Matías Moreno

La historia del conflicto entre Javier Milei y Pro, el principal aliado de la Casa Rosada, por los fondos de coparticipación para la Ciudad sumará este viernes un capítulo clave, con desenlace incierto. A quince días de que Mauricio Macri exigiera que el Presidente cumpla con el fallo de la Corte Suprema que recompuso los recursos recortados al distrito durante la gestión del kirchnerismo, el jefe porteño, Jorge Macri, se reunirá con el ministro de Economía, Luis Caputo, para negociar un acuerdo y, de esa forma, evitar que la tensa pelea escale en la Justicia o en el Congreso.

Tras forzar un planteo público de su primo para presionar al líder de los libertarios, Jorge Macri, que estará escoltado por Néstor Grindetti y Gustavo Arengo, arriba al encuentro con expectativas moderadas. Está dispuesto a poner fin a la discusión por las buenas o por las malas, a raíz de que la recesión comenzó a afectar la salud financiera de la Ciudad en las últimas semanas. A su vez, el jefe porteño requiere fondos frescos para vigorizar su gestión, cuya performance comienza a inquietar a los altos mandos de Pro, y mitigar los efectos de la crisis económica en el bastión macrista. En junio dejó de percibir unos 70 millones de dólares.

Con ese trasfondo, el jefe porteño va a la cumbre con Caputo con la idea de que la Casa Rosada acatará la sentencia de la Corte y aumentará el flujo diario de recursos de coparticipación que recibe la Ciudad. Si bien la deuda del Ejecutivo nacional con la administración porteña asciende a 1,7 billones de pesos, Jorge Macri y sus colaboradores exigen que el ministro de Economía incremente del 1,4% al 2,95% los fondos que destina al Ejecutivo porteño para solventar la Policía local.

En caso de que Caputo no autorice el incremento del goteo diario, la Ciudad podría retomar la vía legal y reclamar que la Corte ejecute la sentencia que dictó en diciembre de 2022 a favor de la Capital. Jorge Macri tiene la chance de activar esa presentación judicial a través del procurador general porteño, el radical Martín Ocampo.

En el abanico de posibilidades que evaluaron las espadas judiciales de la Ciudad están desde la presentación de una denuncia penal contra el Presidente y los funcionarios de segunda o tercera línea que incumplen la sentencia hasta reforzar los cuatro pedidos de embargos a la Nación que se hicieron durante la gestión de Alberto Fernández.

Se trata de jugadas de alto voltaje político que fueron descartadas hasta ahora por jefe porteño, ya que tensionarían al máximo el vínculo entre Milei y sus socios de Pro en la antesala de la discusión por el armado electoral para las legislativas de 2025, en las que macristas y libertarios podrían confluir. Por esa razón, Jorge Macri se mueve con extrema mesura. Sin romper puentes que comprometan su situación electoral, apuesta a redoblar la presión ante la opinión pública.

Los funcionarios que habitan el Ministerio de Economía también lucen prudentes. Los equipos técnicos de ambas jurisdicciones intercambiaron datos oficiales durante los últimos seis meses, pero esas conversaciones no prosperaron ni arrojaron avances concretos. “No hay plata”, repitieron hasta ahora los libertarios. En el entorno de Caputo deslizan que su intención es encontrar una “solución” y un acuerdo. Sin embargo, los libertarios saben que si abren el grifo y benefician a la Ciudad, tendrán que soportar el agobio de gobernadores aliados, sobre todo, de aquellas provincias que reclaman por las deudas de las cajas previsionales y también sufren una baja de la recaudación impositiva.

El propio Macri, quien habló dos veces con Caputo para destrabar las tratativas, ya recibió reproches por su planteo a favor de la ciudad. Le reclaman una actitud federal. “La diferencia es que acá hay un fallo de la Corte y no se está cumpliendo la ley”, insisten los macristas. De hecho, Cristian Ritondo, jefe de bloque de Pro en Diputados, reflotó el tema en la cumbre que organizó el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en la Casa Rosada para discutir la reforma electoral. “Le planteé la necesidad de que se resuelva el tema de la coparticipación de la Ciudad; la inseguridad jurídica es un problema para cualquiera que pretenda venir a invertir”, remarcó Ritondo durante su paso por Balcarce 50.

En la cúpula de la Ciudad argumentan que están dispuestos a explorar alternativas para que la Nación cancele la deuda que se acumula desde diciembre de 2022, pero advierten que requieren obtener un resarcimiento urgente, dado que la administración porteña atraviesa una crisis financiera por diversos motivos: una caída de la recaudación tributaria y la pérdida de ingresos vinculados al impuesto del 8% de Ingresos Brutos a los intereses de las letras de liquidez (Leliq) de los bancos. Este gravamen lo había diseñado Horacio Rodríguez Larreta, el antecesor de Jorge Macri, para compensar las pérdidas que le generaron la decisión de Alberto Fernández de recortar los fondos de la Ciudad para beneficiar a Axel Kicillof. Esa decisión se judicializó por un reclamo de los bancos y llegó a la Corte.

Con la llegada de Milei a la Casa Rosada, Caputo avanzó con el plan para desarmar las Leliq, lo que provocó un temblor financiero en la gestión de Pro a partir de junio. “¿Cuántos años lleva el Gobierno de la Ciudad con este tema? Todos pretenden que se solucione ya. No hay recursos para todo”, dijo Francos días atrás en Radio Mitre.

Pese a que mantiene la cautela, Jorge Macri se mostró optimista en la intimidad después de haber conversado con Milei en el palco que se montó sobre la Avenida Libertador durante el desfile militar por el Día de la Independencia. “Dijimos que íbamos a pagar y lo vamos a hacer”, le transmitieron. No obstante, el jefe porteño sabe que Milei y Caputo postergan una solución hace siete meses mientras festejan haber logrado un semestre de superávit fiscal. En junio, por caso, el gobierno nacional consiguió un excedente del 0,4% del PBI. “Unos 88 mil millones de pesos de ese superávit son de la Ciudad”, advierten en la cúspide del Ejecutivo porteño.

Claves del conflictoLa disputa se originó después de que Fernández recortara los fondos de la Ciudad con el argumento de que Macri le había transferido un excedente de coparticipación a Larreta cuando traspasó la Policía Federal a la órbita del gobierno porteño, en 2016. En ese momento, Macri subió el coeficiente de la Capital del 1,4% al 3,75%. Luego, se redujo al 3,5% con el pacto fiscal de 2017.El 10 de septiembre de 2020, Fernández le quitó por decreto un 1,18%. Después lo redujo al 1,14% cuando el kirchnerismo aprobó por ley un nuevo esquema de financiamiento de la Policía porteña. En esa normativa, Fernández añadió que, para solventar los gastos que implicaba el traspaso de la Policía, la Nación le transferiría una suma predeterminada que cada año se incluye en el presupuesto nacional.Larreta recurrió a la Corte. El 21 de diciembre de 2022, los jueces, por unanimidad, dictaron una medida cautelar a favor de la Ciudad. Ordenaron que Fernández le transfiera el 2,95% hasta resolver la cuestión de fondo. La Capital aporta a la masa coparticipable entre el 22% y el 25% del total y ahora percibe el 1,4%.Tras el cambio de mando en la Nación y la Ciudad, Jorge Macri retomó el reclamo por los fondos y mantuvo una serie de reuniones con Luis Caputo, ministro de Economía de Javier Milei, para destrabar el conflicto. El Gobierno reconoció la validez del reclamo y prometió cumplir con el fallo judicial. Sin embargo, no hubo acuerdo tras siete meses de negociación. A pedido de su primo, Mauricio Macri, titular de Pro, publicó una carta pública en la que exhortó al Presidente a respetar la sentencia de la Corte.