Matías Moreno

El megaproyecto de ley ómnibus con el que Javier Milei pretende reformar el Estado y desregular la economía provoca un fenómeno novedoso en la oposición: alinear a radicales, peronistas y macristas en la vereda de la resistencia de las modificaciones que introduce la ambiciosa y vasta iniciativa que construyó el Presidente junto con Federico Sturzenegger, el influyente asesor sin cargo en el Gobierno.

La magnitud de “Ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos”, que el Presidente considera la piedra fundacional de su gobierno, y la falta de articulación política que exhibe el oficialismo para construir una mayoría en el Congreso ponen en jaque la ambición de Milei de lograr un tratamiento exprés de su megaproyecto durante las sesiones extraordinarias. Si ya tenía complicado el respaldo de la UCR, clave para conseguir el aval de la Cámara de Diputados, ahora se suma el fuerte malestar de referentes territoriales de Pro, la fuerza que está más comprometida con la gestión de La Libertad Avanza.

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Se trata del gobernador de Chubut, Ignacio Torres, y el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, quienes en las últimas horas salieron en bloque a cuestionar con dureza los cambios que introduce el proyecto de ley ómnibus del Gobierno en la actividad pesquera. Torres y Montenegro mascullan bronca por una decisión que consideran unilateral e “inconsulta”. Los sorprende que la Casa Rosada no les haya ni siquiera avisado de la profundidad de los retoques en la ley pesquera. La táctica del “a todo o nada” que usa Milei en el arranque de su gestión le abrió diversos frentes de conflicto y alinea a los enemigos de sus reformas.

“Es una torpeza lo que hicieron. No lo podemos avalar. No plantean desregular para generar más divisas, al contrario, esto es pegarse un tiro en el pie”, aseguró Torres ante la consulta de LA NACION, quien ya habló con la cúpula de Pro y mantiene contactos frecuentes con Mauricio Macri.

En Pro se quejan de que Milei no consultó al Consejo Federal Pesquero ni con el empresariado o sindicatos de la industria pesquera para tomar una “decisión unilateral”. Apuntan, sobre todo, contra Sturzenegger. Consideran que el Ejecutivo apeló a un diseño improvisado de la ley (”hicieron cortar y pegar”, braman) sin antes avanzar con un estudio de las problemáticas del sector. También lamentan que no haya interlocutores con la Casa Rosada y que aún no haya sido designado el subsecretario de Pesca, que está bajo la órbita de Luis “Toto” Caputo (Economía).

Guillermo Montenegro, intendente de General PueyrredónMauro V. Rizzi - LA NACION

Montenegro también se puso en guardia. Con la industria movilizada en su ciudad, donde estiman que se producen el 45% de los desembarques del país, según fuentes de Pro, el intendente de General Pueyrredón alertó que la reforma en Régimen Federal de Pesca “desconoce la realidad económica y social del interior argentino” y vaticinó que podría provocar la “destrucción” de empleos. En su entorno estiman que el impacto alcanzaría los 35 mil puestos de trabajo. “Si avanzan, Mar del Plata se va a convertir en Detroit [que se vio afectada años atrás por la caída de la industria automotriz]. El trabajo que da la pesca se equipara a 16 parques industriales”, apuntan. El senador provincial Alejandro Rabinovich (Pro), un estrecho colaborador de Montenegro, se puso al frente de la estrategia para armar la resistencia bonaerense. Preparan pronunciamientos de la Legislatura provincial y motorizan contactos con legisladores nacionales. En Pro y en la UCR aventuran que el Gobierno dará marcha atrás con los cambios impulsados para el sector pesquero porque aglutinará los representantes de Buenos Aires, el distrito más influyente del mapa político, en el Congreso y a los alfiles de la Patagonia.

El jueves Torres se verá con Guillermo Francos, ministro del Interior, quien intenta contener el malestar de gobernadores y sindicalistas frente a la reformas que planteó Milei. Francos se convirtió en un bombero después de que el líder de La Libertad Avanza pateara el tablero con un decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para poner en marcha una drástica transformación de la legislación económica y avanzar con una reforma laboral.

Luego, Milei presentó el paquete de reformas que modifica 664 artículos, deroga leyes y contiene amplias delegaciones legislativas de emergencia al Poder Ejecutivo en materia económica, financiera, fiscal, social, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria y social por dos años. Entre los cambios que introdujo la iniciativa, cuyo cerebro intelectual fue Sturzenegger, quien aún no fue designado en la administración en ningún puesto, pero se mueve como un ministro sin cartera, hay una serie de reformas que impactan de lleno en la actividad de la industria pesquera y pusieron en alerta a los jefes políticos de las provincias o ciudades costeras.

“Lo mínimo que pedimos es que levanten el teléfono y nos digan: ‘muchachos, ¿qué piensan de esto? Somos los gobernadores los que tenemos la responsabilidad de mantener la paz social en momentos en que los gremios están movilizándose”, puntualizó Torres.

Tanto Montenegro como Torres ya se contactaron con el jefe de bloque de Pro en Diputados, Cristian Ritondo, para alertarlo sobre el impacto que provocaría en la economía de los distritos que gobiernan la reforma del régimen federal de pesca que plantea la iniciativa. También hubo sondeos a Miguel Ángel Pichetto, a cargo de la bancada Hacemos Cambio Federal. Se quejan de que no fueron consultados por funcionarios del Gobierno y advierten que las medidas podrían poner en riesgo miles de puestos de trabajo en sus terruños alterar la competitividad del sector.

Torres se movió en coordinación con los gobernadores de la Patagonia para rechazar los cambios. En un comunicado conjunto, Torres, Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Claudio Vidal (Santa Cruz) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego) advirtieron que la reforma que propone Milei para el sector pesquero “generaría un efecto destructivo” y tendría “consecuencias devastadoras” para esa industria en sus provincias. Alertaron sobre los “perjuicios que generaría para el empleo nacional y la sostenibilidad de los recursos”.

“Nos obliga a defender la actividad pesquera de nuestra región, su sostenibilidad y principalmente la soberanía de nuestro país”, subrayaron.

Los gobernadores patagónicos rechazan la “modificación de la obligatoriedad de descarga en los puertos argentinos”; la “eliminación de la obligatoriedad de contratar personal de nacionalidad argentina”; y la “competencia desigual en la asignación de cupos de captura”. “La modificación propuesta en la nueva ley indica que nada de todo esto tendría ya valor, sino que quedaría sujeto únicamente a una licitación pública entre empresas argentinas y extranjeras, dando lugar así a una competencia absolutamente desigual”, indicaron.

La semana pasada, apenas se conoció la letra chica de la ley ómnibus, la Cámara de Armadores de Pesqueros y Congeladores de la Argentina (Capeca) advirtió que modificaciones en el régimen de cuotas para la actividad podría provocar “una grave crisis”. Los representantes del sector creen que la reforma del régimen federal de pesca que impulsa el Gobierno sería “una bomba” y cuestionan la suba de las retenciones al 15%. La instrumentación de ese gravamen había provocado el primer cortocircuito.

A ese grupo de detractores se sumó el senador nacional Maximiliano Abad (UCR-Buenos Aires). El jefe del radicalismo bonaerense, cuya plataforma política es Mar del Plata, evidenció el enojo de los dirigentes de la provincia con Milei por la reforma en el sector pesquero. “No es el camino correcto eliminar la obligación del desembarco del recurso en nuestros puertos, como tampoco que sea lo mismo tener personal argentino o extranjero en nuestros buques. Es un tema que requiere del debate entre todos los sectores y esa será la forma de construir una alternativa que nos haga mejorar la ley y nos permita optimizar de mejor manera el recurso”, apuntó Abad.

Antes de verse con Francos, el gobernador de Chubut se entrevistará mañana con los especialistas en el sector pesquero de la bancada de Diputados de Pro y con el bloque que lidera Pichetto. Y el jueves se verá con Francos, el nexo de la Casa Rosada con los gobernadores. Días atrás Maximiliano Pullaro (Santa Fe) le manifestó su malestar por los cambios que planteó la ley ómnibus en el sector del biodiesel. Otro señal de alerta para Milei: la suba de retenciones complica a legisladores de Pro o la UCR que estarían dispuestos a acompañar sus reformas.

Rogelio Frigerio (Entre Ríos), quien anunció medidas orientadas a bajar el gasto público y reducir los “privilegios” de la política en sintonía con Milei, también dejó trascender su disconformidad por la falta de diálogo entre la Casa Rosada y los mandatarios provinciales para debatir “el DNU o la ley ómnibus”. “La mayoría de los gobernadores están acompañando al gobierno. Muchos han anunciado medidas de austeridad fiscal y rebaja del gasto político en línea con el pedido del Presidente”, indican cerca de dos referentes de la liga de gobernadores de JxC.

A los mandatarios de Pro y la UCR les inquieta que Milei condicione la restitución de Ganancias, un pedido de las provincias por el impacto en sus arcas, al apoyo de los gobernadores a la ley ómnibus. “No es la amenaza ni el apriete el camino que necesita la Argentina para salir adelante. Ya vivimos esa película y siempre termina mal”, añaden.

En los sectores de la oposición más proclives a actuar como sostén del Gobierno en el Congreso, donde Milei tiene apenas 38 diputados y siete senadores, lamentan que el oficialismo no tenga interlocutores para articular y construir una mayoría. Ven buena voluntad de Francos o Martín Menem, titular de la Cámara baja, pero advierten que no se puede votar un megaproyecto que altera más de 664 leyes “sin tocar una coma”. “Esto no es una tiranía. ¿Quieren gobernar sin el Congreso?”, lanza un legislador influyente del extinto JxC.

La reacción de Torres y Montenegro se produjo en la antesala de que el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, se siente a negociar con el Gobierno por el reparto de fondos de coparticipación y una deuda de 350 mil millones de pesos.