En una resolución, la magistrada accedió al pedido del fiscal penal de General Güemes, Ramiro Ramos Osorio, y rechazó los pedidos de nulidad y sobreseimientos interpuestos por los abogados, René Gómez y Pedro García Castiella, defensores de Mazzone y Manuel Santiago Amador, dos de los tres imputados en este caso.

El fiscal Ramos Osorio, el 30 de enero pasado, a dos semanas de desatado el escándalo, solicitó el enjuiciamiento penal del ex intendente, Amador y Eliseo Valdez por los delitos de corrupción de menores en perjuicio de tres jovencitas de 15 y 17 años.

La investigación penal se inició el 7 de enero pasado, cuando se hicieron públicas en un sitio informativo de El Bordo las fotografías en la cual se podía ver a Mazzone con el torso desnudo, una caja de vino en una de sus manos y junto a jovencitas que posaban en ropa interior, en su casa de campo en La Ramada.

Las fotografías rápidamente dieron paso al escándalo, el cual Mazzone intentó frenar con una conferencia de prensa en la cual explicó que le había prestado la casa a los remiseros para que hagan su festejo de fin de año, del cual participó por algunos minutos al hacerse presente por pedido de los choferes.

Mazzone, un ex aliado político del senador nacional, Juan Carlos Romero, sostuvo que el hecho que las jovencitas estaban en ropa interior se debió a que en su pueblo las chicas no tienen trajes de baño, como así también aseguró que siempre estuvo acompañado de su mujer y que sólo pasó por la casa para ver que todo estuviera en orden, ocasión en que los remiseros le pidieron sacarse algunas fotos de recuerdo.

Obviamente, las declaraciones de Mazzone no tuvieron el efecto esperado, sino por el contrario, pues nadie le creyó. Ante la clara evidencia de que algunas de las jovencitas que aparecían en las fotos eran menores, el fiscal Ramos Osorio tomó rápidamente intervención y ordenó un allanamiento en la casa de campo de Mazzone, tomó testimoniales de las jóvenes y secuestró un teléfono celular, con el cual se tomaron las fotografías.

La investigación, a la cual luego se sumó la fiscalía de Violencia de Género 2, permitieron a los días siguientes establecer que de la fiesta participaron tres menores, entre ellas dos de 17 años y una de 15. Asimismo, se pudo constatar que Mazzone permaneció en el lugar hasta casi pasada las cuatro de la madrugada, como así también las menores señalaron que el ex intendente pretendía tener sexo con ellas.

Mazzone, en un intento desesperado y al borde de la destitución, alegó que en las fotos nunca se sacó sus pantalones, sin embargo, una pericia del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, logró recuperar las fotos borradas del celular secuestrado y se comprobó que el ex jefe comunal aparecía en calzoncillos.

Tras el pedido de elevación a juicio de Mazzone, Amador y Valdez, los dos remiseros acusados de ser coautores, los abogados Gómez y García Castiella interpusieron sendos pedidos de nulidad y exigieron el sobreseimiento de sus clientes.

En su fallo, la jueza Busto Rallé destacó el accionar del fiscal y confirmó cada una de las diligencias que se llevaron a cabo en busca de establecer la verdad real de lo sucedido. La magistrada, con ello, desechó las sospechas que los defensores intentaron sembrar respecto a que algunas medidas se tomaron sin los recaudos procesales y afectaron el derecho de defensa de sus clientes.

Entre ellas, los defensores se quejaron por algunas testimoniales que fueron tomadas por la fiscalía, sin embargo, la jueza descartó que dichas declaraciones sean pasibles de vicios, como así también rechazó el pedido de nulidad de los defensores respecto a la pericia que permitió recuperar las fotos borradas del celular.

Al respecto, señaló que los dos defensores fueron notificados sobre la audiencia en que los peritos iban a presentar el informe con las fotos recuperadas, diligencias a la cual García Castiella directamente faltó, mientras que Gómez asistió y al finalizar no objetó nada sobre dicho informe.

De esta manera, la jueza resolvió rechazar los pedidos de los defensores, confirmó el requerimiento penal del fiscal Ramos Osorio y ordenó que la causa sea girada al Tribunal de Juicio a fin de que se siga con los trámites de rigor para la realización del debate oral y público.