En la Legislatura fueron testigos privilegiados de la disputa entre un sector de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT) y el titular del Ministerio Público Fiscal y Pupilar, Edmundo Jiménez, por el proyecto de ley que impulsaba este último para obtener la autarquía financiera y la autonomía funcional respecto del alto tribunal.

Cuando parecía que la iniciativa comenzaba a enfriarse, producto de esas negociaciones entre funcionarios del Poder Judicial, desde el oficialismo ahora sostienen que el tema sería tratado en la sesión del próximo lunes de la Cámara.

Sin embargo, según cuentan fuentes del alperovichismo, la letra del texto original será modificada hoy por los integrantes de la comisión de Asuntos Constitucionales e Institucionales de la Legislatura, que preside Guillermo Gassenbauer, vocero de la Casa de Gobierno en el cuerpo colegiado.

Las versiones indican que, si bien el ministro fiscal ganará independencia, no podrá escindirse como pretendía de la órbita de la Corte Suprema. Por ejemplo, ya no gozaría de autarquía financiera, sino que contaría con un presupuesto propio, dentro del presupuesto general del Poder Judicial. Tampoco se dotaría al jefe de fiscales de una autonomía funcional, como había gestionado Jiménez; así, el alto tribunal tucumano se mantendría como máxima autoridad administrativa del fuero penal. Sin embargo, el ministro fiscal podrá solicitar nombramientos a la CSJT para incorporar personal a las oficinas de las Fiscalías y las Defensorías de Instrucción y de Cámara.

La idea original

El 20 de octubre ingresó a Mesa de Entradas de la Legislatura un proyecto que proponía importantes modificaciones en la Ley Orgánica del Poder Judicial (ley N° 6.238). Esos cambios, gestionados por el propio Jiménez, apuntaban a que el titular del Ministerio Público Fiscal pudiera elaborar y administrar su propio presupuesto; implementar un sistema de designación y remoción de empleados; y crear los organismos o contratar las prestaciones “que (el ministro fiscal) estime necesarias para el mejor servicio de justicia”. También se proponía que el jefe de los fiscales ejerciera “la función de superintendencia en la administración de justicia” en su ámbito.

El texto original llevaba la firma del propio Gassenbauer, a la que adhirieron otros integrantes del bloque oficialista Tucumán Crece, como Dante Loza, Emiliano Vargas Aignasse, Ramiro González Navarro, Susana Díaz, Gregorio García Biagosch, Jesús Salim, Roque Álvarez(jefe de bancada), Alfredo Quinteros y Sisto Terán Nougués, entre otros.

Como aval “extra”, Jiménez viajó a Buenos Aires a fines de octubre y consiguió el apoyo del Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina y del Consejo Federal de Política Criminal.

En paralelo, la Corte Suprema se movió para impedir que el proyecto llegara tal cual estaba redactado al recinto. En la última semana de octubre, Antonio Gandur, titular de la CSJT, yAntonio Estofán, vocal del alto tribunal, visitaron la Casa de Gobierno. Según voceros del PE, en un encuentro con el gobernador José Alperovich, los magistrados hablaron con rechazo sobre la posibilidad del Ministerio Público Fiscal autárquico y autónomo.

Más allá de estas tensiones, en el oficialismo de la Legislatura aseguran que ya se arribó a un consenso entre la Corte y el jefe de los fiscales. Así, Jiménez ganaría independencia, aunque no tanta como había planificado.