Justo al momento en que las asociaciones de fiscales y de magistrados oficializaban en un comunicado conjunto el rechazo al proyecto del Gobierno para reformar el régimen especial de jubilaciones, un reducido grupo de funcionarios judiciales terminaba un encuentro en el Parlamento con diputados de la oposición para trasladar el malestar con el Frente de Todos por el texto enviado el viernes por la Casa Rosada después del anuncio del aumento en las jubilaciones mínimas.

Fueron tres los fiscales, de perfil técnico, de la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación (AFFUN) -encabezada por Carlos Rívolo, de viaje en estos días, que firmó el comunicado junto a Marcelo Tagle, presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN)- que se acercaron al Congreso. Los recibieron un grupo de diputados de Juntos por el Cambio: el cónclave había sido agendado con Cristian Ritondo, el jefe del bloque del PRO que prestó su despacho. No participó Mario Negri, el jefe del interbloque opositor -lo representó una de sus asesoras-, que vuelve de Córdoba este martes por la mañana para encabezar la reunión de mesa chica de las tres bancadas y empezar a empaparse de la letra chica del proyecto. Silvia Lospennato y Juan Manuel López fueron de la partida.

No hay, por ahora, posición común del interbloque de Cambiemos respecto a la ley que, entre otras modificaciones, limita el ámbito de aplicación, aumenta los aportes y propone que la jubilación de los magistrados, fiscales y defensores oficiales sea equivalente al 82% del promedio de las últimas 120 remuneraciones actualizadas. En la actualidad, los jueces se jubilan con el 82% móvil. Según AFFUN y AMFJN, el proyecto viola fallos de la Corte Suprema.

La norma enviada el viernes también impulsa cambios en el servicio exterior: estos regímenes especiales alcanzan a más de 8.000 beneficiarios que perciben haberes promedio de entre $235.000 y $335.000 por mes. Es decir, hasta 17 veces más que la jubilación mínima, de $14.067.

El fiscal Carlos Rívolo

El Gobierno había tenido que ceder y filtrar los cambios en los regímenes especiales en medio de la discusión del proyecto de ley de emergencia económica, que suspendió la movilidad jubilatoria impulsada por la anterior administración a fines del 2017.

Según confiaron a este medio legisladores de la oposición, los fiscales manifestaron su negativa a la iniciativa y plantearon algunas alternativas, pero no dejaron ningún documento con especificaciones. Los diputados de la UCR, el PRO y la Coalición Cívica solo se limitaron a escuchar el rechazo. Aunque ya se palpa en el Congreso un fuerte lobby judicial.

A la espera de una posición unificada del interbloque de Cambiemos -hay un texto alternativo de un sector del radicalismo-, no hubo por el momento negociaciones con el oficialismo. Sergio Massa, el presidente de la Cámara baja, no avanzó aún en ese sentido. No está asegurado un acompañamiento de la oposición al proyecto que reforma las jubilaciones de privilegio, una medida popular anunciada con timing tras la oficialización del aumento de las jubilaciones mínimas, que retrasa el incremento de un considerable número de beneficiarios.

Hay matices. “Queremos una discusión más integral, son solo dos regímenes especiales de 52 que existen”, explicó uno de los principales diputados de Juntos por el Cambio. La oposición empieza desde hoy a estudiar el texto.

No está clara, en esa línea, la hoja de ruta parlamentaria del proyecto, que todavía no fue girado. La comisión de Previsión y Seguridad Social, de hecho, aún no fue conformada.