Esta memoria tiene una historia. En agosto de 2016, el Estado puso en marcha el primer relevamiento nacional de barrios populares en el país, un esfuerzo sin dudas inédito que tenía como objetivo dimensionar la problemática de la informalidad urbana en la Argentina. Se hizo a través de la Jefatura de Gabinete de Ministros, el Ministerio de Desarrollo Social, la Agencia de Administración de Bienes del Estado y el Anses, en conjunto con organizaciones de la sociedad civil como Techo y organizaciones sociales representadas por la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y Barrios de Pie, además de la Iglesia Católica argentina, representada a través de Cáritas. Pero si se le pone nombre y apellido a la iniciativa, son dos los que se destacan: Mario Quintana y Juan Grabois.

Como se explicó en un informe que presentó Carolina Stanley, el relevamiento permitió conocer, por primera vez, con datos oficiales, fehacientes y exhaustivos, que existían en la Argentina -al 31 de diciembre de 2016- 4416 villas y asentamientos, en los que 935.000 familias (unas 4 millones de personas) viven sin acceso a servicios básicos ni titularidad del suelo que habitan.

“Dimensionar la problemática fue el primer paso para comenzar a construir una política pública consistente y sostenible que permita mejorar las condiciones de vida de los millones que habitan en la informalidad”, se explicó. Y se agregó: “A través de los años, y a pesar de los precedentes relevantes en materia de políticas de vivienda y hábitat, la población de villas y asentamientos fue relegada” a intervenciones fragmentadas.

Lo concreto es que, luego del relevamiento, se creó por decreto presidencial 358/17 el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap) y al año siguiente, en octubre de 2018, fue sancionada la ley 27.453, con apoyo unánime en ambas Cámaras del Congreso. La norma declaró de utilidad pública y sujeto a expropiación los inmuebles comprendidos en el registro, suspendió los desalojos en los barrios por un período de cuatro años, y habilitó la creación de un régimen especial de regularización dominial. Además, sentó las bases de su financiamiento a través de un fideicomiso.

Mario Quintana, ex vicejefe de Gabinete de Mauricio Macri, fue el gran impulsor del RENABAP y el FISU, que ahora está en manos de una funcionaria de Juan Grabois (Manuel Cortina)

Por los artículos 13 y 14 de esa ley, la 27.543, no solo se autorizó al Poder Ejecutivo a crear el fideicomiso para financiar la regularización de los barrios populares, sino que se especificó que podía integrarse con aportes del Tesoro Nacional, organismos internacionales u ONGs, legados y donaciones o cualquier aporte que sea explicitado para tales efectos, por ejemplo, un impuesto o el porcentaje de un impuesto.

En el medio del ajuste general del Estado que llevó a que el Ministerio de Salud fuera transformado en Secretaría, y con Stanley convertida repentinamente en ministra de Salud y Desarrollo Social, se creó la Secretaría de Integración Socio-Urbana, y se puso al asesor de Quintana que había trabajado en la ley y que dio la idea de crear el fideicomiso para el financiamiento de los barrios populares, a cargo. Su nombre es Sebastián Welisiejko, también conocido como “Weli”.

Es bueno recordar el esfuerzo del economista que trabajó hasta el último día para formalizar lo que, pretendía, se transforme en una política de estado, que de sustento a lo que décadas de peronismo no lograron. A saber, una solución a escala con el grave problema de vivienda, racionalidad en el gasto y en el diseño de las obras, eliminación del clientelismo político a través de criterios objetivos en la asignación de recursos, y la posibilidad de obtener aportes privados para fines concretos, garantizando transparencia del proceso de construcción y la trazabalidad de los fondos.

“Weli” siguió trabajando hasta el último día del gobierno que había perdido las elecciones para dejar todo en marcha. El 5 de diciembre de 2019 logró que Macri firmara el decreto reglamentario del Fideicomiso Integración Social Urbana (FISU) y no dejó el contrato firmado con el BICE, como habría querido, porque le cobraba una comisión que juzgó demasiado alta. “Las próximas autoridades podrán conseguir mejores condiciones que un gobierno de salida y tendrán 60 días para realizarlo”, pensó en ese momento.

El dato crucial es que para el relevamiento realizado en 2016 con 4416 barrios populares, que seguramente será mayor a estas alturas, es que requiere una inversión total que fue calculada en USD 26.000 millones.

Hasta ahora tiene 11.000 millones de pesos que fueron recaudados por el impuesto PAIS, ya que el diputado Leonardo Grosso (Movimiento Evita) logró introducir con el respaldo de Máximo Kirchner ese porcentaje en la ley de emergencia sanitaria que se votó al inicio de la pandemia. Y, según adelantó el diputado Itai Hagman, el 15% del impuesto a la riqueza también estará destinado a este Fideicomiso. Si se parte del supuesto de que podría recaudar $300.000, el FISU tendrá un aporte de $45.000 mil millones más. Claro que parecen cifras descomunales, pero están muy lejos de las necesidades de los barrios populares.

Fernanda Miño fue concejal en San Isidro y vive en La Cava. Es la Secretaria de Integración Socio Urbana, una oficina que volvió a Desarrollo Social, como estaba en tiempos de Macri

Pero el punto es otro. Ese FISU, con una necesidad ya calculada de 26 mil millones de dólares, es la caja teórica por la que todos pujan. Con la llegada del Frente de Todos, la arquitecta rosarina María Eugenia Bielsa lo quiso para su Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Y hasta allá fue la Secretaría de Integración Socio Urbana. La designación del nuevo secretario tomó tres meses. Juan Grabois pujaba por ese lugar, ya que se sentía padre del proceso, pero a los demás movimientos sociales no les gustaba la idea.

Finalmente, aceptaron su candidata, la docente y vecina de La Cava, Fernanda Miño, que fue con su equipo, entre ellos, Fernanda García Monticelli, subsecretaria de Gestión de Tierras y Servicios Barriales, quien sería la verdadera ejecutora de Grabois en estos complejos asuntos.

Cuentan que Bielsa “no le dio ni agua” a Miño, pero tampoco logró sacarle el área, ni dárselas a los intendentes, que más de una vez se la pidieron explícitamente. Como se sabe, cualquier despliegue de los movimientos sociales pone muy nerviosos a los jefes comunales, que ven cada vez más fondos en manos de las organizaciones. Pero entre tomas y nuevos reclamos, donde hasta La Cámpora ve la mano del Movimiento Evita y de Grabois, la ex ministra nunca logró hacer pie en el área de un modo que pudiera hacer una política propia.

En alguno de esos escándalos que arma en televisión para llamar la atención del Presidente, Grabois logró que el Gobierno publique el decreto 777/2020 por el que se traspasó la Secretaría de Integración Socio Urbana, a Miño y equipo a su lugar original, el Ministerio de Desarrollo Social, donde nació -y estaba- en tiempos de Mauricio Macri. Lo importante es que ya estaba convencido el Ministro, Daniel Arroyo, que tuvo mas suerte que Jorge Ferraresi, ya que pudo mantener una reunión con la ministra Bielsa para acordar el traspaso, que el ex intendente aún no pudo lograr.

Verónica Magario, Cristina Kirchner, Jorge Ferraresi, y su esposa, la muy influyente diputada Magdalena Sierra

Y aquí aparece Ferraresi. Cuando Alberto Fernández organizó su equipo para ir a la Casa Rosada lo primero que pensó es que no quería tener los problema de corrupción que padecieron las tres gestiones kirchneristas con Julio De Vido y José López. Por eso eligió a Gabriel Katopodis para Obras Públicas y a Bielsa para Vivienda, ambos, insospechados de cometer ilícitos.

Katopodis se pegó a un sistema de transparencia en contrataciones diseñado por organismos internacionales, lo que le permitió una gestión rápida, eficiente, de calidad e irreprochable en materia de controles. Bielsa nunca le encontró la vuelta. Quizás porque no tiene la cintura política del intendente o, simplemente, porque no conoce a los actores en danza. Como sea, el listado de quejas contra ella se hicieron insoportables para el Presidente.

Por eso le pidió a Ferraresi que abandone el territorio conocido y asuma la responsabilidad de ser Ministro nacional. No era lo que el intendente originalmente tenía previsto. Esperaba que Axel Kicillof lo convocara a ocupar un ministerio en la Gobernación. Quien había sido hasta 2019 su jefe de Gabinete, Alejo Chornobroff, fue primero en la lista de concejales de Avellaneda y luego asumió como presidente del Concejo Deliberante, porque se iba a constituir en el “reemplazo natural” ante el llamado de mayores responsabilidades, lo que nunca sucedió.

También dentro del kirchnerismo se cuecen habas. Más de una vez, incluso, Ferraresi dijo ante sus amigos que se sentía traicionado por quienes había respaldado en los momentos difíciles del desierto. Hay que reconocerle que, a pesar de eso, nunca cruzó de tribu. Le alcanzó con haber traicionado a su padrino original, el duhaldista Baldomero Álvarez de Olivera en 2009, cuando lo reemplazó como intendente. No quería más.

La gestión de Ferraresi es muy valorada por el peronismo y también por su electorado, donde en las últimas elecciones obtuvo 60.38% de los votos. Su contricante, el periodista Luis Otero consiguió 32.84%, lo que le permitió a Juntos por el Cambio quedarse con cuatro concejales, contra ocho que obtuvo el Frente de Todos.

Lo que le llama la atención a Otero no es que le hayan dado un cargo a Ferraresi, sino que haya sido en un área donde no tiene buenos pergaminos. “Hay muchas quejas en el tema vivienda, porque hubo mucha gente que se anotó en los distintos planes pero después verificó que le fueron otorgadas a funcionarios del Municipio o militantes de su agrupación”, aseguró. “Por otro lado, en el 2019 había paralizados 28 planes de vivienda social, muchos de los cuales figuraban como que estaba ejecutado todo el presupuesto, pero las viviendas no estaban terminadas. En el caso de La Saladita, por ejemplo, las viviendas se entregaron con un montón de faltantes, en la terminación y en la funcionalidad, sin servicios, algo que pueden contar los vecinos”, dijo en declaraciones para FM Concepto.

La polémica asunción de Jorge Ferraresi, en diciembre de 2019

Pero Ferraresi, que asumió por tercera vez la intendencia de Avellaneda en el 2019 en una ceremonia que Otero consideró “violatoria de los derechos del niño”, porque hizo que niños y niñas de las escuelas le tomaran juramento, ya encontró un límite que le pusieron Arroyo y Grabois.

El jueves, el mismo día que se reunió en Casa Rosada con Santiago Cafiero para acordar los términos de la designación en el Ministerio que recién al día siguiente apareció en el Boletín Oficial, el equipo de comunicación de Desarrollo Social emitió un comunicado de prensa informando que Arroyo y Miño habían puesto en marcha el Fideicomiso en cuestión, a través del acuerdo para su administración que firmaron con el BICE. Claramente, estaban apurados.

“Empezamos la política de urbanización más relevante de los próximos años”, dijo Arroyo. “Estoy convencida de que es la única manera de saldar una deuda histórica con los millones de personas que aún vivimos sin acceso a servicios básicos y también la posibilidad de dar respuesta a la demanda habitacional de las nuevas generaciones impulsando el loteo social”, afirmó Miño.

En Desarrollo Social estaban felices, aunque todavía no están firmados todos los papeles, lograron anunciarlo antes de que Ferraresi asuma el cargo, lo que sucederá cuando el Presidente salga del aislamiento sanitario. Si pretendía llevarse de nuevo el área al Ministerio de Hábitat para quedarse con esa caja que hoy tiene 11.000 millones de pesos, podría incrementarse en 45.000 millones más si se aprueba el impuesto a la riqueza y -teóricamente- puede llegar a 24.000 millones de dólares, Grabois le puso un límite, en alianza con Arroyo y -se supone- buena parte del Gobierno.

Aunque recién ganaron una batalla. Habrá que ver cómo termina la guerra.