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CRISTIAN CARRILLO

Las cuentas públicas dejaron en febrero un superávit financiero fiscal por segundo mes consecutivo, lo que el ministro de Economía, Luis Caputo, festejó como parte del camino hacia una supuesta normalización de la economía. Sin embargo, casi el 80 por ciento, medido en términos reales, de ese superávit que el Gobierno celebró fue producto de menores partidas en las jubilaciones y la sub-ejecución (y baja de beneficiarios) en los programas sociales.

Según detalló el titular del Palacio de Hacienda, el resultado primario de febrero fue de 1,2 billones de pesos, mientas que solo la eliminación de planes sociales, ya sea por menores transferencias como por la baja de beneficiarios por “supuestas irregularidades”, explicó casi la totalidad de ese superávit. El otro ítem fue las jubilaciones y pensiones.

La reducción del gasto primario del Estado fue récord en febrero, con un tijeteretazo de 36,4 por ciento interanuales en términos totales. “La segunda mayor variación interanual real de los últimos 30 años”, destacó el presidente del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), Nadín Argañaraz. Entre obra pública, subsidios, transferencias discrecionales y jubilaciones, explican el 76 por ciento del ajuste del gasto. Entre los recortes es significativo además la reducción real en el pago de salarios (11,6 por ciento), la compra de bienes y servicios y los gastos de capital (que prácticamente desaparecieron). El Potenciar Trabajo perdió en este bimestre el 70 por ciento de su valor real.

“El gasto en las denominadas prestaciones sociales, medido en términos reales, se desplomó 29,7 por ciento interanual en febrero (variación idéntica a la registrada en enero). Esto representó un recorte interanual de 1,13 billones de pesos (equivalente a 1349 millones) ese mes. El recorte del gasto en prestaciones sociales explicó un 44 por ciento de la caída en el gasto total en términos reales”, señala el informe de Grupo de Estudios de la Realidad Económica y Social (GERES).

Recorte en planes

El informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), la Inversión Real Directa, 28.661 millones de pesos (-80,5 por ciento interanual real): con motivo de las menores erogaciones en obras por parte de la Dirección Nacional de Vialidad (13.563 millones, -80 por ciento, así como en la ausencia de inversión de los programas Infraestructura y Equipamiento (3.392 millones a febrero de 2023) y Conectar Igualdad (2.782 millones a febrero de 2023), ambos de la cartera de Educación.

También se redujeron las inversiones realizadas en el marco del programa de Ejecución de Planes, Programas y Proyectos para el Mejoramiento del Transporte (de 4.843 millones de pesos en 2023 a 70 millones en 2024). Transferencias de capital, 68.075 millones (-81,7 por ciento): principalmente, por la menor ejecución en la asistencia financiera a: 1) empresas públicas, 4.998 millones (-96,7 por ciento; 2) fondos fiduciarios, 55.392 millones (-39,4 por ciento) y 3) provincias y municipios, 7.652 millones (-92,5 por ciento). En el primer caso no se realizaron giros a ENARSA (19.000 millones de pesos a febrero de 2023) ni a Administración de Infraestructuras Ferroviarias (4.523 millones a febrero de 2023), mientras que AYSA recibió 810 millones (12.121 millones en el mismo período de 2023).

“En el segundo caso, disminuyeron las transferencias al Fondo Fiduciario para la Vivienda Social, 25.000 millones de pesos (-66,8 por ciento real interanual, mientras que aumentaron las efectuadas al Fondo Fiduciario Procrear, 30.001 millones (179,2 por ciento). Potenciar Trabajo, 114.555 millones (-68,4 por ciento), afectado por la falta de registro de la liquidación de febrero del corriente año, la cual ingresó en el sistema en el mes de marzo. Ajustando dicho registro, la ejecución de este programa arroja una contracción de 39,1 por ciento real, explicado mayormente por la pérdida de poder de compra de las prestaciones”, señala el informe de OPC.

Le siguen Becas Progresar, 53.850 millones de pesos (-32 por ciento interanual real); Atención Médica a los beneficiarios de Pensiones no contributivas, 29.910 millones (-41,4 por ciento) y Programa Acompañar, 6.468 millones (-64,8 por ciento). Políticas Alimentarias, $265.003 millones (-4,0 por ciento real), entre cuyas iniciativas se destaca la Prestación Alimentar (264.649 millones, 0,2 por ciento). “Cabe señalar que a partir del mes de enero se otorgó un refuerzo del 100 por ciento en el valor de las tarjetas alimentarias respecto de los valores vigentes a noviembre 2023, arrojando el valor promedio de las prestaciones una pérdida real de 3,3 por ciento en el primer bimestre.

Jubilaciones y pensiones

Del análisis –que compara la ejecución presupuestaria del primer bimestre de 2023 y 2024- se desprende una fuerte caída en la ejecución de los programas del sistema previsional: 45,5 por ciento en pensiones no contributivas y 38,5 por ciento  en moratorias en relación con el primer bimestre de 2023. Las partidas destinadas a protección social conforman la mayor parte del presupuesto destinado a reducir la brecha.

“De cada 100 pesos ajustados en febrero, 35 correspondieron a recortes en jubilaciones. Esta tendencia, que se arrastra desde enero, refleja el fuerte impacto en los ingresos de los jubilados de la inflación desatada tras la asunción de Javier Milei y la falta de medidas gubernamentales para compensar esta situación”, destaca el informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA).

Este recorte quedará convalidado, de aprobarse, con la nueva fórmula que pretende el oficialismo para los haberes. Si se toma en cuenta la pérdida que tuvieron los jubilados frente a la inflación en diciembre y enero, y que el aumento de 27 por ciento de marzo no llegó a cubrir, el Gobierno debería darles un incremento del 25 por ciento en abril y sumar la inflación de febrero (13,2 por ciento), es decir un aumento del 41,5 por ciento, incluyendo el bono, según un estudio del instituto IARAF.

Si esto sucediera, y las jubilaciones se ajustaran por inflación con un rezago de dos meses -como está previsto en los proyectos de ley-, quien cobra la mínima, incluido el bono, terminaría el año con un ingreso anual real prácticamente igual al del 2023. Y el jubilado sin bono terminaría el año con una pérdida del 16 por ciento respecto al 2023. Es decir que muchos miles de jubilados terminarían con un séptimo año consecutivo de pérdida de poder adquisitivo.

El cálculo del IARAF supone que los bonos quedarían alcanzados por esos aumentos. Por eso, el informe agrega que si el Gobierno otorga un incremento del 10 por ciento en abril, como anticipó Guillermo Francos, adicionalmente a la inflación de febrero, es decir un aumento del 24,5 por ciento, los jubilados con la mínima que cobran bono terminarán el año con una pérdida de poder adquisitivo del 10 por ciento respecto del 2023.