Tras la media sanción al proyecto para modificar el régimen de jubilaciones especiales de los jueces, y cuando todavía persiste la polémica conformación del quórum con el designado embajador en Brasil, Daniel Scioli, las asociaciones que reúnen a los magistrados y fiscales, así como el gremio de los judiciales, llevarán su lobby en los próximos días al Senado. Ayer quedó conformada la Comisión de Trabajo y Previsión en la Cámara alta, presidida por Daniel Lovera (PJ-La Pampa), que la semana entrante comenzará, en forma conjunta con la de Presupuesto, el tratamiento del proyecto para recortar los haberes jubilatorios de jueces y diplomáticos.

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La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) -que nuclea a unos 3.000 jueces nacionales de la Capital y federales de todo el país, además de fiscales, defensores y funcionarios judiciales- envió ayer a la tarde una nota a la presidenta del Senado, Cristina Kirchner, pidiendo ser convocados a exponer sus planteos en el plenario de Comisiones.

No obtuvieron aún respuesta y saben que no son muchas las chances de que el texto sea modificado en la discusión en el Senado, donde el oficialismo tiene una clara mayoría. Pero aún así, buscarán detallar los principales puntos que objetan de la versión que aprobó Diputados.

El proyecto con media sanción para reducir las jubilaciones de los jueces enviado al Senado.

En declaraciones radiales, el presidente Alberto Fernández rechazó las críticas de las asociaciones de magistrados que aseguraron que no fueron consultadas, y afirmó que cuando plantearon el tema, encontraron una resistencia muy grande y aún así el Poder Ejecutivo aceptó cambios con respecto a la redacción original de la iniciativa. “Yo hablé con el presidente del Consejo de la Magistratura, que me trajo propuestas que incorporé tratando de darles certezas a ciertas dudas que ellos tenían”, aseguró el mandatario.

Ante la consulta de Infobae, Alberto Lugones -el nuevo titular del organismo y referente de la Lista Celeste de los magistrados, la más cercana al Gobierno- confirmó que “hubo diálogo al final, cuando ya estaba la discusión en la Comisión”. Sin embargo, advirtió que “para algunas cosas sirvió y para otras, no”, por lo que “insistirá” con los planteos. “Intentaremos en el Senado corregir lo que está mal”, señaló.

Alberto Lugones (Gustavo Gavotti)

Marcelo Gallo Tagle -presidente de la AMFJN e integrante de la Lista Bordó, más afín a las posturas de Cambiemos-, en cambio, se mostró pesimista sobre los cambios aprobados por Diputados a la versión original enviada por el Gobierno. “No veo que hayan receptado casi nada, o al menos no en lo sustancial. Es más, se incluyó en el dictamen la derogación de un artículo de la ley vigente que permite a jueces jubilados ser convocados en forma temporaria a cubrir vacantes”, le dijo a Infobae.

En tanto, Carlos Rívolo, presidente de la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación (AFFUN), también se manifestó disconforme con la media sanción de Diputados y el poco eco que tuvieron los planteos que llevaron desde las entidades que los agrupan. “Nosotros estábamos dispuestos a colaborar y llevar propuestas, aún no siendo los responsables de la crisis del sistema jubilatorio. Pero no entendemos la urgencia con la que salió este proyecto en el plenario de Comisiones y en los términos en que se integró la mayoría en el recinto. Es inentendible para una ley de este tenor que toca a otro poder del Estado. Hubiera hecho falta una mayoría importante en términos políticos. Esperamos no sorprendernos mañana con el proyecto de Reforma Judicial”, le dijo a este medio en referencia al anuncio que hará el Presidente en la apertura de las sesiones ordinarias.

El fiscal federal Carlos Rívolo

Para Francisco Quintana, actual vicepresidente del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires y secretario general del PRO, la afirmación de Fernández de que “hubo diálogo” es “parcial”. “Si bien es cierto que se generó el ámbito en las Comisiones para que los representantes de las asociaciones se expresen, el oficialismo a nivel nacional mostró poca voluntad de escuchar al buscar un tratamiento exprés del proyecto, forzando el quórum como lo hizo. Sin entrar en la discusión de si fue legal o no la presencia de (Daniel) Scioli como diputado en el recinto (habiendo sido designado embajador en Brasil), está claro que está reñida con la ética”.

Y advirtió: “Más allá del déficit del sistema previsional, no hay razones para avanzar con esta celeridad solo contra el régimen jubilatorio de jueces y diplomáticos, cuando hay más de 50 regímenes especiales vigentes. ¿Por qué ir solo contra estos? ¿Por qué no dar un debate y una discusión más integral que plantee que no haya ningún régimen de privilegio por sobre los demás ciudadanos?".

Desde la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN), en tanto, también confían en ser convocados cuando se haga el plenario de las comisiones de Previsión y Presupuesto en el Senado. “Veremos si hay voluntad de cambiar más cosas, aunque no vemos mucho margen”, le admitió a Infobae su titular, Julio Piumato. El gremio, por un acuerdo a último momento con el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, logró que se incluyeran en el proyecto a los prosecretarios y jefes de despacho, que pasarán a cobrar el 82% como los magistrados.

Julio Piumato hablando en el plenario de Comisiones en Diputados que trató el proyecto de reforma de jubilaciones de jueces (Gustavo Gavotti)

Sin embargo, Piumato advirtió que no están de acuerdo con el proyecto del oficialismo y destacó que tienen “el propio”, presentado por+ el diputado José Luis Ramón, presidente del Interbloque Unidad Federal que integran ocho legisladores, y que suele votar con el oficialismo. De hecho, el jueves, así lo hicieron. “Nuestro proyecto de ley es más sustentable que este que se votó porque incluye a todos los empleados judiciales, con un aporte del 15%”, afirmó. Actualmente, los jueces aportan el 12% sin tope, y el proyecto del Gobierno eleva ese aporte al 18%.

Los principales cambios en el proyecto del Gobierno que ingresó a Diputados y los puntos que objetan jueces y fiscales son los siguientes:

Antigüedad en el Poder Judicial

Actualmente para poder jubilarse como juez, se requieren 10 años en el cargo. El proyecto del Gobierno elevó la antigüedad a 20, pero en la discusión en Comisión, el oficialismo la bajó nuevamente a 10.

“La reducción de los años de juez para poder jubilarse no era algo que hubiéramos pedido nosotros, por respeto a la carrera judicial. No porque no queremos que venga gente de afuera, sino para tener en cuenta el aporte adicional que hacen los que están en el Poder Judicial, generalmente durante muchos años”, explicó Gallo Tagle.

Por lo bajo, son muchos los que dicen que “la modificación de esta cláusula tiene nombre y apellido”, en referencia a la camarista de Casación Federal Ana Figueroa, cercana a posiciones del actual Gobierno. Figueroa ingresó al máximo tribunal penal del país, a los 63 años, sin venir de la carrera Judicial sino de la docencia universitaria. “Fue designada durante el kirchnerismo. Hoy tiene casi 70. Con el proyecto del Gobierno -con el que buscaban supuestamente reducir el déficit del sistema previsional- tendría que estar en su cargo de jueza hasta los 83 años. Ahora tienen que hacer una devolución de favores y por eso redujeron los años requeridos para cobrar la jubilación de magistrado”, afirman distintas fuentes en los Tribunales de Comodoro Py.

El 82% del sueldo

Actualmente, los magistrados cobran al jubilarse el 82% del último sueldo, que suele ser el más alto. En el proyecto del Gobierno se estableció que pasarían a cobrar el 82% del promedio de las últimas 120 remuneraciones, o sea de los últimos 10 años. “En un país con inflación, esa cambio en el cálculo puede implicar, en el peor de los casos un 55% de lo que se cobra hoy, y en el mejor, el 62%”, precisó Rívolo.

Tras el debate en la Comisión, se acordó aplicar el 82% sobre el promedio de las remuneraciones actualizadas al valor del salario correspondiente a la categoría del cargo vigente al momento de cesar como magistrado. “En eso se nos escuchó. Quedó el 82% del valor actualizado de la categoría del último cargo si se tienen 10 años de antigüedad, o de los últimos cargos si fueran más de uno en ese período. Con esa fórmula no tendríamos discrepancia. Veremos cuando la aplique la Anses”, le dijo Lugones a Infobae.

La movilidad

El texto aprobado no especifica el índice de movilidad o actualización prevista en el haber de los magistrados. Actualmente, el régimen especial que tienen los jueces prevé que la movilidad se rija por los aumentos que recibe el Poder Judicial.

“Si bien se acordó que se va a tomar el valor actual de la categoría, ese cálculo regirá hasta tanto una Comisión a crearse se expida sobre el índice de actualización, que aún no se sabe cuál será”, advirtió Gallo Tagle. “O sea, el texto dice que será móvil la jubilación, pero no está explicitada cual será la fórmula de la movilidad”, destacó.

Traspaso a la Anses

El proyecto incluyó la derogación de un decreto de 1976, firmado durante la dictadura militar, por el que el Consejo de la Magistratura de la Nación dejaría de calcular los haberes iniciales de los jueces, y esta potestad pasaría a manos de la Anses. “El problema es que si la Anses liquida mal una jubilación de un magistrado, la única alternativa es el reclamo judicial”, señaló Lugones.

“No dieron ningún argumento para ese cambio y, con el nivel burocracia que tiene la Anses, lo vemos como otro avasallamiento al Poder Judicial ya que el trámite de la liquidación de haberes perderá agilidad”, agregó Gallo Tagle, por su parte.

Suba del aporte al 18%

El aporte de los jueces para la jubilación subirá del 12% actual -sin tope- al 18%. El argumento del Presdiente es el “quebranto del sistema previsional".

“Ni el proyecto enviado por el Ejecutivo ni los funcionarios que fueron a la Comisión en Diputados dieron cifras precisas del cálculo del déficit que hicieron, y por qué habría que subir el aporte al 18%. No parece justo si no dan explicaciones y no tenemos los números bien hechos. Primero hay que cubrir el 25% de las vacantes existentes para sumar aportes de magistrados. Y pedimos que se compute en el cálculo el aporte extra que ya hacemos los jueces al sistema previsional”, precisó el presidente de la AMFJN.

Este aumento del aporte es uno de los puntos que también cuestiona el gremio. “Nadie explicó por qué el porcentaje del 18%. En nuestro proyecto, hicimos el cálculo que si aportaran los 30.500 empleados del Poder Judicial el 15% de sus sueldos, el sistema sería sustentable”, afirmó Piumato en diálogo con Infobae. El histórico dirigente judicial destacó que al incorporar a los prosecretarios y jefes de despacho al nuevo régimen que el oficialismo busca aprobar, “habrá tres funcionarios judiciales que aporten por cada jubilado. Sin ellos, quedaba un juez en actividad aportante por cada juez jubilado”.

Progresividad

La fórmula de progresividad que figura en el proyecto oficial contempla llegar a los 65 años como edad de jubilación para los hombres, en solo cinco años. “Está mal hecha la escala, no existe la progresividad en la aplicación de la nueva edad jubilatoria. No lo corrigieron pese a que lo planteamos en la Comisión. Debería ser un año más de edad, cada dos años. Así, en 2030 llegás a los 65 años, no en 2025 como figura en el texto. Pero, inexplicablemente, los funcionarios dijeron ‘no se toca’", se quejó Gallo Tagle.

Sí se redujo en el texto original del Ejecutivo la edad jubilatoria de las magistradas mujeres de 65 a 60 años. "Era una cuestión indefendible porque implicaba agravar su situación de forma arbitraria, cuando en el sistema general la mujer se puede jubilar a los 60″, agregó el titular de la Asociación de Magistrados.

El artículo 16

Hubo un artículo que se incorporó al texto en el debate en el plenario de las Comisiones que es considerado por jueces y fiscales como uno “de los más graves”. Es el que deroga el artículo 16 del régimen jubilatorio actual (Ley 24.018) y que establece que los magistrados y funcionarios jubilados “conservarán el estado judicial y podrán ser llamados a ocupar transitoriamente en los casos de suspensión, licencia o vacancia, el cargo que desempeñaban en oportunidad de cesar en el servicio u otro de igual jerarquía" del Poder Judicial o del Ministerio Público de la Nación.

“No estamos de acuerdo. Todos los magistrado jubilados deberían poder seguir siendo convocados en forma temporaria para cubrir vacantes. Esto es crucial para que no haya un vaciamiento de jueces hasta que terminan los concursos y se cubren los cargos. Más con las vacantes que hay hoy en día”, advirtió Lugones a este medio.

En la misma línea, el fiscal Rívolo observó que “esta ley, así como está, corta el ‘estado judicial’ que tienen los magistrados y funcionarios aún con posterioridad a la jubilación, hasta por lo menos los 75 años. Es el que permitía que convocaran a un funcionario judicial jubilado para cubrir una vacante por la especialidad que logró con su experiencia". El presidente de la AFFUN agregó, en este sentido, que “en el interior, el problema es muy grave porque no tenés gente suficiente para cubrir los cargos”.

Asimismo, Rívolo advirtió que la pérdida del “estado judicial” por parte de los nuevos magistrados jubilados “abre la puerta a una discusión sobre si tiene que empezar a pagar Ganancias sobre su haber jubilatorio”.

Pensiones

Por último, otro de los ítems del proyecto sancionado que cuestionan magistrados y fiscales es el de la pensión que pasará a cobrar el cónyuge de un juez o jueza fallecido. “Hoy le corresponde una pensión que equivale al 75% del 82% móvil del último sueldo que cobraba el marido o la esposa en el Poder Judicial. Ahora pasarían al sistema previsional común y cobrarían la mitad”, precisó el presidente del Consejo de la Magistratura.

Al justificar los recortes a las jubilaciones de los jueces, Alberto Fernández sostuvo que “hay que entender que en la Argentina la jubilación promedio es de 24.000 pesos” por lo que “estos regímenes son insoportables: las jubilaciones de los jueces rondan los 300 mil pesos en promedio. Son un costo muy alto para el Estado”.