Por Hernán Sánchez.

“Cualquiera de las dos posiciones extremas son disparatadas, y si hay vocación de solucionar los puntos en discordia se verá en los próximos días, porque esto lo tenemos que solucionar”, aseveró un legislador de la oposición sobre el callejón sin salida en el que se encuentra el proyecto de Axel Kicillof para modificar la Ley 15.008, que regula la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Banco Provincia. El Ejecutivo no quiere cambiar nada de su redacción y desde Juntos se muestran reticentes a alzar la mano para “voltear” una de las dos leyes emblema del paso de María Eugenia Vidal por la Provincia. La otra fue el límite de reelecciones de los intendentes, que ya ha sido modificada.

Es por ello que desde el PRO duro surgió la postura más intransigente sobre no hacer ningún cambio. Pero ahora, hasta ese sector reconoce que habrá que poner sobre la mesa al menos el artículo 41, que es el que ató la movilidad jubilatoria a la Anses y la sacó de las paritarias provinciales. Sobre ese punto advirtió la Suprema Corte (inundada de amparos de afiliados a la caja) que fallaría en contra, factiblemente el 14 de diciembre. Y si el máximo tribunal declara la inconstitucionalidad de la 15.008, supone un problema económico importante para la Provincia y, también, un inconveniente político para la principal coalición opositora. 

Desde el Banco Provincia aseguraron que “no es posible saber de forma cierta el costo que tendrá para el Gobierno, porque dependerá de los términos del fallo. En la última audiencia en la Corte se estimaba un costo de 41.000 millones de pesos por retroactividades. El impacto no necesariamente es sobre el banco, sino sobre el conjunto del Estado provincial. Además hay que ver cómo resuelven cuestiones normativas de la 15.008 que también pueden tener un impacto significativo en el balance del banco y de la Provincia”. 

El déficit de la caja, el Gobierno lo quiere pasar a la Provincia, y nosotros queremos que quede en el banco, porque van a tener más conciencia de que el tema hay que arreglarlo; la caja junta la mitad de lo que sale, está quebrada. Todos los empleados bancarios deberían jubilarse con el régimen de Anses. Y quieren que la Provincia se ponga a financiar ese muerto”, dijo un legislador de Juntos, aunque reconoció la necesidad de salir del atolladero en el que los metió la Corte. El déficit calculado de la Caja del Banco Provincia para este año es de 19.945.253.000 pesos, y para 2023, si continúa la ley actual, superará los 27.000.000.000. 

Desde la oposición se sostiene que el Gobierno va a financiar una caja en pérdida en detrimento de los jubilados del Instituto de Previsión Social (IPS), con jubilaciones mucho menores que las de los bancarios. Ante esto, fuentes de la entidad financiera respondieron a La Tecla que “el proyecto de Ley mantiene la trayectoria a la reducción del déficit implícito en la 15.008, de forma que el planteo de la oposición no es consistente. Lo que sí proponemos es un mecanismo que sea sustentable y solidario. La oposición lo sabe porque el texto tiene todos los comentarios y modificaciones que aportaron los legisladores de las distintas bancadas. El mecanismo de financiamiento solidario y equitativo prevé que tanto trabajadores como pasivos y el propio banco incrementen sus aportes”. 

Sobre este punto no habría objeciones por parte de Juntos, como tampoco de volver hacia atrás con que la movilidad regrese a la Provincia, que es el punto neurálgico sobre el que la Suprema Corte declararía la inconstitucionalidad. El problema surge con la idea de retornar a una jubilación inicial del 82 por ciento y a que las mujeres se jubilen a los 60 años, cuando la Ley 15.008 establece el 70 por ciento para el inicial y había elevado a 65 (como los hombres) la edad de retiro de las damas. Allí hay una postura más firme por parte de la oposición de no acompañar esas modificaciones, a las que también se comprometió el Gobernador con La Bancaria. “No entregamos la edad y no entregamos el 39, que es el cálculo inicial; si no hay para pagar el 70 cómo vas a pagar el 82”, sentenció uno de los defensores de la 15.008. “Es importante llegar a un consenso donde se hagan los mínimos cambios, tal cual el pedido de la Corte, y esto es el artículo 41, y no hacer otra modificación sustancial que empeore la situación de la caja”, completó.

“La sustentabilidad de la caja es una preocupación de todas las partes, y eso explica el esquema de financiamiento propuesto. Las estimaciones nos indican que con este nuevo esquema de financiamiento que proponemos, el déficit financiero de la caja se reduciría en los próximos diez años en relación a la proyección realizada con la ley vigente, de forma que no recarga las finanzas provinciales ni compromete el patrimonio del Banco Provincia”, retrucaron desde el Gobierno.  

Aun cuando desde el Ejecutivo sueñan con quebrar al menos una parte del bloque de Juntos para que preste quorum y se pueda tratar el proyecto en el recinto de la Cámara de Diputados, desde Juntos intentan no mostrar fisuras, pese a que hay posturas internas disímiles. “La Coalición Cívica y nosotros decimos que la constitucionalidad de la ley la dará en última instancia la Suprema Corte, que ya indicó un camino de legalidad y constitucionalidad, por lo tanto entendemos que los artículos que están en el camino de la inconstitucionalidad se tendrían que rever. Pero tanto la Coalición Cívica como nosotros sostenemos que tiene que ser una decisión de coalición, que ninguno va a tomar un atajo en términos individuales”, aseveró un referente del radicalismo provincial. En ese sentido, un documento de la CC mostró a ese partido dispuesto a buscar una salida legislativa a cualquier planteo de la Corte. 

Es decir que no hay atajo fácil para que se pueda avanzar en el tratamiento. No obstante, desde el PRO también empiezan a tener en cuenta que si el máximo tribunal falla en contra de la ley de Vidal, “nos va a ser difícil después explicar una reforma más amplia”, reflexionó un senador al tanto de las negociaciones. Juntos se quedó con la espina clavada de no haber podido cambiar el régimen jubilatorio del IPS; esa era la verdadera reforma que buscaba Vidal, pero no pudo avanzar y debió conformarse con cambiar el régimen del Banco Provincia. Si la oposición regresa al Gobierno, la reforma jubilatoria integral volverá a estar sobre la mesa. 

Por ahora, la reforma del régimen jubilatorio de los empleados del Bapro se ha convertido en una ley maldita, que sigue entrampada en una laberíntica discusión mientras se acortan los tiempos. La Corte fallaría muy pronto, y como si esto no bastara para acelerar la búsqueda de un consenso, el proyecto de Kicillof, si no se vota en extraordinarias perderá estado parlamentario el primer día de marzo.

Las diferencias entre el proyecto de Kicillof y la Ley 15.008En el artículo 4, referido a la composición del directorio de la caja, el nuevo proyecto agrega dos directores (ahora son 3), uno por los afiliados y otro por el Ejecutivo. Así, el Gobierno y el banco quedarían con tres sillas (dos del Ejecutivo -uno como presidente de la caja- y un director del banco) y los afiliados, con dos (uno activo y otro pasivo).Agrega el artículo 7 que para dictar todas las resoluciones, las mismas deberán adoptarse por mayoría absoluta (como estaba en la ley anterior, la 13.364). Incorpora dos incisos al artículo 8 (que es el 7 en la ley actual), uno de los cuales pide elevar al Ejecutivo un informe de la situación financiera de la caja.En el artículo 13 (11 de la 15.008) se incrementa el aporte de los activos un 2%, y del 14 pasará al 16% sobre las remuneraciones. Además sube 5% la contribución obligatoria a cargo del banco, del 16 al 21%. Y establece en el 12% obligatorio el aporte de los pasivos, cuando la normativa actual deja a consideración del directorio que esa contribución sea de entre el 10 y el 12%. El artículo 14 del proyecto establece que para atender el déficit de la caja el Banco hará aportes adicionales (mejor especificados en la ley actual); se eliminan las transferencias que realice el Gobierno nacional de acuerdo a la ley 27.260, y se agrega un inciso para asignar recursos mediante el Presupuesto.La nueva ley busca bajar la edad jubilatoria de las mujeres, de 65 a 60 años (artículo 26). Se agrega el artículo 27, que permite la opción de seguir trabajando hasta los 70 años si hay deseo del afiliado y conformidad del banco.El artículo 42 modifica el 39 de la ley actual y sube el porcentaje del haber inicial, de 70 al 82% del promedio de los últimos diez años, como estaba hasta la modificación de Vidal. El punto 43 incorpora la posibilidad de que se jubilen personas que ya tienen la edad y les faltan los aportes requeridos.El artículo 46 abre la posibilidad del reajuste, para aquellos que suspendieron la jubilación y reingresaron en un cargo con remuneraciones superiores al beneficio suspendido.El artículo 47 modifica el 41 de la actual, y vuelve la movilidad de los haberes de acuerdo a la variación porcentual de los salarios de las personas empleadas en actividad en el banco, cuando la norma actual lo había atado a la Anses. En el punto 48 se modifica el 42 de la actual normativa y el haber de la pensión pasa de 70 a 75% de la jubilación de la cual deriva esa pensión. Se incorpora en la nueva ley la posibilidad de optar para cambiar la determinación del haber inicial: se estableció una suba del 70% al 82%, y del 70% al 75% las pensiones; pero para ello se les eleva el aporte de jubilados y pensionados en un 5%.

APORTES A LA CAJA 

Los costos para empleados, jubilados y el banco

Con la Ley 15.008, cada empleado aporta a la Caja de Jubilaciones el 14% de su salario, mientras que el banco agrega un 16% de ese sueldo para aportar a la caja. A su vez, en el artículo 12 de la norma se añade que la entidad hará una contribución adicional del 7% sobre las remuneraciones que integran el haber del empleado cuando el resultado operativo financiero de la caja sea deficitario, como en la actualidad. Es decir que hoy el Bapro aporta 23% sobre las remuneraciones. 

En el proyecto de Kicillof se le suben dos puntos a la contribución del empleado, que deberá aportar el 16% de su salario, mientras que al banco se le incrementa de 16% a 21%, en tanto no se modifica lo del artículo 12 y se sostiene el 7% adicional, por lo que el banco deberá erogar 28% sobre el haber del empleado. En cuanto al aporte que hacen los jubilados y pensionados, es en la actualidad del 10%, y el directorio del banco puede disponer de aumentarlo hasta 12%. 

Con la nueva ley, la obligación quedará fija en el 12%. Pero en este caso habría una ganancia para los jubilados si se vuelve al 82% del salario. Actualmente, con el 70% de movilidad aportan el 10%, por lo tanto se llevan al bolsillo el 60% del haber del activo. Si se aprueba el proyecto de Kicillof volverán al 82% móvil, y con un aporte del 12% a la caja, el resultante es el 70% neto al bolsillo; es decir que la mejora será sustancial.

MARCELO DALETTO - SENADOR PROVINCIAL (JUNTOS)

“Debemos llegar a un consenso para cambiar el artículo 41” 

El senador Marcelo Daletto es uno de los defensores de la Ley 15.008, a la que considera “una gran reforma para la Caja del BAPRO, porque se le introdujo al sistema previsional bancario de la Provincia lo necesario para que vaya saliendo del déficit. Por eso fue importante cambiar el cálculo del haber inicial, la movilidad jubilatoria, la edad jubilatoria, para que tengan la misma edad los empleados del Banco Provincia que el resto de los bancos”. No obstante reconoce que se debería atender la recomendación de la Corte para modificar el artículo 41.

“Con las presentaciones judiciales posteriores, el fallo de la Procuración y sabiendo que la opinión de la Corte es que la movilidad jubilatoria, que hoy está atada a la Anses, vuelva a ser por las paritarias del banco, entendemos que debemos llegar a un consenso donde ese artículo pueda ser cambiado”, subrayó el legislador. También se mostró en favor de acompañar “otros artículos de la propuesta de Kicillof que no afecten el desequilibrio económico que tiene la caja”. 

En ese sentido, Daletto destacó: “Lo que debemos comprender es que, según el Presupuesto 2022, entre aportes y contribuciones, la caja está juntando 22.000 millones de pesos y está pagando en jubilaciones 42.000 millones; o sea que hoy se necesita el doble de lo que se junta para pagar las prestaciones. Por eso no podemos avalar otra reforma más como es aumentar el cálculo inicial del 70 al 82 (por ciento), porque si no se puede pagar el 70, menos se va a poder pagar el 82. Nos gustaría pagar el ciento por ciento, pero no hay plata”. 

FEDERICO BACH - ASOCIACION BANCARIA DE LA PLATA

“Es una caja provincial de la que nadie se va a poder desligar”

“Entendemos que el Gobernador está ejerciendo un poco más de presión para ver si se puede sacar la ley. Nosotros mantenemos las expectativas para las ordinarias y extraordinarias de este año y esperamos poder cambiar lo que nos pasa con la oposición; no solo por los jubilados del banco, sino también por lo que afectaría al Bapro si esta normativa no se cambia”, dijo a La Tecla el secretario general de la Asociación Bancaria seccional La Plata, Federico Bach. 

Para el gremialista, “el planteo del PRO y Juntos por el Cambio empieza a perder lógica cuando dicen que el pueblo de la Provincia va a pagar el déficit de la Caja del Banco y que son jubilaciones de privilegio. Nosotros tenemos en claro que esta ley se votó exclusivamente para la privatización del banco o para la incorporación de capitales privados”. Agregó que “el sistema es deficitario, pero el banco pone de su ganancia el déficit para que los empleados puedan cobrar, igual que en 2017. Eso no ha cambiado, ni va a cambiar, porque el banco tiene la solvencia para hacerlo”. Por otro lado adelantó que, con la resolución de los amparos, “la Justicia está validando de hecho la inconstitucionalidad de la medida”, y recordó que “hay una posición que no está planteada de cara a la sociedad, y es que hay una caja provincial de la que nadie se va a poder desligar porque así lo establece la Constitución. 

Por último, Bach advirtió sobre lo que sucederá si el máximo tribunal dictamina en contra de la 15.008. “Si la Corte fallara también se puede llevar puesta a la provincia de Buenos Aires, porque automáticamente, después de que la Justicia dictamine, los jubilados van a hacer las presentaciones legales para ir a buscar lo que no les pagaron por la inconstitucionalidad de la ley”, afirmó el gremialista