La Comisión Bicameral de Inteligencia (CBI) va a poner el foco en el caso de espionaje que más altera a Mauricio Macri: el de la vigilancia ilegal sobre las familias de los 44 tripulantes del ARA San Juan y por el que el expresidente está procesado. El organismo que preside Leopoldo Moreau tiene previsto comenzar a citar a los agentes y exagentes que fueron investigados en la justicia por las tareas que la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) hizo sobre quienes buscaban saber qué había pasado con el submarino de la Armada Argentina que se perdió en el mar en noviembre de 2017.

El miércoles último, los integrantes de la Bicameral estuvieron reunidos. Habían citado al expresidente del Banco Provincia Juan Curutchet para preguntarle cómo se armó la reunión en la que empresarios, funcionarios de Cambiemos y jerarcas de la AFI decidieron avanzar contra el líder de la UOCRA La Plata Juan Pablo “Pata” Medina en lo que pasó a llamarse la “Gestapo” antisindical. Como el encuentro se hizo en la sede porteña del Bapro, en la Bicameral esperaban que Curutchet pudiera aportar información acerca de cómo se organizó. Sin embargo, el abogado mandó un correo electrónico para informar a la Bicameral que no iría porque se había presentado en el juzgado de Ernesto Kreplak –el juez que investiga la persecución a Medina a partir de un armado que incluyó causas judiciales que lo llevaron preso– para decir que estaba a su disposición para declarar. Una salida elegante para no pegar el faltazo a secas, ya que no estaba obligado a ir por no ser agente de inteligencia.

Tras la ausencia de Curutchet, en la reunión se decidió volver a darle impulso a la subcomisión que se creó cuando la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, denunció el espionaje al ARA San Juan. La idea de la CBI es convocar a quienes ya fueron procesados cuando la causa estaba en manos del juez federal Martín Bava en Dolores. Ahora, el expediente está en manos de la Cámara Federal porteña–que tiene que decidir si anula el procesamiento de Macri, como pidieron su defensa y el fiscal José Agüero Iturbe–.

La lista de quienes podrían ser convocados por la CBI incluye a los exdirectores operacionales de Contrainteligencia Diego Dalmau Pereyra y Martín Coste. Dalmau estuvo en abril en la Bicameral, donde confirmó lo que había declarado ante Kreplak: que por orden de Gustavo Arribas instaló las cámaras en el Bapro para la reunión de la “Gestapo” antisindical. En el caso de Coste, su testimonio fue extenso en 2020 y denunció los desmanejos de la gestión Cambiemos en la AFI –con la que había quedado visiblemente enfrentado–.

Los otros dos jefes que podrían ser convocados son Eduardo Winkler, que fue director de Reunión en la AFI, y Nicolás Iuspa Benítez, que dirigió la base Mar del Plata –desde donde se hicieron los seguimientos a los familiares del ARA San Juan–. Bava procesó también a cinco agentes que revistaban en esa delegación, que podrían ser llamados ante la Bicameral. Según pudo saber este diario, por el momento nadie había sido convocado aún.

En la CBI dicen que el foco estará puesto en investigar el espionaje en la provincia de Buenos Aires, por eso se centrarán en lo que pasó en la base Mar del Plata –una de las tres delegaciones que históricamente la SIDE tuvo en territorio bonaerense–. Durante la era Cambiemos, Buenos Aires se convirtió en un laboratorio de inteligencia: se instalaron seis nuevas bases y se destinó a unos 90 hombres a caminar el territorio. Hasta ahora, la CBI se centró en el caso del “Pata” Medina, en el espionaje en el Hospital Posadas y en las visitas de dos jerarcas de la AFI –Juan Sebastián De Stefano y Fernando Di Pasquale– a dos jueces bonaerenses, Luis Carzoglio y Gabriel Vitale, para hacerles saber su interés en la detención de Hugo y Pablo Moyano.

Otro de los casos que está a estudio de la CBI es una denuncia de trabajadores de los astilleros navales de Tandanor, que dependen del Ministerio de Defensa. Según la presentación que tiene la Bicameral, un exintegrante de la conducción del Sindicato de Trabajadores de Talleres y Astilleros Navales (SITTAN) denunció que el gobierno de Macri designó a dos directores de Tandanor que pertenecían al área de inteligencia del Ministerio de Defensa, la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar (DNIEM), que también es parte del sistema de inteligencia junto con la AFI y con la Dirección de Inteligencia Criminal del Ministerio de Seguridad. En esa etapa, detectaron vigilancia, cámaras y persecución a través de causas judiciales a los integrantes del sindicato.