Sin claridad sobre una salida democrática, tras el doble rechazo a adelantar las elecciones, la situación en Perú continúa sostenida entre la fragilidad institucional y la tensión en las calles. Con el ex presidente Pedro Castillo en prisión y la actual mandataria, Dina Boluarte pidiendo una reforma constitucional, comenzaron a organizarse comitivas internacionales para pedir por la paz en territorio peruano. Una de ellas, la Misión de Derechos Humanos, está encabezada por Juan Grabois y dio una conferencia de prensa de forma previa a viajar a Lima.

El referente social aseguró que en Perú "se rompió el pacto democrático" y que los integrantes del grupo "no somos neutrales pero somos objetivos, nos paramos del lado de las víctimas". "Si no acudimos al llamado de ayuda y solidaridad del pueblo peruano que está luchando por sus derechos estaríamos traicionando nuestras convicciones. No hay futuro para nuestro país sin futuro ni democracia plena en América Latina", agregó.

En la conferencia de prensa cedida en la Cámara de Diputados, Grabois detalló que "hay 64 asesinados, fundamentalmente campesinos, gente muy humilde que perdió la vida por manifestarse. Son imágenes que no vimos en ninguna de las otras misiones de las que participamos. Cuando vemos que se rompe el pacto democrático fundamental, tenemos que estar ahí", aunque aclaró que la Misión de Derechos Humano no tiene “la intención intervenir en política interna de Perú”.

La delegación está también compuesta por los diputados nacionales Federico Fagioli y Juan Marino, dirigentes de movimientos sociales como Marianela Navarro (FOL), María José Cano (ATE), Ramiro Gueber (La Dignidad), el sacerdote Néstor Juarez, Pablo Garciarena (Xumek), Fernando Almejún (Liberpueblo) y otros nueve activistas con experiencia en misiones internacionales.

Actualidad de Perú

Esta semana, se sumó otra mala noticia que conmocionó a la población peruana: un alud en Arequipa produjo al menos 40 muertes y poblaciones arrasadas. Los equipos de rescate ayudan a la evacuación de la ciudad, el auxilio a los perjudicados y la búsqueda de cuerpos. Mientras tanto, este lunes, el Ministerio del Interior de Perú determinó que un total de 22 personas más fueron sentenciadas a prisión preventiva por actos vandálicos (con penas de entre uno y dieciocho meses) durante las protestas registradas en el país.

Por su parte, el ex presidente Pedro Castillo fue entrevistado en la cárcel de Barbadillo, donde transita una condena de 18 meses, acusado de intentar ejecutar un autogolpe de Estado el 7 de diciembre del 2022. Allí indicó que uno de los motivos de su destitución fue que "estaba a punto de revisar todos los contratos de las empresas mineras extractivistas, neoliberales y capitalistas. Todos ellos han jugado un papel golpista”. "No sabía la clase de persona que era Dina Boluarte, en el transcurso es cuando me di cuenta la maldad de esta mujer”, señaló este martes en el portal español El Salto.