólo 35 años. Dejó una viuda y cinco hijos menores".
"Su muerte -agrega- no obedeció a causas naturales, sino a raíz del diagnóstico de úlcera duodenal perforada, que fue facilitada por el ambiente laboral insalubre, sometido a una constante presión psíquica". Subraya más adelante la situación de mal desempeño de la denunciada Romero que "ameritan incoar el procedimiento de remoción".
Expone las reiteradas denuncias por parte del Sitraj, también las denuncias del propio personal de la fiscal Romero, del Colegio de Abogados de Paso de los Libres y recuerda que incluso fue pasible de sanciones por parte del Superior Tribunal de Justicia, mediante una Resolución de 2010 y una Acordada de 2013.
Entre las pruebas figura la historia clínica de Flavio Ariel Cabrera y su partida de defunción.
También desempolva una resolución del propio STJ que aplicaba una sanción de apercibimiento para la doctora Romero y otra resolución del alto cuerpo que le aplicaba una multa del 5 por ciento de su sueldo.
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