Edmundo Jiménez, titular del Ministerio Público, dijo el 8 de marzo a LA GACETA, en presencia de cuatro pares de otras provincias, que publicará todas sus resoluciones; que aún no había empezado a aplicar la Ley 8.983 que le dio máximos poderes administrativos y que iba a designar personal por concurso. Dos días después, concretó cinco nombramientos interinos y discrecionales en ejercicio de sus nuevas potestades. El 14 de marzo, Jiménez hizo otras 17 designaciones de idéntico tenor a las anteriores; ese mismo día, la Corte Suprema de Justicia de Tucumán emitió la Acordada 198 por la que declaró inaplicable la Ley 8.983 y reasumió las prerrogativas otorgadas al ministro público en febrero. Ninguno de los nombramientos fue publicado. El 23 de marzo, la Legislatura “re-reformó” la ley del Ministerio Público en teoría para ajustar la primera norma a la Acordada 198. Esa otra enmienda está en vigor desde el miércoles (se informa por separado). 

La Corte no reconoció de manera oficial las incorporaciones por lo que al menos hasta ayer no se sabía qué iba a pasar con ellas. Por orden del vocal Antonio Estofán, la Secretaría de Superintendencia informó ayer a Jiménez sobre dos acordadas: la que declara inaplicable la Ley 8.983 que dio pie a los nombramientos y la 382/2000 que establece los requisitos previos al ingreso del personal (exámenes preocupacionales). No es la única situación que genera incertidumbre: un día después de que la Corte dijera que la Ley 8.983 era impractible, el ministro público aplicó esa norma con el fin de convocar a un concurso para seleccionar a tres psicólogos, resolución que sí fue publicada.

Aunque en las dependencias del alto tribunal ni siquiera podían afirmar si había más que las 22 designaciones discrecionales detectadas, Jiménez dijo ayer “que esas deberían ser todas”; que nombró a conocidos porque no puede buscar a “los desconocidos”; que concursará los cargos y que estaba facultado para proceder como lo hizo (se informa por separado). 

Las designaciones provisorias constan en las resoluciones 59, 60, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 y 72. Dichos instrumentos comprenden desde tres puestos de maestranza especializado hasta seis de prosecretario (ver nómina). En algunos actos, Jiménez indicó que se trataba de pedidos antiguos que había formulado a la Corte y que no habían recibido ningún tipo de respuesta. En todos los casos consignó que los interinatos estaban supeditados a la celebración del “pertinente proceso de selección del titular del cargo”. Entre los nombrados con esta metodología están la arquitecta Adriana Suárez, hija de la fiscala Adriana Giannoni (N°8); la licenciada María Carolina Maggio, parienta política de Eloísa Rodríguez Campos, relatora y sobrina de Jiménez; el ingeniero Juan Pablo Veiga, hermano de María Carmen Veiga, secretaria del Ministerio Público y Carlos Guido Cattáneo, hijo del letrado homónimo que fue defensor de la ex senadora Beatriz Rojkés, y colaborador del ministro público en su época de titular de Gobierno y de Justicia de la gestión de José Alperovich. 

Edmundo Jiménez, titular del Ministerio Público, defendió la validez de los nombramientos interinos que concretó con una ley declarada inaplicable (la 8.983). El jefe de los fiscales insistió en que iba a concursar los cargos (se informa por separado). “¿Cómo abro concursos sin gente que los organice?”, interrogó.

Jiménez dijo que la Corte Suprema de Justicia de Tucumán sólo había declarado inaplicables los artículos de la Ley 8.983 referidos a la actuación del secretario administrativo Gustavo Ahmad. “Conservo las facultades para designar personal, además de que la Acordada 198 del alto tribunal quedó superada por la nueva ley”, explicó en una conversación telefónica. Y manifestó que los nombramientos obedecían a la necesidad de armar el nuevo Ministerio Público.

Jiménez expresó que las 22 incorporaciones “debían ser las únicas” y que no publicó las resoluciones como había prometido porque carece de recursos. “Hay que tener gente encargada de la web. Pero pronto lo arreglaremos”, agregó. En cuanto a las designaciones de parientes y amigos, comentó: “uno busca entre los conocidos para asignar tareas, no entre los desconocidos. Pero la ley es más abarcativa que designar interinos. No nos entrampemos en una cosa pequeña”. 

PROSECRETARIOS.- Federico Javier Villafañe; Gabriel Andrés Fagre Muñoz; Luis Sebastián López Zunino; María Carolina Collado; Martín Raúl Manzano García y Carlos Guido Cattáneo (h).