Edmundo Jiménez, ex ministro de Gobierno y Justicia del alperovichismo y actual jefe de los fiscales y defensores penales, no alcanzó la autarquía y autonomía que añoraba cuando asumió al frente del Ministerio Público Fiscal y Pupilar (MPF), en septiembre. Sin embargo, el hombre que -según legisladores de la oposición- diseñó la actual estructura del fuero penal de Tribunales desde la Casa de Gobierno sí logró sumar atributos, como el poder de sancionar o premiar a sus subordinados y de gestionar su propio presupuesto, aunque siempre bajo la Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT).

El ministro fiscal ganó estas facultades gracias a una ley sancionada ayer por la Legislatura, con el impulso del bloque oficialista Tucumán Crece.Guillermo Gassenbauer, presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales y autor del proyecto, aseguró que esta modificación a la Ley Orgánica del Poder Judicial “es un avance”. “Este sistema ha sido adoptado por varios países del mundo. La parte acusatoria tiene su presupuesto y una independencia económica respecto de la parte que juzga, que en este caso está representada por los vocales de la CSJT”, agregó el ultraalperovichista. Reveló además que el texto fue producto del diálogo entre el alto tribunal, integrado por Antonio Gandur, René Goane, Antonio Estofán, Claudia Sbdar y Daniel Posse, y el propio Jiménez. “Tras analizar (el proyecto) por un tiempo prolongado llegamos a un consenso”, dijo Gassenbauer.

La forma en que se gestó la iniciativa fue uno de los puntos objetados por la oposición. Los radicales Ariel García (bloque unipersonal UCR) y Fernando Valdez (bloque unipersonal Pisarello) marcaron este punto. “Vimos por los medios que dos integrantes de la Corte visitaron al gobernador en la Casa de Gobierno (a fines de octubre). Pero no han venido a la comisión de Asuntos Constitucionales”, reclamó García. Valdez agregó: “me preocupa que Gassenbauer haya asegurado que la Corte prestó conformidad a esta iniciativa, porque no sabemos cuándo y en qué ocasión; el máximo tribunal está autorizado a opinar sobre proyectos, pero no es correcto que sea en el despacho del gobernador”.

Ricardo Bussi (Fuerza Republicana) aseguró que, con esta norma, “se le está dando a Jiménez un poder disciplinario sobre los fiscales”. Y recordó que el ex funcionario había dicho, en una entrevista con LA GACETA, que no iba a nombrar familiares en el Poder Judicial. “Sin embargo, ni bien asumió, pidió la designación de su sobrina, Eloísa Rodríguez Campos, como relatora de la Corte Suprema. Así, ella pasó a cobrar un sueldo de camarista”, sostuvo Bussi.

Alberto Colombres Garmendia (PRO) señaló que “esta ley viene al recinto por un pedido político”. “Sería bueno que tratemos la autarquía de todo el Poder Judicial”, propuso el macrista.

José Páez (Democracia Cristina) también solicitó esta modificación normativa, con el objetivo de “independizar” a los Tribunales provinciales del Poder Ejecutivo (PE). “Se quiere implementar el modelo ‘Gils Carbó’, que busca un blindaje judicial de los funcionarios denunciados por hechos de corrupción”, señaló Páez.

Además de Gassenbauer, los oficialistas Sisto Terán y Roque Álvarez, entre otros, defendieron la iniciativa. “Este proyecto en ningún momento quita el poder de Superintendencia a la Corte Suprema”, dijo Terán, con el fin de refutar la hipótesis de la inconstitucionalidad de la norma. Y agregó que todas las disposiciones del ministro fiscal serán recurribles ante el alto tribunal.

El massista Gerónimo Vargas Aignasse, único integrante del Frente Renovador que estuvo en el recinto durante la votación del proyecto, le contestó: “esto, entonces, parece un juego de tontos”. “Si no pasa nada y todo sigue igual, como dice Terán, no votemos esta ley. Es claro que todas las atribuciones que antes tenía la CSJT ahora las tendrá el ministro fiscal”, afirmó.

Álvarez replicó que, en todo caso, será la Corte quien determine la inconstitucionalidad o no de la norma. “Estamos dotando al MPF de autonomía funcional; además, creará su presupuesto dentro del Poder Judicial. Esto encuadra perfectamente con lo dispuesto por la Carta Magna, porque la Corte seguirá manteniendo la Superintendencia”, postuló el jefe del bloque oficialista, que luego impuso su mayoría para satisfacer el pedido del ministro fiscal Jiménez.